Las 4.400 empresas más grandes del país pagarán el ajuste pactado con Bruselas

La adaptación del Impuesto de Sociedades para encarrilar las cuentas públicas de España en la senda fiscal que va a establecer la Comisión Europea afectará a un total de 4.400 empresas, que son las que disponen de un volumen de negocio superior al 20%. Los pagos fraccionados que deberán ser ingresados en la Hacienda Pública a partir del próximo mes de octubre se situarán en una horquilla de entre el 20 y el 25% del resultado contable, y servirán para tapar un 'agujero' de 7.000 millones de euros cada año, de acuerdo con las estimaciones oficiales del Gobierno.

Fuentes del Ministerio de Hacienda insisten en que la medida no supone un incremento del Impuesto de Sociedades, tal y como subrayó la pasada semana el presidente en funciones, Mariano Rajoy. El cambio normativo requiere, no obstante, rango de ley, por lo que su aplicación efectiva está vinculada con la formación de un nuevo Gobierno. La reforma nace como una medida de carácter extraordinario, pero su implementación será permanente y durante todo el tiempo preciso hasta que España consiga reconducir los objetivos de déficit público a los requerimientos de Bruselas.

En el marco de la última reforma fiscal, desde enero de este mismo año, el Gobierno rebajó los tipos impositivos aplicables a los pagos fraccionados al 17%. Asimismo, desaparecieron los tipos establecidos para empresas con cifras de negocio superiores a 10, 20 y 60 millones de euros. Un año antes, en 2015, se redujeron también los tipos impositivos aplicables a los pagos a cuenta como consecuencia de la rebaja del tipo general del Impuesto de Sociedades.

España defiende ante Bruselas la lucha contra el fraude, que ha permitido aflorar nuevas bases imponibles de 100.000 millones desde 2013

Los responsables de la política económica han tratado de mostrar su mejor voluntad de colaboración con las autoridades comunitarias desde que en marzo pasado se conocieron los datos de la ejecución presupuestaria de 2015. En aquel momento, y tras el reconocimiento de un déficit en el conjunto de las administraciones públicas superior al 5%, el Ministerio de Hacienda puso en marcha medidas coercitivas destinadas a embridar las cuentas de las CCAA. Con las únicas excepciones del País Vasco, Canarias y Galicia, todos los demás gobiernos regionales incumplieron el objetivo del 0,7% de déficit, hasta consolidar en su conjunto un 'agujero' del 1,66%.

La presión de Bruselas se ha intensificado a medida que la evolución de 2016 ha demostrado la inviabilidad de la estrategia correctora adoptada por el Gobierno en funciones, hasta el punto de que ahora el debate está centrado en la virtualidad de la multa que la Comisión Europea podría imponer a España el próximo miércoles, por un importe de hasta 2.200 millones de euros. Para evitar la sanción, el Ministerio de Hacienda está trabajando en la búsqueda de resquicios fiscales que permitan persuadir a los burócratas comunitarios sobre la eficacia de la política de consolidación fiscal en España.

Junto a la modificación del Impuesto de Sociedades, la segunda carta que quiere jugar el Gobierno en funciones consiste en la mejora de la lucha contra el fraude, que ha permitido a la Agencia Tributaria aflorar desde el año 2013 un total de 100.000 millones de euros en nuevas bases imponibles. Hacienda considera que la tributación de estos ingresos, hasta entonces ocultos al fisco, es una de las causas que han facilitado el crecimiento del PIB en España y la consiguiente creación de empleo. La pretensión de Rajoy no es otra que demostrar ante Bruselas que el ajuste presupuestario no debe estar reñido con la mejora económica. A partir de ahí, la multa anunciada, además de injusta, resultaría contraproducente para España y para Europa.