La trifulca vecinal que te espera: el del 4º ha instalado una cámara y me está grabando

"Mira, te voy a contar un caso. Aquí instalamos por seguridad cámaras en los rellanos. Todo el mundo aceptó. Un día hubo unos destrozos enormes tras una fiesta, pusimos una denuncia para acceder a las imágenes y ver quién había sido, pero un vecino se opuso, no quería que las viéramos. Incluso amenazó con denunciar. Luego supimos por qué: aparecía en las grabaciones entrando y saliendo del piso de la vecina de enfrente. Parece que ella es su amante. Él está casado, claro, y vive con su mujer". Así explica un vecino del centro de Madrid la situación que están sufriendo cada vez más personas en sus viviendas. Salen al rellano y se topan con una cámara. Llegan al portal, y otra. Entran en el garaje, otra. La proliferación de cámaras de videovigilancia instaladas de forma irregular en comunidades de vecinos se ha disparado en el último año y está generando una nueva batalla campal por la privacidad.

"Este debe ser el piso más seguro de toda la ciudad. El 70% de los que vivimos aquí somos militares. Pero el del bajo es un asustaviejas, está loco, debe tener miedo a que le roben y aprovechó que le tocaba ser presidente para convocar una junta extraordinaria en pleno verano, solo había cinco de 24 vecinos. Consiguió aprobar que se instalaran cámaras por todo el bloque, hay ocho en total. Una para el portal y otra apuntando a cada puerta del ascensor. Esto no es ni legal. Sientes como si te estuvieran espiando, ha generado una sensación de pánico injustificada", explica Jesús (nombre ficticio), vecino de una localidad sevillana que ya estudia cómo tomar medidas legales.

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Peleas como estas aterrizan cada día en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que el año pasado registró 2.200 reclamaciones relacionadas solo con asuntos de videovigilancia. Es casi un 30% más respecto a 2021 (año en el que subieron un 40%) y ya supone la segunda categoría de quejas sobre privacidad realizadas por los ciudadanos, a la par que las relacionadas con "servicios de internet". Todo apunta a que este año ascenderán a la primera categoría.

Muchos de estos casos acaban también en @liosdevecinos, la cuenta en Twitter e Instagram que, desde hace cinco años, publica los carteles que aparecen en los portales destapando el incivismo. La mayoría son tan cómicos y surrealistas que se han convertido en un género literario urbano en sí mismo. "Recibimos más de 30 al día, hemos publicado más de 3.000, pero filtramos bastante. Muchos, digamos, no se pueden ni mostrar...", se ríe Javier Aguayo, la persona que mantiene las cuentas desde Pamplona con ayuda de su primo, y nos envía algunos greatest hits. "Hemos grabado a tu perro meándose. Lo tenemos grabado. Y seguimos grabando. ¡So cerdo!". "Señora: no se lleve más plantas, está siendo filmada cada vez que lo hace [con pantallazos adjuntos de la señora]".

"Lleva años sucediendo, pero ahora se ha disparado por lo baratos que son estos dispositivos y lo fáciles que son de instalar y manejar. Basta con darse una vuelta por las resoluciones de la AEPD para hacerse una idea de los conflictos que existen", explica a este diario Jorge Campanillas, abogado especializado en tecnología y privacidad que lleva tiempo investigando este asunto.

La casuística es infinita. Vecinos que instalan una cámara en su terraza, pero apunta a la piscina comunitaria; otros que la ponen para pillar al que les tira colillas en el toldo de la terraza, al que roba plantas o al que deja que el perro haga sus necesidades en el portal; los hay que también acceden sin permiso ni denuncia previa a las imágenes almacenadas. En prácticamente todos los casos se está infringiendo la ley, al no grabar o almacenar los datos de forma correcta.

"La primera regla básica es que no se pueden grabar áreas comunes, rellanos ni zonas de acceso a las viviendas. Por supuesto, tampoco la vía pública, esto está prohibidísimo. La comunidad de propietarios tiene que aprobar la instalación de las cámaras, basta una mayoría simple, pero luego hay que almacenar las imágenes correctamente durante un mes, informar con un cartel de la grabación y designar a una persona como responsable del acceso, siempre con una denuncia de por medio e intervención policial", explica a este diario Samuel Parra, jurista especializado en derecho digital y privacidad.

"Hace poco, una comunidad de vecinos en Madrid decidió instalar cámaras en un garaje para prevenir robos, pero un vecino se opuso. El conflicto muchas veces surge por quién y cómo se visualizan las imágenes. Al final tienes que contratar a una empresa especializada, que registra los equipos en la AEPD y con una persona designada también ante la AEPD para acceder y entregar las imágenes a la Policía en caso de que se requieran", explica Manuel Pellejero, administrador de fincas colegiado que confirma el boom de esta problemática. "Nosotros tenemos consultas y conflicto con esto cada día".

"Ahora todo el mundo quiere instalar cámaras, pero nadie quiere estar controlado. Tenemos vecinos que nos llaman para instalarlas de forma urgente, pero luego el resto de la comunidad se opone. Y luego hay un desconocimiento total de las leyes más básicas de seguridad. Un vecino nos llamó una vez porque había dado una fiesta en su casa y alguien se largó con sus zapatillas. Quería que accediéramos a las imágenes para comprobar si se veía al culpable saliendo con ellas. Es surrealista", explica otro administrador colegiado que prefiere mantener el anonimato y cuya empresa gestiona más de medio centenar de comunidades en el centro de Madrid.

Este y otros administradores cifran el coste de instalar cámaras en una comunidad de vecinos en 300 a 500 euros, más unos 50 euros al año de mantenimiento. Grabar de forma unilateral, alcanzando zonas comunes y sin cumplir la normativa de almacenamiento y acceso a las imágenes, puede suponer sanciones de la AEPD de varios miles de euros dependiendo de la gravedad de la infracción. Es, además, el primer paso de una disputa que puede llegar a los tribunales si una de las dos partes demanda. Si quien comete la irregularidad es una empresa, la multa de la AEPD puede situarse entre los 40.000 y los 300.000 euros si se cataloga como grave, o llegar a los 20 millones o el 4% de facturación anual de la compañía en caso de ser muy grave.

De la polémica tampoco se libran los videoporteros. Si se trata de dispositivos tradicionales que se activan solo cuando alguien llama a la puerta de entrada en el bloque y no graban imágenes, no estarían incumpliendo ninguna normativa, se entiende que se emplean para un uso estrictamente doméstico. Sin embargo, si son capaces de grabar de forma continuada, sí deben cumplir la misma normativa que las cámaras de videovigilancia. Las mirillas electrónicas, sin embargo, instaladas en las puertas de cada vivienda y con capacidad para grabar, no infringen las leyes de privacidad, según una resolución reciente de la AEPD, por lo que no se necesita permiso de los vecinos para instalarlas. De todas formas, la AEPD se pronuncia caso por caso, así que en una nueva resolución podría multar a alguien por el uso de mirillas digitales.

"El problema aquí es demostrar que están grabando. Un vecino puede denunciar a otro por, supuestamente, grabar permanentemente con estas mirillas electrónicas, pero esta persona puede borrarlo todo. ¿Cómo demuestras que te ha grabado? Es casi imposible", señala Parra, quien incide en que hace falta, ante todo, mayor difusión de lo que se puede hacer y no legalmente. "Muchos se obsesionan en grabar al vecino para obtener una prueba de su falta de civismo", dice Aguayo. "De lo que no se dan cuenta es de que en realidad ellos se están metiendo en un problema mucho mayor".