El problema que se esconde tras el bloqueo judicial a Telegram en España

"Hay gente que no va a poder hablar con su familia por Telegram porque cuatro se han bajado el debate de La Isla de las Tentaciones". Esta chanza simplificada hasta el extremo, que fue publicada por un usuario de la red social antes conocida como Twitter, resume perfectamente la sorpresa mayúscula que provocó la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Tras una demanda de Movistar+, Mediaset y Atresmedia relacionada con la propiedad intelectual de contenidos, el conocido juez decidió ordenar como medida cautelar el bloqueo de la popular aplicación de mensajería instantánea en España, una plataforma que cuenta con 900 millones de usuarios a nivel mundial y más de 8,5 en territorio patrio. El juez Pedraz asegura en su auto, en el que da tres horas a las operadoras desde la recepción de la comunicación para cortar el acceso de España, que el bloqueo es la única manera de garantizar que no se sigue infrigiendo la propiedad intelectual de contenido audiovisual sometido a derechos de autor.

La comisión rogatoria a las Islas Vírgenes se remitió el 28 de julio del 2023. Se solicitaba, en concreto, que Telegram informase sobre determinados datos técnicos que permitirían identificar los titulares de las cuentas utilizadas para la infracción. "La falta de colaboración de las autoridades de las Islas Vírgenes a las que se les pedía una actividad de comunicación a los responsables de la red social, provoca que deban adoptarse las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones particulares", indica el auto.

Según explica el magistrado en su escrito, considera que debe adoptar esta decisión a la vista de la falta de cooperación de Telegram ante varios requerimientos dirigidos después de abrir diligencias a raíz de una denuncia presentada por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus por presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor.

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Beatriz Parera

La noticia ha provocado una ola de "estupefacción" entre los especialistas informáticos así como en los abogados expertos en derecho digital en nuestro país. Solo hace falta darse una vuelta por las redes sociales para toparse con cientos de publicaciones que ponen en solfa la decisión de Pedraz. Una decisión que deja tras de sí un reguero de dudas sobre la proporcionalidad o cómo se puede llevar a cabo sin vulnerar derechos fundamentales de miles de ciudadanos.

El multimillonario ruso Pavel Durov montó Telegram en 2013 y prácticamente desde el principio ha provocado sonados choques con las autoridades de medio mundo por su negativa a crear puertas traseras o proporcionar datos de las actividades de sus usuarios. Ese empeño por garantizar la privacidad de una manera mucho mayor a otras plataformas, le llevó a exiliarse tras enfrentarse con el gobierno de Vladimir Putin, después de que las autoridades le exigieron revelar información de ciudadanos ucranianos. Pero abanderar esta seguridad también le ha puesto en muchas ocasiones en el punto de mira, ya que se ha acusado que su aplicación era un refugio para grupos terroristas como el ISIS o el Estado Islámico o para grupos de narcotraficantes o pedófilos.

"Sorpresa" entre los especialistas

Que haya sido un caso de esta naturaleza el que haya desembocado en el bloqueo temporal de Telegram en España es una de las cosas que más ha llamado la atención. "Es bastante sorprendente que ocurra por una demanda de propiedad intelectual cuando en otros momentos ha habido investigaciones en materias como terrorismo, pornografía infantil o narcotráfico, que parecen más justificadas", asegura en un comunicado Fernando Suárez, presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática. Este experto compara esta situación con la decisión hipotética de "cerrar completamente una provincia en nuestro país porque dentro del territorio se produjese un robo o un caso de narcotráfico".

"Hay cosas mucho más sangrantes. Y esta medida, además de surrealista, es desproporcionada", argumenta Jorge Campanillas, experto en derecho digital. El socio director de Iurismática Abogados pone en duda que una medida similar se hubiera tomado si fuera una plataforma del tamaño de WhatsApp la que estuviera en el punto de mira. "Por ejemplo, hace unos meses hubo mucho debate con el tema de los grupos de adolescentes en WhatsApp en los que se compartían imágenes sexuales de menores. La aproximación que se hizo fue la de identificar a los miembros y clausurar el canal, no la de bloquear toda la aplicación", añade este experto, que insiste en que, en caso de confirmarse el veto a Telegram, sería algo "desproporcionado". "Lo sería porque afecta a un derecho fundamental como el derecho a la comunicación o la libertad de expresión, cosa que el derecho a la propiedad intelectual no lo es", añade Campanillas, que puntualiza que esta medida tendría efectos también económicos para empresas y profesionales que lo utilizan como "herramienta de comunicación".

El abogado Carlos Almeida, también especialista en derecho tecnológico, hace una observación sobre la decisión de Pedraz. "En el artículo 270, el legislador da potestad para bloquear un servicio de la sociedad de la información. Es decir, un portal de internet", recuerda. "Aquí estamos hablando de una aplicación. Un software cuyo principal objetivo es la libre comunicación, que es un derecho fundamental", sentencia. Almeida recuerda, además, que hay herramientas que permiten fácilmente saltarse el bloqueo en caso de que llegue a producirse. "Basta con instalarse un proxy", añade. Algo que también apunta Campanillas, que dice que la medida puede ser bastante inefectiva. "Utilizando una VPN, realmente, el que realmente quiera acceder a ese contenido objeto de reclamación va a poder seguir haciéndolo".

El antecedente brasileño

El pasado año, Telegram vivió una situación similar a la ordenada por el juez Pedraz en Brasil, donde llegó a estar fuera de funcionamiento durante unos días. El juez tomó la decisión de suspender su actividad al considerar que la plataforma creada por Durov no estaba colaborando en la investigación contra una serie de grupos neonazis, ya que la Policía Federal consideraba la aplicación de mensajería una herramienta clave de comunicación para su actividad. Cuando se le solicitó una serie de datos de los participantes en los canales, la compañía los proporcionó parcialmente, lo que desencadenó esta medida.

Poco después, otro tribunal brasileño revirtió la decisión, alegando que era un movimiento desproporcionado. "No es razonable, considerando la amplia afectación en todo el territorio nacional a la libertad de comunicación de miles de personas absolutamente ajenas a los hechos investigados", aseguró en su orden el magistrado. Eso sí, en su resolución también apelaba a la responsabilidad de las tecnológicas: "Deben entender que el ciberespacio no puede ser un territorio libre, un mundo diferente donde rige un nuevo contrato social, son sus propias reglas creadas por los actores que lo explotan comercialmente".

"Creo que la solución menos mala es que el Consejo General del Poder Judicial entre a matizar la orden y no se bloquee Telegram", explica Román Ramírez, experto en ciberseguridad y fundador de la RootedCON, uno de los encuentros más importantes del sector a nivel nacional. "Si aplicas el bloqueo, estarías obligando a miles de personas a utilizar herramientas para saltarse la prohibición para ejercer un derecho básico. Si no lo haces, dejas en evidencia la decisión judicial". Este experto apunta además que esta política de perseguir el bloqueo generalizado es producto de que perseguir los casos individualmente es mucho más complicado y costoso para los que reclaman esos derechos.

Ramírez recuerda que las expectativas de tener un cifrado de calidad y que las personas lo usen para protegerse "no es ilegal". "Es importante subrayarlo y como existe esa demanda de proteger información o nuestras conversaciones, herramientas como Telegram ofrecen ese cifrado de extremo a extremo", comenta. El cifrado de extremo a extremo asegura que nadie, ni las propias aplicaciones, pueda acceder a lo que se envía entre los usuarios.

¿Realmente una empresa como una app de mensajería instantánea no puede saber ni controlar que no se envíen contenidos ilegales? Sí y no. "Ellos podrían saberlo si lo monitorizasen mucho más activamente", explica este ingeniero. Aunque podrían crear sistemas de detección, alterar el archivo ligeramente para evitarlo no es en absoluto difícil. "Es decir, la tecnológica tendría que hacer un control mucho más expeditivo y mucho más agresivo, visionando todo lo que se envía", apunta. "Y eso supone ver la copia ilegal de Harry Potter, pero también el video íntimo que mandé a mi amante. Eso conlleva un ataque a la privacidad, que es imposible ponerlo en marcha. No hay por dónde cogerlo".

Un debate antiguo

Este asunto no es más que un episodio más de un debate mucho mayor y que es bastante antiguo. El debate de la responsabilidad que tienen las plataformas de internet de cómo las personas utilizan esas herramientas y hasta dónde llegar el control que ejercen sobre el contenido que intercambian o crean los usuarios. El caso más significativo se produjo el año pasado en internet cuando la Sección 230 de la Ley de Decencia de las Telecomunicaciones llegó al Supremo de EEUU. Se trata de un artículo que permite a las fuerzas vivas de internet (Facebook, YouTube, Instagram…) eliminar o no contenidos discrecionalmente sin tener que dar explicaciones por ello.

Las familias de dos víctimas de atentados terroristas demandaron respectivamente a Google y a Twitter, para exigir que las plataformas online se implicaran para censurar los contenidos terroristas. El alto tribunal estadounidense optó por mantener la norma tal y como estaba, pero hay una serie de procesos abiertos que pueden acabar modificando este principio.

En España también se ha vivido un conflicto de estas características con el largo proceso judicial que vivió Menéame por el insulto de un usuario al protagonista de una noticia de un caso de corrupción. El asunto llegó al Constitucional, pero finalmente se mantuvo la condena a la plataforma y con ello la obligación de las plataformas de "retirar contenidos ilícitos" de sus webs. Los argumentos de Menéame eran que esto abre la puerta a que ya no solo los jueces sean los que tienen potestad para censurar contenidos en internet así como la generalización de la censura algorítmica, mucho más imprecisa pero barata que la humana. "Aquí lo que se discute, en todos los casos, es cómo se ejerce el control en internet", apunta Almeida.