LA OPOSICIÓN PIDE SU DIMISIÓN

Cañete no se inhibió en el Consejo que aprobó la amnistía que benefició a su mujer

El ahora comisario sí se ausentó en deliberaciones que afectaban a su petrolera y a su hermano. Una ley le impedía participar en decisiones que beneficiasen a familiares

Foto: Miguel Arias Cañete y Cristóbal Montoro (d). (EC)
Miguel Arias Cañete y Cristóbal Montoro (d). (EC)

Miguel Arias Cañete no se ausentó del Consejo de Ministros del 30 de marzo de 2012 en que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la amnistía fiscal a la que luego se acogió su mujer, Micaela Domecq Solís. Cañete, que se escuda en que tienen separación de bienes desde que se casaron, en 1978, sí se ausentó en otras dos deliberaciones por afectar a intereses familiares. Una ley de 2006, reformada por el PP en 2015, obligaba a los altos cargos a inhibirse en cuestiones que afectan a sus familiares directos.

El viernes 30 de marzo de 2012, poco más de tres meses después de llegar al Gobierno el PP, el Ejecutivo aprobó una amnistía fiscal. No la llamó así, sino que la definió como una "serie de medidas de carácter excepcional para favorecer la atracción de rentas y contribuir también a la consolidación fiscal", según la referencia del Consejo de Ministros. Hasta el 31 de diciembre de ese año, quienes se acogieran a esta medida solo pagarían el 8% de "los dividendos o participaciones en beneficios de fuente extranjera" y "una regularización extraordinaria de capitales, previo pago de un gravamen complementario del 10% de los bienes y derechos que se repatríen". El tipo real pagado se redujo y en la práctica acabó en un 3%. Casi 30.000 personas se acogieron a la amnistía.

Arias Cañete evitó dar explicaciones como las de José Manuel Soria. En su lugar optó por el silencio

A ese Consejo de Ministros acudió Miguel Arias Cañete como responsable de la cartera de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, según figura aún en la agenda del Ministerio. Arias Cañete ocupó el cargo desde que en diciembre de 2011 el PP llegó al poder hasta abril de 2014, cuando encabezó la candidatura popular de las elecciones europeas. En octubre de ese año, fue nombrado comisario de Energía y Clima tras un duro examen en el Europarlamento marcado por las denuncias de conflicto de intereses por ser accionista de una petrolera.

Meses después de que el Gobierno aprobase la amnistía, Micaela Domecq Solís se apuntó a esa medida, como desveló ayer El Confidencial. Domecq, heredera de una de las familias más ricas de Andalucía, en cuyos negocios ha participado Cañete, fue uno de los miles de españoles que repatriaron el dinero confiando en que no habría más preguntas sobre el origen de los fondos. Pero la Agencia Tributaria elaboró después un listado de 715 personas públicas y sus familiares y lo envió al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). Las normativas internacionales sobre blanqueo recomiendan investigar a los cónyuges de los políticos sin mencionar si es relevante que tengan separación de bienes.

Respuesta del Gobierno sobre las dos abstenciones de Cañete en el Consejo de Ministros.
Respuesta del Gobierno sobre las dos abstenciones de Cañete en el Consejo de Ministros.

El actual comisario europeo de Energía y Clima siempre se ha desmarcado de los negocios de su mujer, alegando que tienen separación de bienes. Eso afirmó cuando Micaela Domecq Solís apareció en los papeles de Panamá como apoderada de una empresa en Panamá que manejaba cuentas en Suiza. A esa declaración se remitió cuando El Confidencial le preguntó por la amnistía fiscal. Desde el PP hubo quien ayer le pidió explicaciones, como el líder de la formación en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Pero Arias Cañete hizo lo contrario que José Manuel Soria: optó por el silencio y su gabinete no respondió a las llamadas de este diario.

Aunque tuvieran separación de bienes, una ley impedía a Cañete participar en la toma de decisiones que beneficiaran a familiares. La ley "de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración general del Estado", aprobada en 2006 y vigente hasta el 20 de abril de 2015, establecía que "hay conflicto de intereses cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios o de familiares directos". La norma obligaba a los altos cargos a "inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o familiar".

Pese a la ley, que el PP reformó en 2015 aunque mantuvo esa idea, Cañete participó en la deliberación del Consejo de Ministros que aprobó la amnistía. Sin embargo, Cañete sí tuvo cuidado de ausentarse en otras deliberaciones. Según una respuesta escrita del Gobierno a la diputada socialista Meritxell Batet de 2013, Arias Cañete se ausentó de dos Consejos de Ministros. La primera vez fue el 20 de enero de 2012, dos meses antes de que se aprobara la amnistía fiscal. Entonces el Gobierno trató un informe sobre la nuclear de Garoña y Cañete se abstuvo porque su hermano Alfonso era director general de la división nuclear de Endesa, propietaria del 50% de Garoña.

Meses después volvió a cuidarse de no incurrir en conflicto de intereses y se abstuvo en el debate sobre el decreto por el que el Gobierno declaraba zona protegida el Estrecho. Lo hizo a pesar de que era su Ministerio el que impulsó el decreto, pero Cañete era accionista -y antes había sido presidente- de Petrolífera Dúcar, una empresa que almacena combustible en Ceuta gracias a una concesión administrativa (Cañete ocultó al Congreso las relaciones con el Estado, según publicó 'El País'). Esta empresa abastece de fuel a buques en el Estrecho. En su lugar le representó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo.

Aunque Cañete se desmarca de los negocios de su mujer, gestionaba Dúcar junto a su cuñado, Miguel Domecq Solís, que es accionista y directivo de la empresa. Al llegar a Bruselas tuvo que vender sus acciones en Dúcar por un conflicto de intereses. Sin embargo, mientras era ministro las mantuvo y declaró su participación al Congreso. Estas sociedades pertenecen en buena medida a "una sociedad pantalla" con sede en Holanda y con ramificaciones en paraísos fiscales como las Antillas Holandesas.

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