se sienten "engañados"

Los estibadores amenazan con huelga y critican a Fomento por no contar con ellos

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la reforma de la estiba sin remitir el texto a patronal y sindicatos, gesto que ha enfurecido a los trabajadores. "Es una postura autoritaria y abusiva"

Foto: La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar critica que el Gobierno vuelva a aprobar el R/DL sin consenso. (EFE)
La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar critica que el Gobierno vuelva a aprobar el R/DL sin consenso. (EFE)

Vuelta a las amenazas de paros en los puertos. Los sindicatos censuran que el Gobierno haya aprobado este viernes la reforma de la estiba en el Consejo de Ministros sin previo aviso, sin ponerse en contacto con las partes implicadas y sin remitirles el borrador del nuevo real decreto ley. "Nos sentimos engañados. Una vez más, se trata de una postura autoritaria y abusiva que no responde al consenso que decían perseguir", critica la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar en un comunicado. Y advierte de que no les temblará el pulso a la hora de presentar preavisos de huelga si el nuevo texto "no garantiza la estabilidad en el empleo para todos los trabajadores".

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No obstante, De la Serna se ha comprometido a entregar el documento a sindicatos, patronal y partidos políticos en cuanto lo tenga terminado. "Estamos trabajando en ello. Es un texto no finalizado", ha precisado el ministro en referencia al real decreto que colgará del RD/L aprobado este viernes. Es decir, se trata de dos figuras independientes que llevarán una tramitación distinta, clarifican fuentes de Fomento a este periódico.

Por un lado, el Gobierno aspira a convalidar el real decreto ley aprobado el próximo jueves en el Congreso, y confía en lograr los apoyos necesarios para ello. Con este movimiento de ficha intentará desatascar el conflicto, reiniciar la tramitación parlamentaria y poner fin a unas cuantas semanas de incertidumbre. Dicho documento contempla cuestiones técnicas como la no obligatoriedad de disponer de un título de FP para la manipulación de mercancías en los puertos o la necesidad de obtener un certificado de profesionalidad que deberá ser siempre emitido por un organismo oficial tras realizar un período de prácticas en instalaciones portuarias. Con un matiz importante: "El acceso será libre, no a través de una lista o registro de carácter contingentado" como el existente ahora. Las empresas tendrán además libertad de contratación. Por tanto, el texto aprobado en el Consejo de Ministros sirve para cumplir con la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que insta a liberalizar el sector bajo amenaza de multa millonaria.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. (EFE)
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. (EFE)

Todavía no se conoce el texto de la otra figura, es decir, del real decreto que regulará los dos objetivos principales de los implicados: velar por el mantenimiento del empleo en la medida de lo posible y mejorar tanto la productividad como la capacidad organizativa de las empresas en los puertos. Pero el ministro ha adelantado parte de su contenido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: esta figura "recogerá los frutos de las negociaciones" entre patronal y sindicatos, es decir, beberá del principio de acuerdo propuesto por el mediador designado por Empleo. Marcos Peña planteó la necesidad de una "normativa transitoria" que garantizase la continuidad en el empleo, pero todo indica que el eterno debate continuará. Los sindicatos exigen que el Gobierno refleje este punto en una figura con rango de ley mientras Fomento se opone.

El acceso al sector será libre. Nada de listas o registros contingentados como hasta ahoraDe hecho, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar sigue firme en su postura inicial: jamás aceptará un texto normativo que no garantice el mantenimiento del 100% del empleo en una normativa con rango de ley, extremo descartado (de nuevo) por De la Serna. Los sindicatos ya rechazaron la propuesta de acuerdo sobre la reforma del sector planteada por el mediador del conflicto, Marcos Peña, pese al sí de Fomento y al 'quizás' de la patronal. Las empresas condicionaron su apoyo a que el Gobierno concretase el marco jurídico y garantizase el desarrollo de sus compromisos en materia de ayudas públicas. De todas formas, la clave para desbloquear la situación es el apoyo de los grupos parlamentarios.

En síntesis, la propuesta del mediador pilota sobre tres ejes: mantener el empleo "con el instrumento legal que se considere suficiente", contribuir a la mejora organizativa del sector y "comprometer las ayudas del Gobierno para minimizar el daño", reza el anexo remitido por Fomento a este periódico. El tiempo de tramitación parlamentaria del real decreto que integrará estos aspectos puede ascender a tres meses, explica el Ministerio.

Tropezar dos veces con la misma piedra

Como ya sucedió la primera vez, este 'nuevo' texto llega al Consejo de Ministros sin consenso, con ambas partes perplejas al ver que Fomento no ha contado con ellas —una vez más— ni les ha remitido el texto. Al Gobierno le queda un arduo camino por recorrer y no es seguro que consiga recabar apoyos políticos para sacar adelante la reforma en el Congreso.

No obstante, el PP ya tiene apalabrado el respaldo de los ocho diputados del PDeCAT al decreto de liberalización de la estiba. O como mínimo, la abstención. Los populares recurrirán a los nacionalistas vascos y a los regionalistas canarios para salvar este gran escollo ante la imposibilidad de apoyarse en el PSOE. Si las previsiones se cumplen y Ciudadanos también da su brazo a torcer, el Gobierno esta vez sí podrá convalidar el RD/L. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, confía en dejar este asunto zanjado "pronto" y vuelve a apelar a la responsabilidad de los grupos parlamentarios.

El Gobierno debe trabajar con prisa y sin pausa, antes de que a Bruselas se le acabe la pacienciaSin su apoyo, se enfrenta a que el Congreso vuelva a tumbar el RD/L como ya hiciera en marzo por 175 votos en contra, 142 a favor (PP y PNV) y 33 abstenciones (Ciudadanos). Esta derrota histórica congeló una reforma imperativa para cumplir con la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia (2014), que obliga a liberalizar el sector. Si no lo hace, España tendrá que pagar unos 23 millones de euros más 134.000 euros por cada día de retraso en la aplicación de la reforma, una sanción que caerá de manera "inminente", en palabras de De la Serna.

El borrador del 'nuevo' real decreto ya estaba listo el viernes pasado y, de hecho, también figuraba en la agenda interna, pero Fomento ha querido esperar a tener bien atados los apoyos antes de presentar el texto en el Consejo de Ministros. El Gobierno debe trabajar con prisa y sin pausa para sacarlo adelante, antes de que a Bruselas se le acabe la paciencia.

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