El 'papelón' de Trabajo con la multa a Glovo: ni éxito de la 'ley rider' ni tanto de Díaz

Este miércoles, la vicepresidenta Yolanda Díaz amanecía con un preciado trofeo político. Glovo recibía un multazo histórico de 79 millones por el uso de un ejército de 10.000 falsos autónomos en Barcelona y Valencia. Rápidamente, todas las miradas, titulares y palmadas en la espalda se dirigieron a la 'ley rider', uno de sus proyectos estrella desde que entró al Ministerio en 2020 de la mano de Unidas Podemos. La sanción era un espaldarazo enorme a una norma, en funcionamiento desde hace 13 meses, que estaba siendo cuestionada, entre otras cosas, por su incapacidad para meter en vereda a la empresa catalana, que desde el día uno se negó a contratar a sus repartidores. Pero en realidad, la victoria de Yolanda Díaz y de la 'ley rider', por ahora, no ha existido. Porque, a pesar del triunfalismo inicial, pocas horas después quedaba claro que el castigo correspondía a pesquisas de la Inspección laboral previas a que la norma estuviese vigente.

En medio de la ceremonia de la confusión provocada por la filtración de la multa, son varias preguntas las que se acumulan sobre la mesa. ¿Por qué Trabajo y Díaz han intentado colarnos este éxito de la 'ley rider'?; ¿qué va a pasar con la multa?; ¿cómo afectará esto a las cuentas de la empresa?; ¿tiene algún tipo de efecto sobre la actual forma de operar de la plataforma?. Y más importante aún, ¿cuál es la efectividad de la 'ley rider' si un año después de su puesta en marcha no ha conseguido su principal objetivo: que Glovo y Uber Eats dejen de utilizar autónomos?

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Irene Cortés

La noticia se publicó a primera hora de la mañana de ayer y fue adelantada en exclusiva por la SER, que colocaba las conclusiones de la Inspección de Trabajo bajo el paraguas de la 'ley rider'. Se replicó rápidamente y en el aire quedó esa sensación de que la norma había empezado a funcionar y dar sus primeros resultados. Pero no. Los 78,9 millones de castigo hacen referencia al modelo con el que operaba Glovo antes de agosto de 2021. Entonces, para adaptarse al nuevo marco normativo, anunció cambios en el sistema de adjudicación de los pedidos, así como la contratación de tan solo el 20% de su plantilla, la necesaria para hacer funcionar su red de supermercados fantasma.

La resolución consideraba probado que, hasta ese momento, la 'startup' —que por aquel entonces no había sido malvendida al gigante alemán Delivery Hero— mantuvo y utilizó a 8.331 falsos autónomos en Barcelona y a 2.283 en Valencia. Eso se traduce en una factura, en concepto de cuotas impagadas a la Seguridad Social, de 63,2 millones y de 15,75 millones, respectivamente.

Cabe recordar que todas estas sanciones hacen referencia a la antigua política laboral de Glovo, aunque este periódico ha podido saber que la Inspección de Trabajo ya está estudiando los pormenores del pulso que está echando a la legislación actual. Unas investigaciones que también tienen en el punto de mira a Uber Eats, que recientemente activó la opción de repartir con su app siendo autónomo tras varios meses utilizando exclusivamente flotas subcontratadas.

"Estamos ante una auténtica actuación de falsos autónomos y el peso de la ley va a caer sobre esta empresa, como ya ha caído con la Inspección". Así contestaba Yolanda Díaz a su llegada a la sesión de control en el Congreso de los Diputados cuando le preguntaban expresamente por la sanción impuesta "por incumplir la 'ley rider". Por si sus declaraciones no fueron lo suficientemente ambiguas, el equipo de la ministra incluso las colgó en su cuenta oficial de Instagram, etiquetadas con el hashtag #leyrider. La vicepresidenta segunda puso además el acento en otra situación que considera "gravísima" como es la obstrucción al trabajo de los inspectores, motivo por el que se le ha impuesto a Glovo una multa adicional de 2.500 euros.

Cabreo en la Inspección

Fuentes de Inspección de Trabajo consultadas señalan su sorpresa y malestar por estas declaraciones, así como por la filtración de la multa a Glovo. "Se trata de expedientes estrictamente confidenciales, cuya cuantía solo debe conocer la empresa afectada. Si ha habido una filtración por parte de Trabajo o de Inspección, es grave. Además, hasta la propia empresa reconoce que se trata de actuaciones previas a la entrada de vigor de la 'ley rider'. Se está queriendo presumir con fines políticos del éxito de una ley que aún no ha tenido un impacto claro ni se sabe si lo tendrá o cuándo ocurrirá".

Inspección y el Ministerio de Trabajo llevan tiempo enfrentados por la falta de recursos para realizar procedimientos como los que requiere la 'ley rider'. El pasado marzo, los inspectores de Trabajo y Seguridad Social habían convocado su primera huelga de la historia, pero finalmente se aplazó tras prometer el Ministerio más recursos. Cinco meses después, esos recursos siguen sin llegar y ya se ha convocado otra reunión esta semana para desbloquear la situación. "Encima, ahora se da a entender desde Trabajo que la multa a Glovo es fruto de la 'ley rider'. Pero, vamos a ver, ¡que la inspección de trabajo no nació ayer! Todos estos procedimientos llevaban meses en marcha, no hay nada nuevo", señalan fuentes del organismo.

"Si ha habido una filtración por parte de Trabajo o de Inspección, es muy grave"

La multa de 79 millones a Glovo, además, no es firme, es solo el inicio de un largo proceso judicial. La compañía la recurrirá y la sanción puede acabar reducida o eliminada, aunque en este caso todo apunta a que se mantendrá: al ser pre-'ley rider', sigue la doctrina establecida por la sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2020 y hasta ahora ninguna sentencia posterior se ha desviado de la misma.

79M que pueden ser muchos más

Es probable, además, que el desembolso final que tenga que hacer Delivery Hero, actual propietaria de la compañía, para compensar estos desmanes laborales sea bastante mayor. De inicio, a la cuenta total ya hay que sumarle dos millones de euros. Estos expedientes no son independientes, sino que forman parte de una investigación a nivel nacional, que ya tuvo un primer capítulo el pasado verano, cuando se sancionó con esa cuantía a la misma plataforma por prácticas similares en Girona, Tarragona y Lleida.

Es muy probable que esos 81 millones acaben siendo todavía más. Quedan por conocerse, por ejemplo, las conclusiones de la 'policía laboral' en Madrid, donde a finales del pasado año ya habían localizado más de 3.000 'riders' en situación irregular. En el caso de la capital española se baraja una multa de al menos 20 millones, lo que dejaría la cuenta por encima de los cien millones. La cifra todavía puede seguir creciendo, porque Glovo hace negocio en 400 ciudades en toda España y en muchas ya hay procesos judiciales en marcha.

Fuentes conocedoras de la operación de venta señalan que el ganar pulmón financiero para poder hacer frente a esta cascada de multas fue uno de los argumentos que empujaron al núcleo duro de Glovo a vender la compañía a Delivery Hero, un gigante alemán del envío de comida a domicilio presente en medio mundo. La operación fue anunciada el pasado 31 de diciembre y aunque fue fijada en 2.300 millones, se cerró en julio por un precio un 65% menor, 800 millones. La razón no fue otra que el inmenso derrape que los teutones sufrieron en Bolsa por la desconfianza que generó la compra entre los inversores, que la tildaron incluso como "rescate".

La cuestión es que antes de que toda la burocracia se resolviese, el Ministerio de Trabajo bloqueó tempo la adquisición, utilizando una norma aprobada durante la pandemia que permitía al Gobierno proteger empresas españolas de adquisiciones extranjeras. Para recibir luz verde, los centroeuropeos tuvieron que aceptar un acuerdo por el que se comprometían a finiquitar su modelo de falsos autónomos.

Mientras tanto, los autónomos siguen

Este modelo es el que Glovo ha ido modificando desde el pasado verano, cuando entró en funcionamiento la 'ley rider'. En un primer momento, introdujo, entre otras modificaciones, un sistema por el que los repartidores tenían que 'pujar' para llevarse el pedido. Los responsables de la compañía entendían que así daban más libertad al trabajador y que, por tanto, era compatible con la "presunción de laboralidad" que imponía el nuevo marco legal.

El giro de Glovo ha sido muy contestado desde sindicatos y abogados especialistas, que recuerdan que las sentencias previas señalaban que la aplicación era la herramienta principal de trabajo de los repartidores y, en consecuencia, esto eran medidas cosméticas para evitar el cumplimiento de la ‘ley rider’. A sabiendas de las suspicacias que levantaba su nueva receta, Glovo ha ido introduciendo pequeños cambios como el que los 'riders' facturen directamente a los restaurantes y no a través de ellos, algo que, además de meter en un laberinto legal a estos locales, también les sirve para intentar borrar indicios de relación laboral. Pero, por ahora, ni rastro de la promesa de dejar de utilizar autónomos.

Algo que ha empezado a hacer Uber Eats desde principio de este mes. La compañía estadounidense ya avisó a Yolanda Díaz por carta en marzo de que barajaba esta opción tras la aparente pasividad del Ministerio ante la actitud de Glovo.

La amenaza finalmente se cumplió en agosto, cuando anunció que daría la opción a los 'riders' de darse de alta como autónomos en su aplicación. La excusa era que la compañía había sufrido mucho al adoptar el modelo de flotas. Tres de cuatro repartidores habían dejado de trabajar con ellos y eso era algo que golpeaba directamente al negocio, tocado ya por la inversión extra en costes logísticos. El contar con menos manos había impactado directamente en los tiempos de entrega y en la calidad del servicio. Mientras esto ocurría, Glovo seguía utilizando 8.000 autónomos en su operativa diaria. Y claro, Uber Eats decidió seguir también ese cuestionado camino que había abandonado 12 meses antes.

La gran cuestión en el aire es por qué, más de un año después de aprobarse, aún no hay ninguna sanción Glovo o Uber Eats basándose en la 'ley rider'. Fuentes del sector conocedoras de la situación aseguran que Inspección ya ha iniciado varios procedimientos contra ambas compañías basados en la ley impulsada por Yolanda Díaz, aunque Uber Eats niega oficialmente que, en su caso, sea así. El motivo de que las sanciones aún no hayan visto la luz sería la complejidad asociada a estos procesos. La propia regulación marca los tiempos.

El artículo 8 del Real Decreto 928/1998, que estipula los mecanismos para la imposición de sanciones de este tipo, señala que las "actuaciones no se dilatarán por espacio de más de nueve meses", pero podrán ampliarse otros nueve meses si "las actividades de inspección revistan especial dificultad y complejidad (...), por el volumen de operaciones del sujeto obligado o por la dispersión geográfica de sus actividades". Justo lo que pasa con Glovo. Si algo parece claro es que en unos meses veremos más sanciones que, esta vez sí, estarán ligadas directamente a la 'ley rider'. Lo de ayer y los 79 millones no, no ha sido una multa, ha sido un circo político.