El juez de Novagalicia 'sentencia' al único directivo que devolvió el 70% de su finiquito

El juez del caso Novagalicia se ha cebado con Javier García de Paredes, el único directivo del banco gallego que renunció a parte de su indemnización y cuyo gesto fue aplaudido por el consejo de administración. Sin embargo, el hecho de que el ex director general adjunto recibiese toda su prejubilación de golpe ha provocado que el magistrado le haya exigido una fianza que supera el dinero pactado con el actual presidente, José María Castellano.

El juez Ismael Moreno ha pedido a los cinco exejecutivos de Novagalicia que depositen 10 millones de euros en concepto de fianza por la responsabilidad civil de las prejubilaciones millonarias que recibieron. El titular de la Audiencia Nacional les ha dado hasta hoy para que los imputados entreguen la cantidad al juzgado, ya que en caso de no hacerlo les embargarán los bienes.

De esos 10 millones, 7 los tiene que depositar García de Paredes, el único directivo al que el consejo de administración le agradeció su generosidad por renunciar a 8 de los 13,6 millones que le correspondían. José María Castellano emitió incluso un comunicado para destacar “el compromiso, la actitud y el sentido ético de Javier García de Paredes, aceptando incluso no hacer oficial ni pública su renuncia durante varios días para mantener la discreción de las conversaciones”. El juez le exige los 5,6 millones que cobró, más un 30% por intereses.

Castellano añadió que el ex número dos de Novacaixagalicia “ha demostrado en todo momento su preocupación por ayudar a evitar el daño en la imagen de la entidad que ha causado la divulgación pública de los contratos de los directivos”. Al actual presidente de la entidad gallega, que tiene casi el 100% del capital en manos del Estado, le pareció el gesto tan honesto que no ahorró calificativos a la renuncia de García de Paredes: “Espero que, por el bien del proyecto, de sus empleados y clientes, el ejemplo cunda y los demás exdirectivos también renuncien a una gran parte de las cantidades recibidas como indemnización”.  

Ninguno de los otros cuatro imputados le hizo caso. Ni José Luis Pego, ni Gregorio Gorriarán, ni Óscar Rodríguez, ni Julio Fernández Gayoso, el presidente, devolvieron un euro de sus casi 18 millones por cabeza. El caso de García de Paredes es sangrante porque el directivo había tributado a Hacienda por la indemnización inicial, por lo que pagó impuestos por una cantidad que finalmente no ha recibido.

Hasta Castellano envió una carta al juez en la que defendió que la liquidación del contrato de García de Paredes “había seguido los trámites adecuados”. Sin embargo, añadió que como las cifras finales no resultaban aceptables en el actual contexto económico, el exdirector había procedido en consecuencia". El único requisito que pidió fue percibir los 5,3 millones pactados finalmente de una sola vez y no mes a mes hasta su jubilación a los 65 años.

Antecedentes

Un atenuante que ahora el juez Moreno no ha tenido en cuenta. Al contrario, ha considerado que recibir esa cantidad de golpe y porrazo no estaba incluido en su contrato -pactado con el consejo de administración-, por lo que suponía de daño al patrimonio de la entidad. El resto de directivos también cobró su finiquito en un solo cheque, pero en esos casos el magistrado no les ha pedido una fianza tan alta al estimar que sí lo contemplaban sus contratos. De hecho, el pago en una sola entrega le fue propuesto por el propio Castellano, ya que de esa manera Novagalicia se ahorraba los intereses y la prima de 1,2 millones de euros de una aseguradora para dotar dicho pago. Así se hizo también con las prejubilaciones de los 1.200 empleados que salieron de la entidad.

Este sistema de cobro fue el mismo que utilizó BBVA para liquidar el contrato de alta dirección de José Ignacio Goirigolzarri cuando dejó en 2009 su puesto de consejero delegado. El actual presidente de Bankia acordó con la entidad percibir en un solo cheque los cerca de 60 millones de euros que le correspondían por su contrato blindado. Un método que en 2007 fue empleado también en empresas como Endesa, cuando devengó de una sola vez los 12 millones a Manuel Pizarro, tras la venta a Enel, o en Repsol, cuando abonó a Alfonso Cortina unos 30 millones en concepto de indemnización por su destitución, recayendo el cargo en Antonio Brufau en 2004.

Un sistema totalmente aceptado en las grandes corporaciones. Así, en 2002, Banco Santander Central Hispano abonó sin rechistar 106 millones de euros a Ángel Corcóstegui y otros 43,5 a José María Amusátegui después de que Emilio Botín considerara que ya no eran necesarios para el proyecto. Ambos ganaron después el juicio al que tuvieron que acudir por la demanda de un accionista, al estimar que habían sido cantidades desmedidas.