Violencia de género: El Gobierno relaja las condiciones para renovar las pulseras antimaltrato obsoletas
quiere evitar que el concurso vuelva a quedar desierto

El Gobierno relaja las condiciones para renovar las pulseras antimaltrato obsoletas

Amplía los tiempos para la sustitución de los equipos obsoletos y eleva un millón de euros el presupuesto, además de asegurar un cobro fijo más elevado que no dependa del número de dispositivos

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El BOE de hoy recoge el anuncio de licitación del contrato para el sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género o, lo que es lo mismo, la sustitución, el mantenimiento y el control de las pulseras para el cumplimiento de medidas de alejamiento. Es la segunda vez que licita este contrato, que quedó desierto en 2017. Y lo hace vía procedimiento de urgencia, puesto que el actual contrato finaliza el próximo siete de junio.

Los tiempos son muy justos, puesto que la apertura de la oferta económica será el cuatro de junio, solo tres días antes. De hecho, uno de los cambios que el Gobierno ha introducido en las condiciones es que relaja los plazos para la sustitución de los viejos dispositivos. En ambas licitaciones -la que quedó desierta y la nueva, anunciada hoy-, los pliegos estiman cuatro semanas para la implantación del servicio, un plazo que, de no cumplirse, podrá llevar a la rescisión del contrato. Pero si en el anterior ese plazo incluía la retirada de las pulseras viejas y la instalación de las nuevas, en el nuevo han eliminado esa obligación. La sustitución de dispositivos se realizará según la planificación ofertada por la empresa que se lleve el contrato, y no -al menos de forma obligatoria- en esas cuatro semanas.

La sustitución de dispositivos, de hecho, es una de las claves del nuevo contrato. Las pulseras que se utilizan, puestas en marcha en 2009 cuando se adquirieron 3.000, han sido cuestionadas por las falsas alarmas y su obsolescencia. 1.092 dispositivos de los que llevan los investigados o condenados han sido robados, perdidos o ya no funcionan.

Un millón extra

Otro de los cambios es su precio. Si el anterior contrato tenía un presupuesto máximo de licitación de 12,48 millones por tres años , el actual es de 12,89 por dos años y medio, esto es, de 4,15 a 5,16 millones al año, si calculamos la media -no todos los años se cobra el mismo precio. Pero ese millón extra no es el único cambio introducido para evitar que el contrato vuelva a quedarse desierto.

Esas cifras globales son un presupuesto máximo y no suponen que eso sea lo que, al final, cobre la empresa adjudicataria. Están formadas por dos tipos de cuantías: lo que recibe de base la empresa por la sustitución, mantenimiento y puesta en marcha del sistema -un precio fijo- y lo que cobrará por cada aparato en funcionamiento, por día -variable. Lo que ha hecho el Gobierno es inflar la cuantía fija y reducir la variable. Así, las empresas aseguran el grueso de los ingresos lo antes posible y sin depender del número de pulseras en marcha.

En concreto, los pliegos antiguos establecían que el máximo a cobrar de base por los tres años era de 847.243 euros, y cada dispositivo instalado en víctima e investigado, de 10,74 euros al día. Los nuevos pliegos cambian la distribución para elevar a 6,2 millones el coste fijo por dos años y medio y reducir a 8,26 euros el precio unitario.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España, Dolors Monserrat (Foto: EFE)
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España, Dolors Monserrat (Foto: EFE)

Sobre estas cuantías, tanto la fija como la variable, las empresas participantes podrán ofertar rebajas, que supondrán el 55% de la valoración (frente al 60% del contrato que quedó desierto). El otro 45% se decidirá bajo criterios técnicos: tiempo de respuesta, instalaciones, plan de implantación…

La empresa adjudicataria contratará a los 53 trabajadores que en la actualidad ofrecen este servicio y se compromete a, además de los coordinadores y responsables, contar con 45 operadores de alarmas siempre que el número de pulseras no supere las 1.200.

A diciembre de 2017 había 1.019 dispositivos en funcionamiento. La previsión del Gobierno es que esa cifra suba hasta los 1.240 en 2019 y los 1.335 en 2020.

Si el Gobierno consigue, esta vez sí, que las empresas se presenten y elegir un adjudicatario, el contrato podrá prorrogarse por otros dos años y medio, hasta cinco años, doblando del mismo modo el presupuesto. Además, ese precio se podrá aumentar -por ejemplo, si el número de pulseras es superior a lo estimado- un 20% extra.

Artículo publicado originalmente en Civio.

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