Amenazas, radicales y trapicheo de favores: así se gestó el "vergonzoso" decreto anti VTC

"Te voy a ser sincero. Aquí quien lo está controlando todo es Podemos. Ellos mandan, ellos dictan. Han exigido que impere una ley del silencio. Ellos dijeron que lo de hablar con prensa se acabó. Y todos a cumplir. Bueno, casi todos... Es censura pura y dura". Así describe una fuente que ha formado parte de las negociaciones esta semana con Fomento cómo se ha gestado uno de los decretos ley más polémicos (y políticos) del gobierno de Pedro Sánchez. El documento culmina meses de incertidumbre y tensión en los que ha habido de todo: huelgas, amenazas de más huelgas, insultos, radicales atrincherados en Fomento y trapicheo de favores con el taxi y su problemática como moneda de cambio. Lo peor: la 'guerra' está muy lejos de haber finalizado.

El decretazo para regular las VTC podría resumirse con tres nombres y apellidos: José Luis Ábalos, Ada Colau y Alberto 'Tito' Álvarez. Son las tres figuras clave que, cada uno en su territorio de influencia, han movido los hilos para llegar a la situación en la que nos encontramos hoy: un decreto ley que pone fecha de caducidad a las VTC y obliga al taxi a seguir luchando y presionando durante los 4 años de "periodo de transición". Pero con una diferencia fundamental: ahora el taxi, en lugar de plantarle huelgas al Estado, lo tendrá que hacer a la CCAA o al ayuntamiento de turno. Una fina jugada política de Fomento en el arte de soltar lastre.

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Manuel Ángel Méndez

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pocos se habrían imaginado que una feria tecnológica en Barcelona, el Mobile World Congress, sería la culpable del decreto ley que hoy se ha publicado en el BOE. "¿El Mobile? Siempre ha sido un arma cojonuda para digamos... acelerar lo que estaba dormido", explica a Teknautas entre carcajadas Alberto 'Tito' Álvarez, uno de los líderes de Élite Taxi, la asociación mayoritaría de taxistas de Barcelona. "Sí, no lo negamos. Somos un grupo de presión. Nuestro lema siempre ha sido presión, presión, presión y nunca bajar el pistón".

Febrero de 2017. Tito, considerado por parte del sector del taxi y por todas las VTC como el "radical" que ha generado el actual incendio, se sentaba a negociar con Mercedes Vidal, presidenta del Instituto Metropolitano del Taxi (Imet, dependiente del Área Metropolitana de Barcelona, el AMB, organismo presidido por Ada Colau) y concejala de movilidad del ayutamiento de Barcelona. La 'disyuntiva' que le puso a Vidal sobre la mesa era sencilla: o se ponía en marcha un plan para frenar a Uber y Cabify, o nadie podría garantizar que no estallara una huelga del taxi en mitad del Mobile World Congress.

Blindar el 1/30 mis cojones. El decreto del PP fue una vergüenza. Fueron los especuladores de las VTC quienes blindaron su inversión

Sopresa. El Mobile ese año, lejos del caos que provocó en el 2016 la huelga del empleados de metro y autobús, fue un remanso de paz, pero meses después llegó la guerra. El taxi convocó una huelga masiva en mayo y luego otra aún más multitudinaria el pasado noviembre. Era el primer plato de lo que estaba por llegar. Durante la segunda mitad de 2017, los resortes se empezaron a mover en el Ayuntamiento de Barcelona. Técnicos del AMB y el Imet pidieron un informe al catedrático de derecho administrativo, Avelino Blasco, que daba las pautas a seguir: regular las VTC desde los ayuntamientos como un servicio urbano.

Dicho y hecho. En Diciembre de 2017 Colau presentó la iniciativa: un reglamento que se aprobaría "en febrero o marzo" (casualidad, justo a tiempo para el Mobile World Congress de 2018). Sin embargo, ocurrió algo inesperado: el gobierno del PP se cruzó por el camino con un decreto ley que solo gustó a una parte del taxi. Se aprobó en abril y su fin era blindar el ratio 1/30 de una VTC por cada 30 taxis. Un ratio que, en realidad, ni se cumplía ni se iba a cumplir por mucho decreto ley que se aprobara.

"Blindar el ratio 1/30 mis cojones. El decreto del PP de abril fue una vergüenza, nos dejó tirados. Fedetaxi lo vendió como una gran victoria y los únicos que ganaron fueron los especuladores de las VTC, que blindaban su inversión. Fue un decreto hecho a medida para Cabify. Nosotros teníamos que actuar", dice Tito Álvarez. Y lo hicieron ayudados, eso sí, por un gran golpe de suerte en forma de moción de censura.

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Viernes 1 de junio. Pedro Sánchez fulmina a Mariano Rajoy en su moción de censura. Solo tres semanas después, el 26 de junio, el AMB aprobaba el reglamento anti VTC de Colau por el cual se exigía una licencia municipal extra a los coches que operaran con Uber y Cabify. "Colau hizo un movimiento muy inteligente, esperó la entrada de un gobierno socialista débil, la entrada de un nuevo equipo en Fomento que no tenía ni idea de lo que le estaba cayendo encima, y aprobó su reglamento. Y con toda la maquinaria del taxi y Tito detrás", dice una fuente consultada que ha formado parte de las negociaciones del último decreto. "Colau incendió y se apartó. Y el marrón se lo comió Ábalos y su equipo. Pero fueron ellos mismos quienes se metieron en este callejón sin salida", señala otra fuente.

"César Ramos, el cáncer de todo"

La aprobación del reglamento Colau tuvo una consecuencia directa: la entrada en escena de Podemos para defender a muerte esa iniciativa e instar a un Gobierno débil y recién llegado a que la apoyase. En esa maquinaria aparece una figura clave que se acabaría convirtiendo en el negociador en la sombra con el sector del taxi y enviado especial de Ábalos y Pedro Saura, secretario de estado de infraestructuras: César Ramos, portavoz del PSOE en la comisión de Fomento del Congreso.

"Ramos ha estado en todas las negociaciones desde el inicio. Desde junio comenzó a hinchar las expectativas al taxi con promesas irrealizables, como regresar sí o sí al 1/30, y fue el que comenzó a alimentar la idea de impulsar el reglamento Colau desde el Estado. Una vez prometes todo a gente que solo sabe responder con huelgas, ¿cómo das marcha atrás? No puedes. Ha sido un pésimo negociador, el auténtico cáncer de todo esto", explican fuentes cercanas a Fomento.

Un buen ejemplo de la fina línea que unía a Fomento, PSOE, Podemos y Élite Taxi se puede escuchar en el audio debajo. El pasado junio, poco después de aprobarse el reglamento Colau y antes de que Fomento y la CNMC lo impugnara, Ramos aceptó ser entrevistado por Tito Álvarez en su programa de radio El Avispero. Sus declaraciones daban ya una pista inequívoca de lo que estaba por llegar. "Quizás haya determinadas competencias que haya que pasarlas a los ayuntamientos para que, si un ayuntamiento como el de Barcelona quiere sacar una licencia urbana, pueda hacerlo sin ningún problema de que un juzgado lo pueda recurrir", explicó Ramos. El mensaje lo firmaría Colau y Podemos con los ojos vendados. El decreto ley aprobado ayer ya venía en realidad escrito.

Sus palabras explican también otro punto de inflexión: el cese a finales de julio del director general de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral Salcedo, por impugnar desde Fomento el reglamento Colau y pedir medidas cautelares. "Fue una petición que vino de Podemos, retirar las cautelares al plan Colau como gesto de buen entendimiento. Salcedo no aceptó y Ábalos optó por su cese. Todo estaba dirigido desde Podemos", señalan fuentes cercanas al Gobierno.

Poco después estallaría la huelga del taxi y ya no hubo vuelta atrás. "Ese fue otro punto de inflexión. El Gobierno se vio superado, la huelga le hizo mella. La opinión pública se le echó encima, no admitía que miles de taxistas secuestraran las calles como hicieron. Pero fue el propio Ábalos, por desconocimiento, y su equipo, con Ramos en la trinchera de negociaciones, quien hinchó e hinchó las promesas al taxi para cortar la huelga. Tanto que al final la única opción fue dar una patada hacia delante y no salir hasta que abogacía del Estado creara un decreto ley con garantías jurídicas", explican fuentes consultadas.

Los gestos de esta semana demuestran quién tenía la sartén por el mango hasta el último momento: el AMB, Élite Taxi, con Tito a la cabeza, y Podemos. Este miércoles Fomento retrasó toda su agenda para acordar con el AMB cómo desbloquear la ley Colau, actualmente tumbada de forma cautelar por el TSJC. La solución: hacer un decreto a medida del reglamento Colau. Tal fue así que apenas unas horas después de la aprobación ayer del decreto ley, el AMB se apresuró a anunciar lo que previamente ya había cocinado con Fomento: pedir al TSJC la retirada de las medidas cautelares sobre el reglamento Colau para darle luz verde definitiva.

Hubo situaciones más evidentes, como Tito Álvarez encerrado el jueves en el Congreso con el diputado de Podemos Rafa Mayoral intentando negociar con Fomento un periodo de transición inferior a los 4 años. No fue posible. De conceder también esa medida el decreto habría sido (aún más) vulnerable a pleitos. El resultado final, pese al triunfalismo de Élite Taxi, no convence a nadie. Las VTC creen que el decreto es el comienzo de su desparición al cabo de los 4 años de transición y buena parte del taxi considera excesivo ese intervalo de tiempo.

"Es un decreto vergonzoso, Podemos ha manejado los tiempos hasta el final. Sabían que si no cedían en lo de los 4 años se podía montar una nueva huelga. Sería otra losa muy grande sobre un gobierno ya debilitado, y eso supondría ir a elecciones anticipadas. A Podemos no le interesa, por eso les han dicho a los taxistas: mirad, hay que aceptar", señala una fuente que ha formado parte de las negociaciones. La semana que viene Élite Taxi decidirá en asamblea su respuesta al decretazo. Y solo hay dos opciones: aceptar los trapicheos políticos de los que también se han beneficiado o regresar al "si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra".