8.000 mensajes en dos días: ¿hasta qué punto es legal hacer un 'escrache' vía 'e-mail'?

La segunda votación de investidura de Pedro Sánchez para formar un Gobierno de coalición en la próxima legislatura ha discurrido en el Congreso de los Diputados entre reproches de los partidos de derecha e izquierda por el acuerdo del PSOE para hacerse con el apoyo de ERC y PNV y conseguir la mayoría simple en esta votación. Mientras que en redes sociales se han montado estos días las 'barricadas' de una 'futurible' "Tercera Guerra Mundial" tras matar la Administración de Donald Trump al general iraní Qassen Soleimani, Twitter se ha llenado también de mensajes de denuncia de diputados socialistas (en su mayoría) por ser "acosados" con "incensantes corres electrónicos de carácter amenazante", en palabras del diputado por Madrid Dani Viondi, en su cuenta de correo administrativa del Congreso de los Diputados.

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El hashtag "167 valientes" ha sido la réplica del Partido Socialista en la red social de cara a esta tercera jornada de la sesión de investidura. ¿La razón? Varios parlamentarios socialistas llevan días denunciando en Twitter una "campaña de boicot de la derecha" con la que se buscaba evitar "el pacto de Gobierno con los separatistas", de acuerdo con lo que se estipulaba en un mensaje que ha circulado por WhatsApp para presionar a los miembros del PSOE, formación que ya ha anunciado a través de Adriana Lastra, la portavoz socialista en el hemiciclo, que llevará a los tribunales las "amenazas" y "coacciones" a sus diputados recibidas antes de la sesión parlamentaria de este martes.

"¿Cómo puedes ser tan puta para apoyar la investidura de un traidor?", reza el asunto de un mail enviado a la diputada y exministra de Vivienda Beatriz Corredor, compartido en la propia red social para ilustrar la denuncia de su compañero Viondi. El representante de Teruel Existe en el Congreso, Tomás Guitarte, también se ha convertido en blanco de este 'escrache' vía 'online' para cambiar su sí a Sánchez por un no e inclinar la balanza de la investidura hacia el impate. Guitarte habría recibido en los dos días previos a esta votación más de 8.000 correos en su dirección de email del Congreso de los Diputados según una información de 'El País', además de recibir presiones en forma de pintadas en su localidad natal, Cutanda.

¿Hasta qué punto es legal escribir a los miembros del Congreso de los Diputados para intentar que cambien sus posturas con respecto a las votaciones que se suceden en la Cámara Baja, tanto para formar Gobierno como para decidir la convalidación de decretos ley o la aprobación de otras disposiciones legislativas?

"Las cuentas de correo de los diputados son públicas, las registradas bajo la fórmula '@congreso.es', y justamente están para recibir todo tipo de sugerencias, quejas, reclamaciones y/o felicitaciones de la ciudadanía", explica el abogado especialista en Derecho digital Borja Adsuara a El Confidencial. De esta manera, en la página web del Congreso de los Diputados figura una lista desglosada de las direcciones de correo de los diputados y diputadas elegidos tras las últimas elecciones. Al acceder a la pestaña de Diputados que se muestra en el menú del sitio web de la Cámara Baja, se puede acceder al listado completo de quienes forman parte en esta legislatura del Congreso, así como consultar la ficha de cada parlamentario, ordenadas por apellidos, en la que se desglosa la trayectoria del diputado y se enlaza la dirección administrativa de correo del mismo y su perfil oficial en Twitter, de tenerlo.

Cualquiera puede ponerse en contacto a través de las cuentas de correo oficiales del Congreso con Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Inés Arrimadas o Íñigo Errejón, ya que sus respectivos 'emails' constan en las fichas de cada uno. Por norma, esa es la vía de contacto que figura en la web del Congreso, aunque en el caso de Santiago Abascal o Pablo Casado no se recoge en sus perfiles sus direcciones, sólo sus cuentas de Twitter. No obstante, estos emails no dejan de formar parte de un "mecanismo de participación ciudadana", que se sitúa "dentro de los canales informales, no administrativos, de la sociedad de la información", tal y como detalla Adsuara.

Si hay amenazas, coacciones, injurias... y se atenta contra el honor o la intimidad de un diputado, se aplicaría el Código Penal

El límite de esta vía de contacto lo establecería el Código Penal, en el que se regulan los delitos contra la intimidad en su título X y los delitos contra el honor (injurias y calumnias) en el título XI. En este sentido, con respecto a los mensajes enviados a diputados socialistas y al diputado de Teruel Existe para intentar que cambiasen su voto en la segunda ronda de investidura, el contenido determina si se incurre un delito o no. Si hay "amenazas, coacciones, injurias"... y se atenta contra "el honor o la intimidad" de un diputado, "se aplicaría el Código Penal", expone Borja Adsuara. "El hecho de presionar dentro de los límites legales a los diputados en un sentido u otro se ha hecho siempre", añade el abogado, que pone como ejemplo la controvertida ley de 'copyright' aprobada por el Parlamento Europeo en 2019.

"El delito no es que le escriban mucho [a Tomás Guitarte, representante de Teruel Existe] porque también se podrían poner en contacto con él 8.000 personas diferentes para felicitarle. El delito lo marca el contenido", apunta Adsuara, que argumenta que aunque la persona pueda sentirse molesta al recibir tantos mensajes, los límites los rige el Código Penal, "tanto en lo que respecta al correo como si hacen pintadas en casa de un diputado". Por ello, hacer circular un mensaje en el que se difunden las direcciones de correo de los parlamentarios entra dentro de esa participación ciudadana a la que alude Adsuara, pues "lo único que hacen es facilitarlo y hacérselo llegar a la gente no se sabe consultar la página del Congreso".

"Infracción" por publicar un número de teléfono

"Alguien ha debido de publicar este teléfono en un foro creyendo que era el mío", explicaba a Efe en el día de ayer el parlamentario socialista por Segovia, José Luis Aceves, tras denunciar en Twitter las amenazas que había recibido un compañero de la formación de Sánchez por parte de una persona que creía que hablaba por WhatsApp con Aceves. En este caso, según Adsuara, "no se trataría de un delito sino de una infracción del Reglamento General de Protección de Datos europeo si se publican datos personales que la persona no haya hecho públicos". Por tanto, si el afectado en cuestión no "ha hecho público su número de teléfono y otro lo ha publicado para que le acosen en su teléfono particular, se incurriría en una infracción de esta ley europea de protección de datos al no tener autorización".

"Quien lo tiene que denunciar es el titular del número en la Agencia Española de Protección de Datos. Si una vez publicado el teléfono, hay alguien que lo utiliza para acosarle y amenazarle, eso sí se trataría de un delito", concluye Borja Adsuara.