La Fiscalía solo salva a uno de los cuatro jefes de Novagalicia que saquearon la caja

“A mi nunca me ha engañado”. Esta fue la declaración queJosé María Castellano, expresidente de Novagalicia (ahora Abanca), hizo hace una semanaante el juez que dirime la culpabilidad de cuatro directivos de la antigua caja gallega por pagarse unas pensiones millonarias. La afirmación era sobre el comportamiento de Javier García de Paredes, director general de la entidad, que devolvió el 70% del finiquito y para el que pedían penade cárcel.

Tras la celebración de las vistas orales en la Audiencia Nacional, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en representación del Estado, la Fiscalia Anticorrupción y Adicae, los tres que le acusaban de haber administración indebida, administración desleal y estafa, han pedido su absolución por falta de dolo.

Por el contrario, las tres acusaciones particulares mantienen sus peticiones de condena de tres años contra José Luis Pego, director general; Gregorio Gorriarán, director del área inmobiliaria, y Óscar Rodríguez Estrada, el encargado de la fusión de las cajas de Vigo y La Coruña, los tres como autores del desfalco. Además, considera colaboradores necesarios a Julio Fernández Gayoso, expresidente, y al letrado Ricardo Pradas.

César González Bueno, el que fuera consejero delegado de Novagalicia cuando El Confidencial destapó el pago millonario de pensiones aprobado un día antes de la fusión, también respaldó la tesis de García de Paredes, al que un juez de La Coruña había pedido una fianza de siete millones -los 5,6 millones que percibió más un 30% de intereses- y había ordenado el embargo de sus bienes.

García de Paredes, el único directivo procedente de Caixagalicia que formó parte de la cúpula de la fusionada Novagalicia, había renunciado a 8 de los 13,6 millonesque le correspondían por dejar sus funciones. El acuerdo fue tal que José María Castellano emitió incluso un comunicado para destacar “el compromiso, la actitud y el sentido ético de Javier García de Paredes,aceptando incluso no hacer oficial ni pública su renuncia durante varios días para mantener la discreción de las conversaciones”.

Castellano añadió que el ex número dos de Novacaixagalicia “ha demostrado en todo momento su preocupación por ayudar a evitar el daño en la imagen de la entidad que ha causado la divulgación pública de los contratos de los directivos”. “Espero que, por el bien del proyecto, de sus empleados y clientes, el ejemplo cunda y los demás exdirectivos también renuncien a una gran parte de las cantidades recibidas como indemnización”, señaló el que fuera también vicepresidente de Inditex y hasta el pasado año presidente de Ono.

Carga fiscal

Ninguno de los otros cuatro imputados le hizo caso. Ni José Luis Pego (7,7 millones), ni Gregorio Gorriarán (4,8 millones), ni Óscar Rodríguez Estrada (691.000 euros), devolvieron un euro de los18,8 millones que se embolsaron. El caso de García de Paredes era más peculiar todavía porque el directivohabía tributado a Haciendaporla indemnización inicial, por lo que pagó impuestos por una cantidad que finalmente no recibió.

Hasta Castellano envió una carta al juez en la que defendió que la liquidación del contrato de García de Paredes “había seguido los trámites adecuados”. Sin embargo, añadió que como las cifras finales no resultaban aceptables en el actual contexto económico, el exdirector había procedido en consecuencia". El único requisito que pidió fuepercibir los 5,3 millones pactados finalmente de una sola vezy no mes a mes hasta su jubilación a los 65 años.

Por contra, la Fiscalia Anticorrupción acusa al restode haber modificado sus contratos tras el proceso de fusión, que tuvo lugar a finales de 2010 para “preparar la lucrativa y previsible salida de la entidad, pues tenían pleno conocimiento de la inminente bancarización de la misma”. La operación, que terminó con indemnizaciones que suman 18,9 millones, se habría llevado a cabo con engaño, haciendo pasar sus contratos blindados por acuerdos parecidos a los que tenía el resto de la plantilla, sin que el consejo supiese nada.

Contra el que el juez ni las acusaciones particulares pidieron nada fue contra José Luís Méndez, el hombre fuerte de Caixa Galicia, que un año antes de la fusión se había marchado con 11,2 millones bajo el bolsillo. Tampoco el Estado, al que el rescate de Novagalicia le costó 9.000 millones y de los que solo recuperará 1.000 en el mejor de los casos.