El precio de acabar con el problema del alquiler: entre 700 y 1.500 M anuales

En España existen en torno a 700.000 hogares con bajos ingresos que dedican cerca del 40% de su renta disponible a pagar los costes de una vivienda en alquiler.

Si se tienen en cuenta los ingresos absolutos, 500.000 hogares con ingresos inferiores a 1.000 euros al mes destinaban, en 2019, cerca del 45% de su renta a pagar el alquiler, mientras que si los ingresos se encontraban entre los 1.000 y los 1.499 euros, el porcentaje se situaba por encima del 32%. Otro dato, 1,4 millones de familias, del total de 3,4 millones que viven en régimen de arrendamiento, destinan más del 30% de sus ingresos familiares a pagar el alquiler.

Todos estos datos cuantifican el problema de acceso a una vivienda en alquiler de España y los ha puesto sobre la mesa el catedrático emérito de economía aplicada por la UAB Josep Oliver durante su intervención en la XXII Jornada Anual del Club Inmobiliario Esade Alumni: European Residential Rental Market, organizada por Anticipa Real Estate y ESADE Alumni.

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Según Oliver, este escenario de dificultades en el pago de la vivienda podría empeorar en 2021, como consecuencia de la pérdida de empleo y/o de renta salarial que han sufrido las personas en los estratos de renta más bajos como consecuencia de la pandemia.

Para revertir esta situación, Oliver propone medidas a corto, medio y largo plazo. A muy corto plazo, este catedrático aboga por una intervención directa de las administraciones públicas a través de ayudas mensuales directas a estos inquilinos, lo que permitiría reducir el peso del alquiler sobre la renta.

El coste fiscal por año de una medida de estas características, según Oliver, ascendería a entre 700 y 1.400 millones de euros para la Administración, ya que se traduciría en una horquilla de ayudas entre 1.000 euros al año para cada familia (83 euros al mes) hasta 2.000 euros anuales (167 euros mensuales), cantidades que ayudarían a que las familias más vulnerables no tuviesen que dedicar tanto ingreso al alquiler, por lo que ayudaría a revertir el problema.

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Así, por ejemplo, una reducción de precios del 20% en la ciudad de Barcelona combinada con un aumento de la deducción de la renta neta del alquiler hoy existente (del 60% actual al 100%) implicaría, para 30.000 viviendas en alquiler, un coste fiscal por año de unos 350 millones de euros.

En el corto y medio plazo, junto a esta intervención pública directa, según Oliver, debería diseñarse un esquema de cooperación voluntaria público-privada, similar a la que hay vigente en Portugal. Según este catedrático, estaríamos hablando de un esquema parecido que sería “beneficioso para el inquilino, el propietario y las Administraciones Públicas, ya que implica acordar, para las áreas tensas, reducciones de precios y mejoras en el tratamiento fiscal que permitan mantener, o incrementar moderadamente, la renta tras el IRPF”.

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Y a largo plazo, según este catedrático, sería necesario resolver uno de los grandes problemas del alquiler en España, la inexistencia de un gran parque de vivienda en alquiler a precios asequibles, "el verdadero problema que subyace en las dificultades de accesibilidad".

Un incremento de la oferta que debería conseguirse, en opinión de Oliver, "atrayendo a inversores privados con medidas fiscales que permitan recuperar una parte relevante de la inversión efectuada en vivienda para alquilar en ciertas zonas y con precios máximos y contratos de alquiler siguiendo un esquema similar al de Francia".