El Gobierno aplaza otro año más la mejora de las pensiones de viudedad

La mejora de las pensiones de viudedad –una vieja obligación legal– tendrá que esperar un año más. La mejora se materializó formalmente en la reforma de las pensiones de 2011, pero desde entonces la medida nunca se ha puesto en marcha. Y ahora lo que dice el proyecto de ley de Presupuestos de 2016 es que, de nuevo, “se aplaza” la aplicación de esa disposición adicional.

Aquella ley obligaba al Ejecutivo a que la cuantía de la pensión de viudedad fuera equivalente al 60% de la base reguladora (la cantidad sobre la que se calcula pensión) cuando en la persona beneficiaria concurrieran determinados requisitos, como tener una edad igual o superior a 65 años o no tener derecho a otra pensión pública. Actualmente, y con carácter general, la base reguladora se sitúa en el 52%.

El coste de la subida es lo que explica la decisión del Gobierno, cuyo margen de maniobra sigue siendo estrecho debido a la delicada situación financiera de la Seguridad Social (0,3% de déficit) pese al aumento del empleo.

No en vano, según el proyecto de ley de Presupuestos Generales, la partida de pensiones de viudedad asciende a 21.040 millones de euros, la segunda cuantía más importante tras las pensiones de jubilación. Las dificultades de tesorería del sistema público de protección social se manifiestan, igualmente, en el hecho de el proyecto de ley de Presupuestos también prolonga durante 10 años más la cancelación de la deuda contraída en 1994 por la Seguridad Social con el Estado (sus contabilidades son diferentes), que asciende a 2.670 millones de euros.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que las pensiones de viudedad siguen estando a la cola del sistema público de protección social. Su cuantía por beneficiario oscila entre los 481 y los 735 euros mensuales, y, como el resto de prestaciones, tendrán una revalorización equivalente al 0,25%, por debajo de lo que crezcan los precios en 2016, según las estimaciones de los servicios de estudios privados y del propio Gobierno (poco más del 1%). La pensión media se sitúa en 630,96 euros, ligeramente por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Las pensiones de viudedad empiezan a ser frecuentes a partir de los 75 años para las mujeres, y, por encima de los 85, más de dos tercios de ellas la perciben. En total, y según lo previsto por el Gobierno, 2,36 millones de personas cobrarán una pensión de viudedad en 2015.

Otras pensiones, las de carácter asistencial, también forman parte del presupuesto público. Y lo que incluye el proyecto de ley remitido a las Cortes es un reforzamiento de las medidas de inspección. En este sentido, se deja claro que las pensiones asistenciales “serán objeto de revisión periódica a fin de comprobar que los beneficiarios mantienen los requisitos exigidos para su reconocimiento”. En caso contrario, se precisa, se declarará la “extinción del derecho y exigirá el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas”.

Ley de Dependencia

Las pensiones de viudedad no son las únicas que verán suspendidas una mejora prevista por ley. El Gobierno también suspende la aplicación de varios artículos de la Ley de Dependencia (aquellos que se refieren a la financiación entre el Estado y las CCAA) y lo dispuesto en la Ley de Extranjería del año 2000.

Esta ley obliga al Gobierno central y las comunidades autónomas a poner en marcha programas de acción bienales para reforzar la integración social de los inmigrantes. Tales programas, dice la norma, deben ser financiados con cargo a un fondo estatal para la integración de los inmigrantes, que se dotará anualmente, y que podrá incluir fórmulas de cofinanciación por parte de las Administraciones receptoras. La creación de ese fondo es lo que ahora ha vuelto a meter en el congelador el Gobierno a través de la Ley de Presupuestos.

El proyecto de ley, en cualquier caso, habilita de forma adicional un programa, denominado de “acciones en favor de los inmigrantes”, que tendrá en 2016 una dotación de 112 millones de euros.

La función de este fondo es integrar a los inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y personas acogidas a otros regímenes de protección temporal y subsidiaria, así como el desarrollo y promoción de acciones coordinadas y homogéneas en materia de canalización de flujos y cooperación con los países emisores de emigrantes.

Como sostiene el proyecto de ley, dentro de esta dotación global hay que destacar la dotación específica que financia el Sistema de Protección Internacional para la acogida e integración de refugiados y asilados, ante el importante ascenso del número de solicitantes de protección internacional procedentes, en su mayor parte, de Siria y de Ucrania, que se incrementa en 15 millones de euros, lo que supone un aumento del 150% respecto de lo presupuestado en 2015.

Además, en 2016, y siguiendo la reciente decisión vinculante del Consejo Europeo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE, se pone en marcha un programa de reasentamiento y reubicación de personas susceptibles de protección internacional con una dotación de 28,95 millones de euros. Las personas por reubicar son 1.300 y 1.449 son personas a reasentar en España desde las zonas de conflicto. Igualmente, se incrementa en un 9,2% la dotación para la 'Atención humanitaria a Inmigrantes' llegados a las costas en el Mediterráneo.