El 5G chino sigue ganando terreno en las redes: por qué España no sabe qué hará con él

En la lista de tareas por despachar que tiene pendiente el Gobierno español se encuentra el espinoso asunto de elaborar la lista de "proveedores de riesgo" en el ámbito de las telecomunicaciones. Es algo que incluso le ha valido algún toque de atención por parte de Bruselas. Esta expresión no es más que el eufemismo que se ha acuñado a este lado del Atlántico para referirse, principalmente, a una empresa como Huawei. Una empresa que Estados Unidos puso en la diana durante el mandato de Donald Trump al considerar que suponía un riesgo para la seguridad nacional e incluirla en una lista negra con todo lo que ello conlleva. Todo sin hacer públicas las pruebas que le llevaron a ello.

Tras esta decisión, tomada en mayo de 2019, Washington comenzó una campaña de presión para que sus socios tomasen el mismo camino. El momento no era un momento cualquiera ya que las telecos de medio mundo estaban en ese momento empujando el despliegue de redes 5G, una infraestructura tecnológica para la que los chinos, especialmente Huawei, son actores de peso. Desde entonces, las operadoras españolas aguardan la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que todavía no tiene un horizonte temporal fijado para hacerla pública. Si la decisión se inclina hacia un veto amplio, esto podría suponer un importante traspié para lograr los objetivos en torno a la quinta generación de internet, pero también podría traducirse en un importante golpe financiero a los operadores que hayan recurrido en mayor grado a la multinacional de Shenzhen, por la dificultad para sustituir sus equipos.

Los proveedores chinos siguen muy presentes

Ahora un nuevo informe alerta de que a pesar de las señalas de alarma y el debate de los últimos tres años en torno a esta materia, Huawei y otros proveedores del país asiático siguen incrustados en la médula de las comunicaciones de varios países europeos como España. El texto también avisa de que lejos de reducir su exposición con el despliegue del 5G, muchas empresas de comunicaciones de todo el continente han aumentado esta dependencia. Según el estudio de la consultora Strand, de origen danés, casi el 60% de las redes 5G que se han desplegado a día de hoy del Viejo Continente cuentan a día de hoy con presencia de componentes hechos por Huawei o por ZTE, un competidor también alcanzado por las sanciones estadounidenses.

El país que lidera este ranking es Chipre, que hace pleno al tener su infraestructura 5G completamente montada con equipos chinos. Le sigue Rumanía, que todavía alcanza el 79% de equipos a pesar de tener aprobada desde 2021 una ley para prohibir completamente equipos de Huawei en ese país de Europa del Este. Le siguen otros como Países Bajos (72%), Bulgaria (62%) o Austria (61%).

Entre las grandes economías del euro, Alemania es la que aparece con un índice más alto (59%). Italia registra un 51% y España, un 38%, en línea con Polonia. "Sigue siendo una exposición preocupante", alerta a El Confidencial John Strand, fundador de la firma que lleva su propio apellido y reconocido investigador en materia de seguridad. Reconoce que hay varios países que se han movido "en la dirección correcta" pero que, debido a que otros no se hayan tomado esto lo suficientemente "en serio", hace que a la hora de la verdad esto "suponga una parte mínima de todos los clientes europeos".

"Ha habido mucha confusión y se han malinterpretado las restricciones comerciales y el veto de EEUU", argumenta. "No es una prohibición, tal y como lo entenderíamos tú y yo. Las empresas estadounidenses necesitaban una licencia para poder trabajar con Huawei. Y han sido más laxos que, por ejemplo, con el negocio de móviles".

La sala de reuniones y los pasillos

Para comprender por qué a los operadores les resulta tan difícil prescindir de estas empresas hay que entender varias cosas. La primera de ellas es conocer las dos partes vitales de una red de telecomunicaciones, el core (o núcleo) y la RAN (o acceso), Entre los que desconfían de estos proveedores, hay dos posturas. La primera de ellas, la más laxa, apuesta por restringir su presencia solo en el core. La de Estados Unidos y los que han seguido su camino entienden que hay que hacerlo integralmente.

Si una red de telecomunicaciones fuese la sede de una empresa, el núcleo sería esa sala de reuniones donde se toman las grandes decisiones, donde se realizan las partes más críticas y sensibles del proceso. En el exterior del edificio, estarían los móviles, routers, portátiles y otros equipos de los usuarios, es decir, el otro extremo de la cadena. Y los pasillos que conectan un lugar y otro sería lo que se conoce como el RAN, que en realidad son esos miles de antenas y estaciones base que se encargan de llevar la señal, encriptada en todo momento, de un punto a otro.

El origen de este problema, y por tanto la diferencia de pareceres sobre qué tipo de prohibición reduce más riesgo, es que con el salto al 5G se produce una virtualización de procesos que se han llevado desde el núcleo a las estaciones base con el fin de reducir el tiempo de respuesta y la latencia, una de las grandes promesas de esta tecnología. En resumen, que cosas que antes se hacían en el auditorio central, ahora se resuelven en conversaciones de pasillo. Y es por eso que EEUU, Japón, Australia y un puñado de países europeos no ven con buenos ojos la presencia china en ninguna parte.

El coste de los cambios

La cuestión, tal y como explican fuentes del sector consultadas por este periódico, es que cualquier cambio que haya que introducir en cualquier parte de la cadena tiene su particular coste. En el caso del núcleo el mayor peaje sería en tiempo, puesto que habría que construir otro "núcleo en paralelo" e ir haciendo migraciones del viejo núcleo progresivamente para no afrontar interrupciones de servicio. En el caso del RAN, el mayor peaje sería en términos económicos, ya que prescindir de los productos de una determinada empresa puede suponer tener que reemplazar miles de equipos y antenas con el coste que ello conlleva. También recuerdan el hecho de la encriptación de las comunicaciones.

En este punto cobra importancia una particularidad del mercado europeo: la enorme fragmentación. Por acción de Bruselas, que buscaban fomentar una competencia que se tradujera en mejores servicios y más baratos para los consumidores, la zona euro se convirtió en un enjambre de telecos. Mientras en China o Estados Unidos el pastel se reparte entre 3 o 4 jugadores, en Europa hay cientos. Las cinco mayores empresas del continente suman una cuota de mercado que no alcanza ni el 60%. Eso deriva en un escenario ultra competitivo, donde las empresas llevan años viviendo en una eterna guerra de precios que reduce sus márgenes y que les impide alcanzar, según sus postulados, en la mayoría de casos la dimensión de ingresos necesaria para acometer el despliegue de redes de nueva generación. En España, este ha sido el argumento que ha propiciado que Orange y MásMóvil quieran fusionarse para crear un campeón nacional de las telecomunicaciones que pueda manejar un volumen de negocio similar al de Telefónica.

Este panorama fue el caldo de cultivo perfecto para que a principios de la pasada década, cuando se estaban construyendo las redes 4G, Huawei y ZTE echasen raíces en el gremio europeo de las telecomunicaciones, ya que aparecieron con precios mucho más competitivos que sus rivales. Fueron los primeros en ofrecer una solución llamada Single RAN, que permitía combinar en una sola unidad las redes 2G, 3G y las advenedizas 4G en lugar de tener tres equipos diferentes, con el ahorro que suponía. "Ofrecían mucho más, por mucho menos", explica un directivo de la industria para ejemplificar por qué y cómo los proveedores chinos se hicieron tan importantes.

Aquí es donde entra en juego la Ley de Ciberseguridad 5G del Ejecutivo aprobada la pasada primavera. Una norma que contempla la creación o designación de zonas críticas, donde los mencionados "proveedores de alto riesgo" no pudiesen actuar. La cuestión es que no se conocen ni esas zonas de exclusión ni las empresas que estarán vetadas. "No es lo mismo tener que cambiar equipos de 400 puntos, que de 4.000", añaden las voces consultadas. "Si se opta por algo más amplio, esto puede afectar en el despliegue de nuevas zonas 5G, ya que la inversión que iría destinada a ese fin, tendría que ir destinada a esa contingencia".

Diferentes personas consultadas confirman que el "asunto está en una especie de punto muerto". Desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones aseguran, sin embargo, que ya han recopilado la información que han solicitado a los operadores y otros jugadores implicados y que se encuentran analizando dicha documentación, pero recuerdan que siempre han sido "partidarios de abordar el asunto con el tiempo que requiere algo de tal magnitud".

La cuestión no se trata solo de casar los intereses del sector, sino también aunar los diferentes sentimientos existentes en la administración pública. Los departamentos más relacionados con la actividad económica parecen más posicionados en una postura más laxa, mientras que los departamentos más relacionados con la seguridad nacional se inclinarían por una solución más dura. Sea como sea, Huawei parece estar moviendo ficha y haciendo trabajos de lobby ante un veto de mayor alcance. Recientemente, trascendió una reunión entre dirigentes de su filial en España y dirigentes de la CNMC.

Los operadores mueven ficha

En España, la situación varía mucho dependiendo de la operadora que se mire. Prácticamente todas se adelantaron a las autoridades, que manejan otros ritmos diferentes. La más contundente fue Telefónica, que incluso fue felicitada por Mike Pompeo, secretario de Estado con Trump, por este motivo. La empresa dirigida por José María Álvarez-Pallete, la mayor operadora del país y la que tiene una mayor estructura de ingresos, excluyó a Huawei tanto del core del 5G como de la RAN. Su exposición se limita a partes del core 4G. Orange y Vodafone, segunda y tercera operadora, respectivamente, optaron por no contar con los asiáticos en el núcleo pero seguir utilizando sus antenas. MásMóvil, cuarto operador y pretendiente de Orange, optó por no dar demasiada importancia a ningún suministrador para evitar crear dependencias excesivas.

A pesar de todo, recoge el informe de John Strand, a día de hoy la importancia de los proveedores chinos en lo que se refiere a antenas y estaciones base de las redes 5G en España es mayor porcentualmente comparada con la importancia de las redes 4G en 2020 (38% frente a 35%).

Las fuentes del sector consultadas dicen que esta cifra puede ser "engañosa" ya que la muestra actual es menor. "No hay tanta capacidad 5G como 4G desplegada y eso distorsiona una comparativa así". También apuntan que estas cifras corresponden a la fase inicial del despliegue del 5G, donde "había menos margen de actuación" debido a contratos y equipos ya instalados, ya que en el 5G NSA (non stand alone) el más fácil de poner en marcha, se hace actualizando la infraestructura de las redes anteriores. "Hay muchos mercados que todavía están en esa fase".

El autor del informe defiende su texto y pone el acento en los teleoperadores, "que son los responsables últimos del asunto". "Esto es como cuando vas a coger un taxi. El Gobierno pone unas normas de circulación, pero tú te preocupas de ponerte el cinturón y de que el conductor no vaya borracho. Hay algunos operadores que ya se han dado cuenta de ello y han actuado de forma responsable", pues aquí lo mismo.

No terminan de creerse los argumentos de que sustituir a los proveedores chinos sería inviable económicamente y apunta a otros motivos. "En relación con 5G, la experiencia de Dinamarca, Suecia, Noruega y Bélgica muestra que los otros jugadores pueden competir con Huawei y ZTE en precios y calidad", añade. También opina que algunas empresas de telecomunicaciones pueden estar aguardando a mover ficha, pensando que "una prohibición" activaría ayudas estatales para compensar esto. "No lo hará", asegura. "Eso probablemente sería contrario a las normas de ayudas estatales de la UE".