Telefónica dice adiós al contrato de 41 millones de las pulseras antimaltrato

Es uno de los contratos públicos que más controversia han generado en los últimos años y, recientemente, ha experimentado un nuevo giro. Telefónica ha decidido no presentarse a la licitación pública de la gestión de las pulseras antimaltrato que más de 3.000 procesados llevan actualmente en España para controlar que cumplan la orden de alejamiento y no se acerquen a sus víctimas. La operadora pone fin así a un servicio que llevaba prestando de manera ininterrumpida desde 2009 y que dejará de ofrecer en mayo de 2024.

La licitación ha generado diversas polémicas durante la última década. Primero, porque, al inicio de este proyecto, el Gobierno (bajo la presidencia de José María Aznar) reservó un presupuesto muy reducido (cercano a los tres millones de euros), provocando que en muchos concursos solo hubiese una oferta y que uno de ellos incluso quedase desierto ante la falta de interés por parte de las empresas. En segundo lugar, por el funcionamiento de dichas pulseras, que en ocasiones daban error y ocasionaban falsos positivos, además de convertirse en una herramienta para maltratadores que se acercaban a sus víctimas simplemente para hacer saltar la alarma y, con ello, generar un miedo en ellas.

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El pasado 20 de julio, la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género hizo pública la apertura del proceso de contratación de este servicio con un presupuesto base de 41,38 millones de euros (45,5 millones con impuestos incluidos) y unos plazos más que ajustados. La fecha límite para presentar ofertas expiró el 22 de agosto y el pasado viernes, día 25, saltó la sorpresa: Telefónica no había concurrido.

El acta de la reunión solo refleja dos licitadoras: Vodafone y Buddi Limited, una empresa británica especializada en el desarrollo de pulseras de seguridad con botones de alerta, una tecnología muy similar a la que necesita el Ministerio de Igualdad. De aquí al próximo 7 de septiembre, la mesa de contratación evaluará ambas ofertas para examinar a quién adjudica el contrato por los mencionados 41,38 millones. La gran pregunta es qué ha cambiado para que Telefónica, 14 años después, opte por salirse de este contrato justo cuando su cuantía era la más abultada y cuando, a priori, lo tenía todo para ser otra vez la ganadora.

Márgenes cada vez más estrechos

Consultada al respecto, Telefónica ha preferido no dar explicaciones sobre la decisión de no concurrir a esta licitación. Sin embargo, varias fuentes del sector señalan algunas variables que están haciendo que muchos proveedores, tanto en este concurso como en otros, se lo piensen dos veces antes de presentarse. La primera es una creciente exigencia por parte de la Administración en la prestación del servicio, sin subir, sin embargo, el presupuesto de forma proporcional.

En este caso, tal y como indican los pliegos consultados por El Confidencial, de los 3.000 dispositivos con los que se comenzó este programa en 2009, el número fue bajando paulatinamente y, en los últimos años, ha vuelto a subir. A finales de 2017, el Gobierno contaba con 1.019 pulseras activas en España, mientras que a finales de 2022 la cifra era de 3.230.

Además, la empresa que se lleva el contrato debe encargarse tanto de instalar el dispositivo (en caso de que una pulsera sea asignada a un nuevo maltratador) como de desinstalarlo (en caso de que se haya estropeado o de que el condenado deje de usarla por obligación legal). Así pues, mientras en 2017 hubo 939 instalaciones y 804 desinstalaciones, en 2022 estos números se elevaron hasta las 2.371 instalaciones y 1.761 desinstalaciones.

A la mayor exigencia por parte de la Administración hay que añadir una creciente competencia entre operadores por hacerse con estos contratos, lo que está empujando los precios a la baja. "Hace unos años, Telefónica se llevaba la mayoría de estos contratos, pero ahora es diferente. Igual que ocurre en el mercado residencial, donde hay una competencia enorme, esto se ha trasladado al terreno de la Administración pública", señala un directivo del sector con conocimiento directo de este tipo de licitaciones.

Un ejemplo de esta competencia es el megacontrato adjudicado el año pasado por la Comunidad de Madrid a Orange por 52 millones de euros para gestionar todas las comunicaciones del organismo (voz fija, móvil y herramientas de videoconferencia). Se trata de un contrato tradicional de telecomunicaciones en el que el proveedor mejor posicionado siempre habría apuntado a Telefónica, pero que Orange empujó a la baja en precio, hasta el punto que Telefónica decidió no concurrir. Esta se llevó otros lotes del concurso, como la gestión del tráfico de datos entre diferentes centros de la CAM, por casi 24 millones de euros (de un megacontrato total de 117 millones de euros), pero no el lote principal.

Hay una tercera variable en juego: en muchos de estos contratos, el proveedor de referencia (Telefónica, Vodafone, Orange...) necesita buscar un socio tecnológico especializado que le ayude con ciertas partes del servicio. Por ejemplo, para ofrecer las pulseras antimaltrato, Vodafone ha acudido con un socio especialista en este hardware, lo cual estrecha los márgenes aún más. En su caso, Telefónica estaba ofreciendo el servicio en colaboración con Securitas Direct. A más complejidad, mayor coste de prestación y precios a la baja, menor rentabilidad. Las cuentas no salen.

Un servicio adjudicado a Telefónica durante 15 años

Las pulseras antimaltrato siempre habían sido desarrolladas y gestionadas por Telefónica. Empezaron a funcionar el 24 de julio de 2009, cuando el Ministerio del Interior dispuso de los 3.000 dispositivos fruto del primer contrato entre el Gobierno y ambas empresas. Un año después, en 2010, el Gobierno lanzó una nueva licitación negociada, por valor de 3,81 millones de euros, adjudicada de nuevo a dichas compañías.

En marzo de 2014 llegaría la tercera licitación, a partir de aquí en formato de concurso público, que nuevamente fue adjudicada a Telefónica por un importe a la baja de 3,47 millones de euros. La teleco repitió victoria en junio de 2016, en un concurso de 3,19 millones en el que no hubo más compañías interesadas: la única oferta fue la suya.

La primera sorpresa llegó en octubre de 2017. El Ejecutivo aumentó visiblemente el presupuesto del contrato, que pasó de 3,19 a 12,47 millones de euros, ya que en la ejecución se preveía la mejora de la tecnología, el desarrollo de nuevas pulseras y la sustitución de las antiguas. Sin embargo, el concurso quedó desierto: nadie presentó oferta alguna. Según la visión de partidos y sindicatos en su momento, la ausencia de licitadores se debía a que las nuevas exigencias del contrato ya no lo hacían rentable, ni siquiera con el aumento de la asignación presupuestaria.

Ante este parón, el Gobierno relajó las exigencias (la sustitución de pulseras ya no se haría en apenas cuatro semanas) y subió el presupuesto. El nuevo contrato, adjudicado en mayo de 2018 por 12,89 millones, lo ganó Telefónica. Eso sí, la compañía fue, de nuevo, la única que se presentó al concurso público.

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La explosión económica de la licitación se produjo en julio de 2021. La Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género multiplicó casi por cuatro el importe del contrato, elevándolo hasta los 40,59 millones de euros, una subida justificada por la necesidad de introducir "mejoras tecnológicas que permitan la mejora de las soluciones TIC para la Administración al servicio de las víctimas". Una vez más, Telefónica fue la única que presentó oferta y se adjudicó el contrato, aunque en 2023 este fue modificado, ya que el Ministerio de Igualdad decidió cambiar el modelo de pago: frente al pago por uso de dispositivos que venía haciendo hasta entonces, optó por comprar directamente dichos aparatos.

En la licitación lanzada este verano, el presupuesto ha vuelto a subir: ahora es de 41,38 millones de euros, una cantidad que se disputarán Vodafone y Buddi Limited en los próximos meses. Sin embargo, las exigencias adicionales del contrato hacen que, al menos para Telefónica, y por primera vez en 14 años, no le resulte rentable entrar en la batalla por la adjudicación.