Minoritarios de Indra sondean una acción de responsabilidad contra Javier Monzón

Las aguas vuelven a bajar revueltas en Indra. Los resultados del tercer trimestre, publicados hace apenas dos semanas, han vuelto a poner de manifiesto el millonario agujero generado por la mala gestión de algunos negocios, sobre todo en Brasil, tras la que se produjo la salida del anterior presidente, Javier Monzón, el pasado enero, y su sustitución por Fernando Abril-Martorell.

Casi 10 meses después, varios inversores minoritarios de la compañía están sondeando promover una acción de responsabilidad contra el ex mandatario, a quien responsabilizan de no haber comunicado la necesidad de realizar provisiones millonarias por la mala marcha brasileña, un agujero que ha llevado a la compañía a presentar unas pérdidas de 561 millones hasta septiembre, a realizar dos 'write-offs' por 687 millones y anunciar un tercero, a tener que anotarse 589 millones en no recurrentes, a aprobar un ERE que afectará a 1.750 empleados en España y a suspender el dividendo.

Suma y sigue, porque tras comprobar cómo las estimaciones de negocio realizadas por el nuevo equipo gestor, que contrató a BCG para hacer el nuevo plan estratégico, se han desviado respecto a la mejor previsión de junio, la compañía ha encargado a firmas externas un proceso de revisión técnica, legal y de estimados contables sobre los contratos que están generando estas desviaciones y la aparición de nuevos agujeros, como se ha visto en los resultados del tercer trimestre.

Indra espera que este particular 'test de estrés' le permita marcar un nuevo calendario de negocio y determinar los costes pendientes que todavía quedan ligados a estos negocios fallidos. Además, en función de los resultados de este análisis, la compañía está dispuesta a valorar alternativas legales, según ha podido confirmar este medio.

Cualquier movimiento en esta dirección se uniría a la suma de fuerzas que están tratando de articular algunos fondos y accionistas minoritarios que, según han confesado a El Confidencial, llevan meses valorando sus posibilidades para tomar una acción legal de este tipo. Al haber varios inversores internacionales, uno de los primeros interrogantes que deben despejar es la conveniencia de presentar la acción de responsabilidad en España o fuera de nuestras fronteras.

Polémica por las indemnizaciones

Otro punto espinoso de la posible batalla legal es todo lo relacionado con la indemnización por despido cercana a 16 millones de euros que se llevó Monzón. Por contrato, el expresidente tenía derecho a percibir 12,06 millones de euros; cantidad a la que se sumaron un millón de euros por incumplimiento del periodo de preaviso y otros 2,75 millones por pacto de no concurrencia.

A esta indemnización se han sumado los 4,5 millones que ha cobrado cada uno de los tres más estrechos colaboradores de Monzón: el exdirector financiero Juan Carlos Baena, el exresponsable de Estrategia e Innovación Santiago Roura y el director de la filial en Estados Unidos Emilio Díaz. Además, Emma Fernández, quien fuera directora de Marca y Relaciones Institucionales, ha percibido otros tres millones tras su marcha.

En todos los casos, Indra ha justificado estos pagos porque contractualmente les corresponden a sus beneficiarios, aunque los ha puesto en evidencia al haber recortado en torno a un 20% la retribución global tanto del nuevo presidente, Abril-Martorell, como de los consejeros, que además se han comprometido a destinar, aproximadamente, el 50% de esa retribución a comprar nuevas acciones.

Los títulos de Indra cerraron este lunes en 9,80 euros, lo que supone un alza del 28% desde la destitución de Monzón. No obstante, desde la presentación de los resultados del tercer trimestre, el pasado 5 de noviembre, fecha en la que se ha constatado que la herida sigue más abierta de lo que se esperaba, el título se deja 6,57%.

El Estado, a través de la Sepi, es el principal accionista de Indra, donde posee un 20% del capital que compró a Bankia en el verano de 2013 a un precio de 10,19 euros por acción. Corporación Financiera Alba, con un 10%, Telefónica, con un 2,9%, y varios fondos gestionados por firmas como Fidelity (9,9%), Schroeder (3,10%), Bestinver (3%) y Taube Hodson Stonex (3,3%) terminan de conformar el grupo de principales accionistas.