Duque aprueba diez medidas para liberar a los científicos de sus grilletes burocráticos

Durante la pasada legislatura, Ciencia estaba bajo el paraguas económico de Luis de Guindos pero quien organizaba la casa era Cristóbal Montoro. En aras de la estabilidad presupuestaria, el por entonces Ministro de Hacienda introdujo una serie de medidas para los organismos públicos de investigación y las universidades. Por ejemplo, la intervención previa antes de aprobar la compra de nuevo instrumental científico que retrasaba estas adquisiciones, una queja que los científicos han formulado públicamente desde entonces. Lo mismo ocurría con las contraciones de personal para proyectos o gastos de laboratorio.

Liberar a los investigadores de estos grilletes democráticos era una de las promesas que Pedro Duque blandió desde su llegada al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el verano pasado. Desde el ministerio se ha reconocido que muchas de estas normativas aprobadas en los últimos años dificultaban el normal desarrollo de proyectos científicos.

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Efe

Ahora, por fin, el Gobierno ha decidido ejecutarlas dentro de un Decálogo de medidas que se han presentado hoy en el Consejo de Ministros. Algunas de estas medidas obligarán a la modificación de la Ley de la Ciencia aprobada en 2011.

Adiós a la intervención previa

Una de las principales demandas de los científicos enrolados en el CSIC y otros Organismos Públicos de Investigación es la eliminación de la llamada intervención previa. Como explicaba el año pasado a Teknautas el director de la Plataforma Solar de Almería, Julián Blanco: "Disponemos de proyectos, fondos y actividad más que suficiente pero nuestro principal problema es que el contexto regulatorio y administrativo, cada vez más riguroso, restrictivo y entendemos que muchas veces absurdo, es totalmente incompatible con nuestra actividad que require de una flexibilidad y capacidades operativas que teníamos hace dos años".

Ahora, el Real Decreto-Ley recupera la situación de 2014 eliminando la intervención pero manteniendo el control financiero para mejorar el funcionamiento de estos centros.

Agilizar el fichaje de investigadores

Los centros y universidades podrán contratar personal de forma indefinida con cargo a proyectos que tengan financiación específica. "Esta medida, junto con la estabilización de 1.454 plazas temporales en OPIS ya aprobada el 25 de enero, contribuirá enormemente a rebajar la temporalidad e inestabilidad de los científicos, en especial los jóvenes", explica un comunicado facilitado por el ministerio.

Permitir compras de hasta 50.000 euros

Los centros científicos tampoco necesitarán pedir permiso para ejecutar contratos menores, de servicios y suministros, hasta 50.000€ con el mismo proveedor. Además, varios proyectos de la misma universidad o centro podrán sumar los contratos para, por ejemplo, la compra de material de laboratorio, sin que esto les penalice en el caso de superar esa cantidad de dinero.

Medios para la Agencia Estatal de Investigación

La Agencia Estatal de Investigación, un organismo nacido en 2015 pero habitualmente infradotado de presupuesto, podrá "contar con más medios externos para reducir los plazos de comprobación de las subvenciones de proyectos de investigación". La idea del Gobierno con esta medida es liberar recursos para dedicarlos a la gestión de convocatorias, aunque de momento no se han precisado cantidades.

No discriminación de padres y madres

La Ley de la Ciencia será también modificada para que aquellos investigadores en situaciones de maternidad y paternidad, así como de incapacidad temporal, no se vean discriminados en la selección y evaluación de su actividad científica. Es decir, hasta ahora, si un científico tenía un contrato temporal y se cogía una baja por maternidad o paternidad éste se suspendía, y luego, si pretendían optar a otro contrato o evaluar sus méritos no se tenía en cuenta que se había estado un tiempo de baja por este motivo.

Aquellos investigadores en situaciones de maternidad, paternidad o incapacidad temporal no se verán discriminados en procesos de selección

Esta ha sido otra de las medidas que los científicos venían reclamando desde hace tiempo para mejorar la igualdad de oportunidades, en concreto la de las científicas madres. A partir de este momento se aplicará en todas las convocatorias del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Más tiempo para devolver préstamos

Se calcula que unos 12.000 jóvenes están pendiente de la devolución de préstamos Renta-Universidad y que algunos de ellos han incurrido ya en situaciones de impago.

El Gobierno planea que a partir de ahora, solo los que sobrepasen los 22.000 euros al año tengan que comenzar a devolver el crédito. Para ello, les otorga un plazo de 15 años.

Convenios de hasta 17 años

Muchos proyectos científicos han tenido problemas últimamente por el plazo de los convenios suscritos entre centros, institutos, universidades o consorcios españoles o europeos. Para ello, la Ley de la Ciencia será modificada y el periodo de vigencia de estos convenios se extenderá hasta los 17 años.

El plazo podrá ser superior en el caso particular de los consorcios, si el objetivo científico o la naturaleza de las inversiones así lo requiere.

Los centros podrán pedir créditos

En la línea de la eliminación de la intervención previa, el Real Decreto-Ley también permitirá a los centros de investigación, consorcios o fundaciones concertar operaciones de crédito directamente, siempre que éstas se financien con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) o al Fondo Social Europeo.

"De esta forma, se evitarán los retrasos en la adquisición de aparatos y en la realización de obras e infraestructuras de centros de investigación", explican desde el Ministerio de Ciencia. "Algunos ejemplos de créditos de estas características son la reparación y renovación de buques oceanográficos o nuevos equipos de grandes instalaciones científicas".

Indulto a parques endeudados

La última medida afecta a aquellos parques científicos y tecnológicos que acrediten encontrarse en una difícil situación financiera y que, por tanto, no estén cumpliendo con el pago de préstamos o anticipos concedidos por el propio ministerio.

El nuevo Real Decreto-Ley presentado hoy requerirá a estos centros presentar un plan de viabilidad a cambio de aplazar sus cuotas de amortización de la deuda.