Colau dobla el brazo a Fomento: cese y bronca en el ministerio por la ley 'anti Uber '

No es nada nuevo que la aritmética parlamentaria se ha convertido en una asignatura troncal para el programa de gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE. Con 84 diputados, el Ejecutivo socialista tiene que hacer encaje de bolillos (y de sensibilidades) para poder sacar prácticamente cualquier cosa adelante en el Congreso. En este escenario, la relación con Podemos, como ya se sabe, es fundamental para articular mayorías parlamentarias. Hasta tal punto que las presiones de la formación morada y el PSC han sido las que han hecho que Fomento y José Luis Ábalos den un paso atrás en la impugnación judicial de la normativa 'anti Uber' que el pleno del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobó el 26 de junio con el principal impulso de Ada Colau.

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M. MC. V.G.

Un enredo que ha acabado también con el cese del director general de Transportes Terrestres del ministerio, el cargo técnico que gestiona directamente este asunto y principal valedor del recurso contra la licencia municipal de la Ciudad Condal.

El paso atrás de Fomento

Aunque en un primer momento Fomento formó parte del frente jurídico contra la normativa de Colau, hace 10 días dio un giro inesperado. Retiró la petición de cautelares, a pesar que se había asegurado desde el principio que la decisión de la AMB invadía competencias del ministerio. Dejó sola a la CNMC al frente de las iniciativas legales, secundadas también por empresas del sector. El motivo de que Ábalos se pusiese de lado fueron las presiones tanto de Podemos, que quería sacar a Ada Colau del centro de la polémica, como del PSC, que respaldó la norma en la votación. "Se trata de un 'hoy por ti, mañana por mí'. Es algo típico", explican a Teknautas. "Es un gesto de buena voluntad", rematan fuentes conocedoras de la actividad parlamentaria.

El problema es que echarse atrás en lo judicial e intentar explorar la negociación política no era nada sencillo. Más que nada, porque Competencia mantuvo sus alegaciones, que fueron las que llevaron al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a suspender la entrada en vigor de la normativa municipal que exigía una licencia extra a Uber o Cabify para operar en la Ciudad Condal.

"Es un cese, no una dimisión"

Además de este punto, nada baladí, la decisión de retirar las cautelares desató una tormenta interna en Fomento que se saldó con la caída del número cuatro de este ministerio. Hablamos del director general de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral Salcedo, un cargo que ostentaba desde 2016. "Desde su puesto técnico era impensable otra cosa que no fuese recurrir judicialmente el asunto", aseguran personas cercanas y conocedoras de estas tensiones. "Se ha disfrazado como una dimisión, pero no. Es un cese", admiten esas mismas voces, que aseguran que la dirección del ministerio no era partidaria de recurrir nada sin sentarse a hablar primero con la AMB. "No sentó bien y se generaron fricciones".

"Él tenía meridianamente claro que lo de la AMB era ilegal y entendía que no había otra manera de hacerlo, más aún con los informes jurídicos que había sobre la mesa. Pero aquí llegó la correa de transmisión. El PSC, Colau y Podemos presionaron a Ábalos, y Del Moral, que se negaba a ceder, empezó a recibir también presiones internas. No quería retirar el recurso y entonces acabó cayendo", añaden otras fuentes conocedoras de la situación. Además de los dos años largos que llevaba en este puesto, Del Moral cuenta con una larga trayectoria en el ministerio.

Concretamente, desde 2009, cuando fue nombrado jefe de gabinete de la Secretaría General de Transporte de este departamento. Desde otros ámbitos, se señala que el director general de Transporte Terrestre actuó "unilateralmente" sin conocimiento del ministro en el tema de las cautelares y ese ha sido el principal motivo de la destitución. El problema, más que el motivo del recurso (compartido por el ministro y los servicios legales), fueron las formas y el actuar sin hacérselo saber.

Desde su puesto, Del Moral tenía claro que la licencia de Colau era ilegal y había que recurrir

La relación entre el gremio del taxi y Podemos es "fluida y cercana", como reconocieron varios taxistas en una comparecencia improvisada este sábado del diputado Rafa Mayoral en Madrid antes de viajar a Barcelona para asistir a la asamblea celebrada en la protesta. "No tenemos que estar para calentar el escaño ni para ir al Congreso a mencionar a Obama. Estamos para solucionar los problemas de la gente", enunciaba el miembro del Consejo Ciudadano de la formación liderada por Pablo Iglesias.

Podemos defiende la licencia municipal

"Estamos para defender los puestos de trabajo frente a multinacionales que tienen la sede en Delawere. Pedimos al Gobierno que deje de meter la cabeza debajo de la tierra y apruebe un real decreto que blinde la licencia municipal", sostenía ante una muchedumbre que le aclamaba en el 'parking' de la T4, donde se concentraron múltiples taxistas. Horas más tarde, en la capital catalana, insistía en la idea: "Se aprobó un real decreto para blindar el 1/30 y hay que tomar medidas para que sea de cumplimiento efectivo. No hay una ley que lo cumpla".

Fuentes cercanas a Podemos y a la corporación municipal defienden la idoneidad de esta "licencia municipal" en línea de lo expresado por Mayoral. "No es algo arbitrario. Si una VTC tiene licencia para operar en todo el Estado, pero el 99% de trayectos los realizan principalmente en el área metropolitana de Barcelona, ese municipio debería tener control sobre esta actividad, al igual que ocurre con los taxis". Desde el partido han confirmado a este periódico que este lunes registrarán la petición de que comparezca en el Congreso el presidente de la CNMC.

No se olviden de la precampaña

No hay que olvidar en esta ecuación que estos partidos ya se están moviendo en clave "de precampaña política" ante las elecciones municipales del próximo año. "El sector del taxi y los problemas que le puedan afectar son muy visibles para los ciudadanos. Es decir, si el pasado viernes no hay taxis en Madrid, es algo que la gente ve, que el votante percibe. Nadie quiere aparecer como el culpable de ello", explica una personas familiarizada con el sector de las VTC, que resalta la importancia de este asunto en ciudades como "Madrid, Valencia o Barcelona", plazas gobernadas por Podemos o sus coaliciones. "Son ciudades que apuntan a que los resultados, si nada cambia, estarán nuevamente muy apretados". Esto justificaría también el endurecimiento del mensaje por parte de Fomento, que el sábado responsabilizaba a Colau de la situación creada.

Cabe recordar que el departamento regentado por José Luis Ábalos comienza este lunes una ronda de contactos para intentar encontrar una salida a un conflicto que se antoja harto complicada. Los primeros llamados a consultas son las principales asociaciones del taxi, en pie de guerra y de huelga desde el pasado viernes. El conflicto comenzó en Barcelona, pero rápidamente las movilizaciones se expandieron a Madrid y otras capitales de provincia. Mañana, martes, será turno para los pesos pesados del sector VTC. Un cónclave que tendrá su gran auge el miércoles con la Conferencia Nacional de Transporte, donde Ábalos expondrá su plan para transferir las competencias a las comunidades autónomas.

Los taxistas elevan el tono

Alberto 'Tito' Álvarez, presidente de Élite Taxi, estará en la reunión de esta mañana en Madrid. "Nosotros queremos salir de la reunión con el compromiso de blindar la licencia municipal en el próximo Consejo de Ministros", explica el portavoz, que a la vez dice que "prefiere ir sin expectativas" a dicha reunión. "Tenemos fuerza para negociar", añade a modo de advertencia, sugiriendo que tienen "meses de aguante" de cara a más movilizaciones.

Opinión

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"Nosotros no nos fiamos de nadie. Bueno, sí, del Ayuntamiento de Barcelona y En Comú, que han sido los únicos que han dado pasos para solucionar este problema. Sin embargo, se encuentran con que les atan las manos", analiza Álvarez. Sobre los planes de Ábalos —"entendemos que acaban de llegar y esto les ha pillado a contrapié"— de transferir competencias a las comunidades, tiene voluntad, pero se queda corto. "Lo importante es que los ayuntamientos, que lo están pidiendo, tengan competencias para poder meter mano a algo que les afecta directamente", asegura Tito Álvarez, uno de los responsables del acercamiento entre Podemos y el mundo del taxi.

Hay otra cosa que se tiene clara en el gremio: la necesidad de respetar escrupulosamente la norma de una VTC por cada 30 taxis. A día de hoy, se encuentra más cercana al 1/7. "¿La solución? No puede ser meter más licencias de taxi. Habrá que regular y retirar las licencias que sobren, indemnizando a los que les retiren la VTC". Algo que ya planteó la portavoz del Govern, Elsa Artadi, en su comparecencia del sábado, en la que criticó "la inacción del Gobierno".

"Esto es un parche"

"Podemos, concretamente Colau y Mayoral, se ha convertido en el brazo político del gremio del taxi", rematan fuentes conocedoras del sector y de la actual situación generada en la ciudad de Barcelona. Desde la otra orilla, aseguran que Colau ha sido víctima de las presiones de un gremio "con capacidad para paralizar el Mobile World Congress", aclaran.

Podemos, especialmente Colau y Mayoral, se ha convertido en el brazo político del taxi

"A la GSMA el lío político no le hacía gracia, pero lo de los fallos en logística son cosas que consideraba imperdonables. Un colapso en Barcelona sí que podía dar al traste con la continuidad de la feria y la alcaldesa, pues sucumbió", añaden estas fuentes, recordando que la presentación del reglamento se produjo en el marco del último MWC. "Obviamente, Colau prefiere las manifestaciones contra Fomento o contra las empresas de VTC que tenerlas a las puertas del ayuntamiento".

Consideran que un decreto ley no serviría para nada, puesto que "sería un parche" susceptible de acabar recurrido. "La vía para transferir esto a las comunidades tiene que ser una ley orgánica, que debe ser aprobada por mayoría absoluta. Y dado el reparto de poder del Congreso y el Senado, eso es poco menos que imposible", opinan. "Están lanzando mensajes contradictorios y echando gasolina al fuego".