La indemnización de 20 días para interinos encalla en la comisión de expertos

Los trabajos de la Comisión de Expertos, creada por el Gobierno y los agentes sociales (empresarios y sindicatos) para adaptar a la legislación española las recientes sentencias de la UE que equiparan las indemnizaciones de los trabajadores interinos a las de los indefinidos, no avanzan. O lo que es lo mismo, un mes después de que los trabajos se pusieran en marcha, continúan empantanados. La Administración, como se sabe, dio ese plazo para alcanzar un acuerdo. Plazo que ya se ha cumplido.

El próximo lunes, habrá una nueva reunión. Pero, según fuentes sindicales, las probabilidades de que allí salga un documento consensuado son remotas. A lo sumo, habrá un documento que reflejará las distintas posiciones de los expertos. “No habrá opinión consensuada”, sostiene una voz autorizada.

Entre otras cosas, porque después de varios encuentros no se ha avanzado en el tema más peliagudo, que tiene que ver con la cuantía de las indemnizaciones a los trabajadores interinos, en muchos casos con años de antigüedad en el mismo empleo. Un asunto que afecta de lleno a las administraciones públicas. En total, según los sindicatos, unos 300.000 interinos podrían acogerse a las sentencias.

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Fuentes solventes de CEOE, sin embargo, consideran que todavía se está a tiempo de cerrar un acuerdo. O bien el próximo lunes o a más tardar antes de que se acabe el año. Eso sí, reconocen que todavía no hay ningún pacto sobre la cuantía de las indemnizaciones por despido. Es decir, hasta 12 días, como recoge la legislación actual para los eventuales, o los 20 días en caso de despido procedente que se fijan con carácter general para los ocupados con contrato indefinido. Y que es lo que establecen las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE). En el caso de los interinos, la legislación vigente establece cero días por año trabajado.

La comisión está formada por seis especialistas en derecho del trabajo pactados entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios, coordinados por el catedrático Alfredo Montoya. Además de Montoya, están Miguel Rodríguez-Piñero, expresidente del Tribunal Constitucional, Joaquín Pérez Rey (CCOO), José María Miranda Boto (UGT), Jordi García Viña, dirigente de la patronal CEOE, y Teresa Díaz de Terán (Cepyme).

Modelo de relaciones laborales

En caso de que no haya pacto, quien tendrá que legislar de acuerdo a su interpretación de los fallos judiciales es el Gobierno, que hasta ahora se ha mantenido en un discreto segundo plano, lo que explica que hayan mirado hacia los expertos para encontrar una solución. La ministra Báñez ha sugerido en alguna ocasión que el Ejecutivo acatará lo que diga la comisión.

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En el fondo, lo que está en juego es un determinado modelo de relaciones laborales de carácter dual que establece los derechos laborales, en este caso las indemnizaciones, en función de las características del contrato de trabajo. Dándose la circunstancia de que miles de trabajadores llevan, incluso, 10 o 15 años en su puesto de trabajo y todavía son interinos.

En lo que sí hay acuerdo es en que las sentencias del tribunal son “técnicamente muy malas”, como sostiene uno de los miembros de la comisión, y difícilmente trasplantables a la legislación española. “Es como si desde 1984, que es cuando comenzaron los contratos temporales, la legislación española hubiera estado mal hecha”, sugiere irónicamente un representante de CEOE.

La patronal siempre ha defendido que la sentencia de Luxemburgo se refiere a un caso concreto, pero "no es extrapolable" al resto de los trabajadores. No obstante, ha llegado a matizar que si otro trabajador plantease una situación análoga ante la justicia, se podría recurrir la sentencia en el transcurso judicial.

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En todo caso, y al margen de cuándo se adaptarán a la legislación española los fallos judiciales, los sindicatos siguen acumulando demandas contra las distintas administraciones reclamando indemnizaciones. En concreto, los abogados laboralistas de CCOO ya han acumulado más de 2.000 demandas que están siendo tramitadas en los tribunales. Y es que la vía de los fallos judiciales será, en última instancia, quien dé carta de naturaleza a las sentencias de Luxemburgo, toda vez que el derecho del trabajo es de carácter tuitivo y, por lo tanto, protege a la parte más débil del contrato de trabajo.

La sentencia del alto tribunal europeo lo que ha traído hasta el momento es un cierto caos sobre su interpretación. El camino lo inició un fallo del Tribunal Superior de Madrid en relación a una trabajadora interina del Ministerio de Defensa, precisamente el caso que provocó la sentencia europea.

Después llegaron otros dos fallos del Tribunal Superior del País Vasco, uno sobre un empleado público y otro en el sector privado. También se han dado sentencias en los juzgados de primera instancia: dos en Asturias, una en Oviedo y otra en Avilés. La decisión en general de los jueces está siendo equiparar al alza la indemnización de los trabajadores temporales que perdieron su empleo con la que perciben los indefinidos. Es decir, abonar 20 días por año trabajado.