Rajoy planea enderezar su deriva mediática con premios y castigos en la subasta TDT

El Gobierno de Mariano Rajoy reconoce ya sin rodeos que ha tenido un problema de comunicación en los últimos años y se predispone a cambiar radicalmente su hoja de ruta mediática para los cinco meses de legislatura que restan. Una estrategia que pasa, fundamentalmente, por abordar el próximo concurso de canales TDT como un proceso de premios y castigos a los grupos mediáticos que mejor y peor se han portado con Moncloa. Lo creen las televisiones afectadas y lo admiten ya, sin rodeos, fuentes del propio equipo de Gobierno.

Nueve grupos de comunicación optan a uno de los seis canales en juego, tres de ellos en Alta Definición. Entre ellos, las dos cadenas del duopolio, Atresmedia y Mediaset -a quien el Ejecutivo culpa en buena medida de su declive en las urnas por el “martilleo” de los casos de corrupción en laSexta y Cuatro-; Vocento y Prisa, que aspiran a una licencia cada una, y 13 TV, que quiere un canal en propiedad para dejar de tener que alquilar su señal a El Mundo. El círculo de aspirantes lo completan el Grupo Secuoya, en la órbita del PP y que ya gestiona televisiones como la autonómica de Murcia, Radio Blanca/Kiss FM, del empresario Blas Herrero, Real Madrid Televisión y, por último, El Corte Inglés, que aspira a tener un canal de tele-tienda. En total, cada operador puede aspirar, como máximo, a dos licencias.

Las cartas están ya sobre la mesa y en el Gobierno son muy conscientes del daño que han sufrido en sus propias carnes con el tono editorial de algunas cadenascomo laSexta y con programas como 'El Intermedio', 'La Sexta Noche' o 'Al Rojo Vivo'.Espacios a los que, desde el Ejecutivo, se culpa de haber escondido los logros económicos del Gobierno tras los casos de corrupción y de haber promocionado a nuevos partidos como Podemos. Algo que reconoce ya el propio Mariano Rajoy, pero también sus ministros, que culpan a los abogados del Estado y a los tecnócratas que orbitan en torno a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría de la deriva errática del Gobierno en materia audiovisual.

Estas mismas voces de toda solvencia apuestan por resarcirse desequilibrando el reparto final del concurso. Es decir, dando juego a nuevos players en detrimento de Telecinco y Antena 3. Y jugar, a largo plazo, a potenciar más voces afines -por separado o agrupadas en torno a un gran conglomerado de derechas- en el mando a distancia. Hay que recordar, en este sentido, que los tambores de fusión que se rumorean con fuerza en torno a Unidad Editorial y Vocento señalan al concurso de canales como telón de fondo de las posibles negociaciones entre Antonio Fernández Galiano y Santiago Bergareche.

Como ya publicó este diario, Rajoy tomó la determinación hace meses de liderar en primera personas las riendas de este proceso orillando a la vicepresidenta de la gestión última de la adjudicación. Una decisión que, en todo caso, llega muy tarde para muchas de estas cadenas, que han esperado a lo largo de toda la legislatura -y sin respuesta de ningún tipo- a que el Gobierno interviniese para evitar el cierre de otros ocho canales de televisión por parte del Supremo y por culpa de los errores cometidos en la era Zapatero. Un asunto en el que el Gobierno no ha movido ni un dedo para facilitar las cosas y que ha obligado, en el último momento, a que las televisiones y Abertis hayan tenido que llegar a un acuerdo económico con la empresa que había denunciado el reparto de canales.

Ante la pasividad del Ejecutivo, han tirado finalmente de chequera a razón de más de 10 millones de euros a pagar a escote entre las posibles afectadas: Atresmedia, Mediaset, Vocento y Unedisa. Lo que demuestra, en última instancia, que el Gobierno no está ahora mismo en las tesis de la ansiada 'pax audiovisual' sino en un nuevo escenario en el que la opción de los premios y los castigos cobra más fuerza.

Tampoco es una hipótesis que sorprenda en las sedes de los principales grupos del sector. El propio Juan Luis Cebrián (Prisa) ya criticó esta posibilidad en su última junta de accionistas. “La sospecha de que el proceso pueda ser utilizado como un método de premios y castigos al comportamiento de los diferentes medios de opinión es inevitable”, advirtió. Queja parecida a la manifestada públicamente por Paolo Vasile,consejero delegado de Mediaset, que también ha reconocido “presiones” por parte del Gobierno con las principales televisiones. “Hablo de incertidumbres prevalentemente políticas –explicó–, de ataques, especialmente por parte de las instituciones, de nerviosismo y hostilidad hacia los medios de comunicación y muy especialmente si son libres y no se vinculan a ningún partido político, viejo o nuevo”.

Resuelta, la semana pasada, la primera fase del concurso, con la apertura de los sobres y las ofertas, el proceso debe resolverse, como muy tarde, en octubre. La resolución final definirá el mapa audiovisual de los próximos años. Rajoy quiere llegar a las elecciones generales con los deberes hechos.