el concurso público, desierto ante la falta de candidatos

Alarma ante la obsolescencia de las pulseras antimaltrato: "Esta tecnología falla mucho"

1.037 maltratadores españoles llevan actualmente una pulsera de seguimiento, pero la tecnología está ya muy atrasada y ninguna empresa ha querido optar a renovarlas

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La violencia machista es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta nuestro país. No solo se demuestra con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género suscrito por los grupos parlamentarios en el Congreso, sino también en la necesidad de luchar contra una lacra social que, desde 2004, ha acabado con la vida de 829 mujeres.

Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy se enfrenta a un grave déficit tecnológico: el de las pulseras de seguimiento a los maltratadores, que, según los testimonios a los que ha accedido este periódico, fallan en cerca del 60% de ocasiones. La tecnología ha quedado obsoleta, hasta tal punto que ninguna empresa española se ha presentado al concurso público para gestionar este servicio en nuestro país.

Así funciona la pulsera de seguimiento

El sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas y penas de alejamiento en el ámbito de la violencia de género, en funcionamiento en España desde julio de 2009, consta de tres patas: el dispositivo que lleva el agresor, el que lleva la víctima y la vigilancia ejercida desde el Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa).

El agresor debe llevar siempre consigo un brazalete de radiofrecuencia y un dispositivo GPS para poder ser localizado, mientras que a la víctima se le suministra otro aparato GPS que, además, dispone del llamado 'botón del pánico' para alertar en caso de producirse una posible agresión o un acercamiento. En Cometa, por su parte, se encargan de comprobar el correcto funcionamiento de los dispositivos y de intervenir en caso de emergencia.

Si hay fallos, la policía tiene que llamar a la víctima para asegurarse de que está bien mientras se recupera la señal

En caso de que saltase alguna alerta por pérdida de señal, Cometa debe reaccionar rápidamente: "En menos de 10 minutos tenemos que avisar a los juzgados y a la policía", asegura a este diario una trabajadora del centro.

Además, "la policía tiene que llamar a la víctima para asegurarse de que está bien mientras se soluciona la incidencia y se recupera la señal". Una vez recuperada, la situación volverá al estado de calma inicial.

"La tecnología está obsoleta y falla mucho"

Las condiciones de trabajo y la necesidad de rapidez ya introducen ciertos problemas en el trabajo de Cometa, pero hay un factor que agrava aún más la situación: "Las pulseras fallan constantemente", asegura la trabajadora.

¿Y eso por qué? "La señal se pierde de manera muy frecuente. La mayoría de las veces pueden ser errores puntuales o que se solucionen rápido, si se ha acabado la batería o si el agresor está en un sitio con poca señal, pero de todos modos tenemos que actuar enseguida. Además, aunque haya errores que sean falsas alarmas, estamos hablando de situaciones de violencia de género. No es normal que haya tantos fallos".

En el 60% de ocasiones hay fallos: ¿y si un día hay un asesinato que se podría haber evitado si las pulseras no hubiesen dado errores?

Otro trabajador del centro avala esta visión: "Estamos trabajando con tecnología de 2009. Las pulseras funcionan con señales 2G y 3G que, además, dan fallos de manera constante. Si tenemos protocolos de urgencia y de máxima gravedad, no podemos permitirnos actuar con una tecnología tan obsoleta", explica.

Los riesgos que asume Cometa, en opinión de este empleado, son sumamente graves: "En más del 60% de ocasiones hay fallos de algún tipo, son demasiados errores, y corremos el peligro de 'relajarnos' y pensar que estamos ante falsas alarmas, pero ¿y cuando estemos en situaciones de emergencia real? La tecnología obsoleta permite que incluso haya maltratadores que provoquen fallos aposta para poner nerviosas a las víctimas, ya que la policía tiene que avisarlas. ¿Y qué si va más allá? ¿Si un día hay un asesinato que se podría haber evitado si las pulseras no fallasen?", se pregunta.

Ninguna empresa quiere gestionar las pulseras

El sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas y penas de alejamiento en materia de violencia de género funciona en España desde 2009, cuando el Gobierno invirtió cinco millones de euros en la compra de 3.000 pulseras de seguimiento. Con el tiempo, las unidades han aumentado: según el Ministerio de Sanidad, desde 2009 se han instalado 5.245 pulseras, de las que, a enero de 2018, permanecían activas 1.037.

Desde su implantación en 2009, el contrato siempre ha sido adjudicado a Telefónica y su ejecución corría a cargo de Securitas Direct. Sin embargo, ninguna empresa española ha concurrido al concurso público que el Gobierno convocó el pasado 27 de octubre para renovar esta gestión.

Los motivos de la ausencia de competidores se desconocen, pero se pueden intuir: según la visión general de partidos y sindicatos, se debería al escaso presupuesto destinado a este contrato. Y es que, pese a que los 12,4 millones de euros por tres años que se detallan en esta última oferta superan en cerca de un 30% al último presupuesto, la nueva licitación implica que la empresa adjudicataria renueve todas las pulseras y mejore su fallida tecnología.

PSOE y UGT han reclamado al Gobierno una batería de mejoras tanto en el funcionamiento de las pulseras como en el contrato de adjudicación de esta tecnología. Mientras tanto, ante la polémica y la ausencia total de candidatos, el Ejecutivo ha asegurado que mejorará las condiciones de dicho contrato para que diversas empresas decidan concurrir al concurso.

Este diario ha entrado en contacto hasta en dos ocasiones con el Ministerio de Sanidad para conocer su versión sobre este asunto, pero no fue posible recabar su versión, mientras que Telefónica y Securitas Direct han declinado hacer declaraciones.

"Las empresas no se han implicado"

Para Ángeles Carmona, secretaria judicial desde 1994 y actual presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, son estas empresas, y no la Administración, quienes deben recibir el reproche: "Me produce cierta tristeza que ninguna se presente, pues parece evidente la falta de implicación de las empresas en la lucha contra la violencia de género". En su opinión, "deberían implicarse más en esa lucha y apostar más por la responsabilidad social corporativa y no quedarse solamente en criterios estrictamente económicos, como que el contrato no resulte rentable o no suponga suficientes beneficios".

Y es que, para Carmona, el nuevo contrato del Gobierno es totalmente lógico y asumible para dichas empresas: "La tecnología del sistema es GPS, que era la más moderna cuando empezaron a funcionar los dispositivos, pero ahora se impone el 4G, con lo que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha querido actualizar la tecnología y ha impuesto el 4G en el nuevo contrato ofertado".

Carmona, además, difiere del concepto de la 'falsa alarma' provocada por los fallos en las pulseras: "No existen las alertas o alarmas falsas ni los fallos técnicos. Cuando un dispositivo emite una señal, es porque alguna situación de riesgo se ha detectado para la víctima, ya sea que el mismo se ha quedado sin batería, está fuera de cobertura o se ha perdido la señal, o bien el maltratador se ha introducido o acercado a la zona de exclusión fija o móvil". Para la trabajadora del Centro Cometa consultada por este periódico, Carmona "está haciendo trampa con el concepto. Para una víctima de violencia de género, una alarma es que su maltratador quiera agredirla. Que su pulsera se quede sin batería o dé error no es una alarma, es un fallo de la tecnología que no se puede ignorar".

Si la pulsera falla, se avisa a la víctima y quizá solo ha sido un error de señal, ¿qué 'tranquilidad' es esa para la víctima?

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género defiende el funcionamiento de estos dispositivos: "En España no se ha producido ningún asesinato ni lesión grave de mujeres con un dispositivo electrónico instalado". De hecho, "nunca podremos saber el dato de las vidas que se han salvado gracias al dispositivo, pero tenemos acreditado su efecto disuasorio y la tranquilidad que otorga a la víctima".

Para la empleada de Cometa, de nuevo, estas afirmaciones son discutibles: "Las anteriores pulseras ya fallaron, como pasó en Pontevedra en 2008, y podríamos tener nuevos casos. Además, no solo se trata de que haya o no asesinatos por estos errores. Si una pulsera falla y se avisa a una víctima cuando a lo mejor solo ha sido una pérdida momentánea de la señal, ¿qué tranquilidad se le está dando a la víctima, si se la ha puesto en alerta ante una situación que en realidad no entrañaba peligro?", se pregunta.

Como vemos, las culpas van disparadas de un sitio para otro, pero las pulseras siguen sin mejorar su funcionamiento y sin renovarse. Mientras tanto, las víctimas de violencia de género españolas viven en una angustiosa dicotomía: pese a haber conseguido que sus agresores lleven pulseras de vigilancia, los constantes fallos de esta tecnología las mantienen en una situación de alerta permanente que en ningún caso debería existir.

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