Los 515 'científicos de segunda' denuncian: "El Gobierno desobedece al Tribunal Supremo"

En abril de 2018, el Tribunal Supremo dictó que en España había dos escalas de científicos empleados en los Organismos Públicos de Investigación (OPI), unos con peores condiciones que otros, y obligó al Gobierno de Mariano Rajoy a equiparar ambas categorías, como dictaba el artículo 25.4 de la Ley de la Ciencia de 2011. El tiempo pasó y, entre medias, una moción de censura y un cambio en el color del Gobierno.

Ahora se avecinan nuevas elecciones, pero para estos 515 investigadores la situación sigue igual que hace cinco años. Los científicos afectados suponen más del 60% de los actualmente empleados en organismos como el Instituto de Salud Carlos III, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial o el Instituto Geológico y Minero de España.

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Antonio Villarreal

El pasado 9 de enero terminaba el plazo del Supremo para ejecutar la sentencia y, aunque desde el ministerio que dirige Pedro Duque se observó su situación, la equiparación sigue en punto muerto. A finales de febrero, el colectivo 'Plataforma 5sy6s por el cumplimiento de la Ley de la Ciencia' en el que se engloban los afectados presentó una diligencia al TS solicitando la ejecución: "El gobierno de Pedro Sánchez y el ministro Duque desobedecen al Tribunal Supremo", denunciaban.

Hace unas semanas, el Gobierno lanzó un Real Decreto de 'medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad' pero éste no mencionaba en ningún momento su caso.

"Nuestro colectivo lleva 5 años viendo como sus derechos más fundamentales están siendo violados, tanto por el incumplimiento de la Ley como de las sentencias judiciales, por parte de los sucesivos Gobiernos", declaraba Marina Albentosa, investigadora en el Instituto Español de Oceanografía y portavoz de esta plataforma, en una carta entregada a Pedro Duque el pasado martes. "Hemos enviado una queja al Defensor del Pueblo y hemos iniciado acciones ante la Comisión Europea por incumplimiento de los acuerdos referidos a la construcción del Espacio Europeo de Investigación. Además, nuestros abogados están valorando acciones, nunca antes contempladas, contra los incumplimientos reiterados y continuados de las leyes y de las sentencias judiciales por parte del Gobierno".

Hacienda mantiene bloqueada la ejecución de la medida que equipararía a estos científicos

Tras el varapalo del RD, los sindicatos CCOO, UGT y CSIF se reunieron con la administración el pasado 11 de marzo en un grupo de trabajo convocado por la Secretaría de Estado de Función Pública. En la reunión se puso de manifiesto la urgencia en la publicación de la norma y las conclusiones entre ambas partes fueron "muy positivas", según apuntan los científicos. Todo quedaba a la espera de una última mesa urgente para ratificar lo acordado.

Sin embargo, desde entonces en el Gobierno ya no les cogen el teléfono. El tiempo se agota y la convocatoria de esa última reunión está en el aire. "Función Pública no quiere lanzar la convocatoria hasta que Hacienda lo considere pertinente", dicen estas mismas fuentes.

Aún queda algún 'viernes social' por delante, pero son pesimistas con el desenlace.