En España hay "científicos de segunda", dicta el Supremo: obliga a Rajoy a la equiparación

Cuando el ministro Montoro encauzó la equiparación salarial entre policías y guardias civiles, probablemente no imaginaba el efecto dominó que se le avecinaba.

Primero fueron los funcionarios de prisiones o profesores, luego los profesionales del Sistema Nacional de Salud, que llevarán la próxima semana al Senado una moción de la mano del propio Partido Popular, y ahora los científicos de los principales Organismos Públicos de Investigación, respaldados por una reciente sentencia del Tribunal Supremo que fuerza al gobierno a equiparar a estos cientos de investigadores con los del CSIC y las universidades.

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Antonio Villarreal

En realidad, esta reivindicación se remonta a hace más de veinte años, pero fue a partir de 2011, con la aprobación de la Ley de la Ciencia que obligaba a que todos los científicos del país tuvieran el mismo trato por parte de la administración, cuando los 3.748 científicos de centros como el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, del Instituto Geológico y Minero de España o del Instituto de Salud Carlos III encontraron un aliado en los tribunales para solucionar su situación.

Sobre el papel todos pasaron a llamarse igual: los del CSIC dejaron de llamarse 'científico titular del CSIC' y pasaron a llamarse 'científico titular de OPI', adoptando la misma categoría de los investigadores en estos centros. Pero la realidad es que, incluso aquellos que ganaron su plaza en oposiciones una vez aprobada la ley siguieron recibiendo tratamientos distintos: de primera clase, si iban a CSIC o universidades, y de segunda si entraban a la plantilla de un OPI, lo que demuestra un agravio comparativo.

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"Llevamos perdidos varios procedimientos judiciales, este es el primero que hemos ganado", explica a Teknautas Marina Albentosa, del Instituto Español de Oceanografía, otro de los centros implicados. "Los primeros contenciosos los pusimos en el año 2008, pero la ley no nos acompañaba, era una reclamación, ahora es una ilegalidad ya que la ley nos acompaña pero el Gobierno no la ponía en práctica". Ahora el Supremo les obliga a hacerlo antes de seis meses.

Al contrario del debate entre policías y guardias civiles, aquí las distinciones entre unos y otros no son sólo económicas. Está por ejemplo la obligatoriedad de someter cada gasto, por rutinario que sea, al control de los interventores del Ministerio de Hacienda. Estos científicos deben pasar por este trámite, que habitualmente retrasa los proyectos en varios meses, mientras que los empleados en CSIC o universidades lo tienen un poco más fácil.

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Otro de los principales puntos de fricción es que estos "científicos de segunda", como ellos mismos se definen, carecen de quinquenios o sexenios, la forma más habitual de acreditar la experiencia investigadora cara a optar a determinadas plazas de investigador o, directamente, incrementar el sueldo. Esta situación afectaba a cerca de 800 investigadores.

Al igual que ha ocurrido con guardias civiles y policías, el razonamiento de la Abogacía del Estado para no haber aplicado hasta ahora la equiparación prevista en la Ley de la Ciencia es que se trataba de un asunto económico, algo que la sentencia rechaza.

"La administración siempre ha dicho que no ha podido hacerlo por las leyes de restricción del gasto, es decir por la crisis durante los años 2013, 2014 y 2015", explica la investigadora del IEO, "la sentencia dice que esa interpretación no es correcta, dado que esta homologación no conlleva una subida de los gastos de personal en el sentido que aplica la Ley de Presupuestos".

La sentencia establece que la inacción del Gobierno crea un escenario "igualmente ilegal por crear una situación de quiebra del principio constitucional de igualdad".

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Según cuentan sus promotores, la iniciativa para equiparar los derechos de estos cientos de científicos ha sido fruto de acciones individuales y colectivas, a menudo de espaldas a las propias instituciones que les cobijaban. Uno de los líderes de la demanda ha sido Juan Fernández Golfín, del INIA, que en un comunicado explica que "para conseguir esta sentencia tuvimos que crear un fondo colectivo".

Para conseguir esta sentencia tuvimos que crear un fondo colectivo

En total invirtieron 22.710 euros, sufragados entre 130 investigadores, algunos de ellos jubilados. "Sin la contribución de estos jubilados y de todos los contribuyentes del fondo no hubiera sido posible continuar con la vía judicial", explica esta misma fuente, "triste tener que ir a los tribunales para que el Gobierno cumpla con la ley".

Además de este proceso colectivo, los integrantes de la plataforma avisan de otra cuarentena de procedimientos individuales en marcha.