El ministro Soria y la Generalitat se enzarzan por las ayudas a Seat

Ni el tema más delicado que se maneja en este momento en la economía española, el futuro de Seat, es capaz de poner de acuerdo a la Generalitat con el Gobierno central. El ministro de Industria, José Manuel Soria, y el 'conseller' de Empresa y Ocupación, Felip Puig, discrepan respecto al reparto del coste de las ayudas públicas a Seat. El ministerio quiere que se divida al 50% pero la Generalitat solo piensa asumir un tercio.

Seat todavía no ha presentado la planificación de las inversiones y la concreción de las mismas, pero Volkswagen (VW), tal y como hace siempre en todos los países, ha condicionado los 3.300 millones de inversión a las ayudas públicas que se reciban.

Esta cantidad todavía no ha sido cifrada pero rondará los 300 millones de fondos públicos. Soria quiere que se abonen al 50% entre el Gobierno y la Generalitat. Pero la Administración catalana sufre importantes problemas de caja y de tensión de tesorería, por lo que las diferencias continúan.

Felip Puig defiende que la Generalitat aporte solo 100 millones de euros y que el resto, los otros 200 millones, los conceda el Gobierno central. En cambio, Soria pretende un acuerdo como el alcanzado con el Gobierno navarro, en que las ayudas para apoyar los 900 millones que VW invertirá en Landaben se cubrirán de forma solidaria entre el Ejecutivo foral y el ministerio.

Portavoces de Empresa y Ocupación han declinado hacer declaraciones. Pero otras fuentes cercanas a la Generalitat explican que desde la conselleria se plantea que no se le puede pedir lo mismo a una Administración tutelada por el Fondo de Liquidez Autonómica, que a otra que goza de mucho más margen económico gracias al cupo.

Problema añadido

El pulso por las ayudas es un problema más de los que tiene Seat, que se agravan por momentos, ya que a la crisis del NOx se suma la del CO2, que también está sacudiendo al grupo VW estos días. VW ya ha reconocido que en España se han vendido 50.000 vehículos con esta nueva alteración en las emisiones, una parte de los cuales fueron comercializados bajo la marca Seat.

El alcance de esta crisis todavía no está claro, ni a nivel de sanciones, ni de reclamaciones legales, tanto de las administraciones como de los particulares que compraron los vehículos. Cuando la crisis se clarifique, se espera que Seat también detalle cómo espera los fondos públicos, que podrían ser bajo el formato de ayudas a I+D pero también en forma de créditos blandos, ya que tras la crisis de los motores diésel manipulados, la financiación del grupo previsiblemente se encarecerá.

Discurso oficial, tendencia real

El discurso oficial de Seat y del grupo VW es que las inversiones de 3.300 millones y los cuatro modelos que están vinculados a las mismas se mantendrán. Los cuatro modelos son el nuevo SUV, que se empezará a comercializar en 2016 y que no es un problema, porque la inversión ya está realizada; el nuevo Ibiza, que parece el producto más garantizado, y después el nuevo León y el nuevo SUV pequeño, estos últimos dos modelos más a largo plazo.

Tanto en la Generalitat como en el ministerio se teme que pese al discurso bienintencionado de los responsables de Seat la realidad se acabe imponiendo. Y la realidad viene de Wolfsburg, la sede de VW en Alemania, en donde el caso cada vez se complica más. VW ya ha provisionado más de 8.000 millones de euros, todos sus beneficios anuales. Y nada hace pensar que el caso vaya a amainar en breve. En este escenario, las inversiones en España, como en el resto del grupo, también estarían en peligro.