Mas lanza la independencia con un déficit de 6.068 millones en las pensiones catalanas

Las cifras no dejan lugar a dudas. Y ponen de relieve el fuerte desequilibrio que existe entre ingresos y gastos en Cataluña a cuenta de las pensiones. Al menos en los últimos años. En concreto, según cifras oficiales, la diferencia entre lo que ingresa la comunidad autónoma por cotizaciones sociales y lo que perciben sus beneficiarios en pensiones alcanzó durante el primer semestre de este año los 3.034 millones de euros.

Esto significa que, de mantenerse esa diferencia en la segunda parte del año, el déficit de un hipotético 'sistema de pensiones catalán' superaría ligeramente los 6.000 millones de euros al año.

La diferencia es consecuencia de que hasta el pasado 30 de junio las obligaciones reconocidas en pensiones, lo que tiene que pagar la Seguridad Social en prestaciones económicas, llegó a los 8.803 millones de euros. Por el contrario, los ingresos por cotizaciones sociales (sin incluir otras fuentes e ingresos) apenas alcanzaron los 5.769 millones hasta el pasado 30 de junio.

El gasto en pensiones contributivas ascendió el año pasado a 20.848 millones, lo que significa que algo menos del 30% de las pensiones de Cataluña dependen de su permanencia en la ‘caja única’ del sistema de protección social.

La existencia de un déficit elevado no es, en todo caso, patrimonio de Cataluña. La propia Seguridad Social lleva acumulando déficit tras déficit desde 2010 (en 2014 llegó a un máximo de 13.762 millones de euros). Sin embargo, el desequilibrio catalán es muy superior al del conjunto del sistema en los últimos años en términos relativos, algo que no sucedía antes de que estallara la crisis.

Algunos estudios que justifican la viabilidad de una Cataluña independiente han estimado que, si se analizan los últimos 16 años de la economía española, en doce de ellos Cataluña ha tenido superávit, mientras que, al contrario, en los cuatro últimos ha cosechado ‘números rojos’. Justo lo contrario, sostienen esos estudios, que en el conjunto del Estado, donde contando también los últimos 16 años, España ha tenido déficit en doce ejercicios y sólo cuatro acabaron en superávit presupuestario.

Sea como sea, lo cierto es que el déficit previsto de la Seguridad Social para este año 2015 para el conjunto del Estado equivale al 0,6% del PIB –unos 6.000 millones de euros–, una cantidad muy similar al déficit de Cataluña, cuando el peso de la comunidad autónoma respecto del conjunto del España en términos de gasto en pensiones contributivas se sitúa en el 18,5%.

La tercera parte del electorado

Esto quiere decir que, si el déficit de la Seguridad Social se repartiera de forma proporcional en función del peso de cada región, a Cataluña se le debería asignar un desequilibrio algo superior a los 1.080 millones de euros, lo que significa la sexta parte del saldo negativo que finalmente acreditará si se cumplen las previsiones oficiales, que difícilmente pueden fallar debido a la alta previsibilidad que tienen tanto los ingresos por cotizaciones sociales como, sobre todo, el pago en prestaciones.

En la actualidad, el número de pensionistas en Cataluña es de alrededor de 1,7 millones, con una evolución creciente, al igual que sucede en el resto de Estado. Ahora bien, la cuantía de las pensiones medias percibidas por sus beneficiarios varía de forma muy relevante en función de las características de cada región.

El PIB per cápita de Cataluña es, según Estadística, el cuarto más elevado de España (tras el País Vasco, Madrid y Navarra), pero su pensión media (incluyendo todos los regímenes) es la séptima más elevada de España. En concreto, se sitúa en 919 euros, por debajo de los 1.098 del País Vasco (donde son más elevadas porque también la cotización de sus trabajadores ha sido más alta) o Madrid (1.050) y Asturias (1.049), que completan las tres primeras posiciones.

Las transferencias del Estado que recibe Cataluña, al igual que el resto de regiones, no sólo tienen que ver con las cotizaciones sociales. En muchos casos, la Administración central tiene que complementar su cuantía para que las pensiones alcancen el mínimo que establece la ley. Son los llamados complementos de mínimos, destinados a cobrar una pensión más digna que la de simple subsistencia.

Pues bien, las comunidades autónomas con una mayor proporción de pensiones complementadas con mínimos son aquellas con una incidencia importante de regímenes especiales que cotizan por las bases mínimas, mientras que País Vasco, Madrid, Cataluña y Asturias se encuentran, por el contrario, en el caso opuesto. Aun así, en Cataluña existen 293.762 pensiones públicas que reciben algún complemento económico procedente del Estado. Gracias a ello, alcanzan el mínimo garantizado por ley. Esto es así porque se entiende que, al tratarse de una medida discrecional por parte del Gobierno, esos complementos de mínimos deben financiarse con impuestos y no con cotizaciones sociales.

Los complementos de mínimos, igualmente, no son las únicas transferencias que recibe Cataluña –como otras regiones– gracias a la solidaridad interregional. El Estado, de la misma manera, paga con impuestos las llamadas pensiones no contributivas, que benefician a quienes no han podido cotizar por diversas circunstancias. Los últimos datos muestran que 57.883 residentes en Cataluña perciben este tipo de prestación.

La importancia de las pensiones para Cataluña es esencial, y no sólo en términos económicos. No en vano, los 1,7 millones de pensionistas representan casi uno de cada tres posibles electores, según el censo que acaba de publicar el INE, algo que puede explicar el llamamiento que hizo Artur Mas nada más firmar el decreto de convocatoria de elecciones. El presidente de la Generalitat aseguró que las pensiones estaban “garantizadas”.