La huelga que ha dejado a España sin taxis: de cero a cien en cinco días

De cero a cien en cinco días. El pulso entre el gremio del taxi con Uber y Cabify llevaba semanas sumido en una tensa calma que, directamente, ha volado por los aires desde el pasado miércoles. La huelga convocada hace dos días en Barcelona, tras la decisión de la justicia de congelar la entrada en vigor de la normativa municipal que ponía más frenos a las empresas de alquiler de coche con conductor, ha sido la mecha que ha prendido lo que ha quedado demostrado que nunca dejó de ser un polvorín.

Tras los de la Ciudad Condal, fueron los de Madrid los que han tomado la decisión de ir a un paro "espontáneo" e "indefinido" en solidaridad con sus compañeros catalanes y para presionar a Fomento para que interrumpa la concesión de nuevas licencias VTC.

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P. G. B. R.

Además de estas dos ciudades, Málaga, La Rioja, Alicante y Valencia se han unido a esta huelga. También se sumará a partir de la medianoche del domingo Zaragoza, según ha informado la Asociación Provincial de Auto-Taxi. Una lista que podría engordar en las próximas horas debido a que la Asociación Nacional del Taxi ha llamado a todos los territorios a secundar esta medida de presión. El primer efecto ya ha sido visible: Fomento ha convocado una cumbre de urgencia la próxima semana para abordar un problema que podría dejar en los próximos días España sin taxis. Este lunes se ha reunido sin éxito con las principales asociaciones de taxistas y el martes con la patronal de VTC.

Todo empieza con Colau

Se conoció en febrero, pero no se puso en marcha hasta el 26 de junio. Ese día el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por los comunes de Ada Colau, aprueba el nuevo reglamento que regula la actividad de Uber y Cabify en la ciudad. La decisión se aprueba en el pleno de la AMB (área metropolitana de Barcelona) con el apoyo de todos los grupos, excepto PP y Ciudadanos, que optan por la abstención. No hay ni un solo voto en contra. El eje central de esta ordenanza es la necesidad de una licencia municipal extra para los coches con conductor que quieran operar allí, además de la VTC.

Tanto Fomento como la CNMC avisan, nada más conocerse la aprobación, de que impugnarán ante la Justicia por considerar que la corporación presidida por Colau no cuenta con estas competencias, que corresponden al ministerio presidido por José Luis Ábalos que se apoya en las Comunidades Autónomas para la ejecución y el reparto de licencias VTC. Además, Cabify, Uber y otras asociaciones como Unauto VTC se suman con sendas iniciativas legales a esta avalancha de recursos.

El TSJC prende la mecha

El pasado 19 de julio se empieza a fraguar el conflicto. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decide dar por buenas las alegaciones de la CNMC y suspender el reglamento de 'anti Uber' de Colau. En el auto, afirma que la AMB pretendía "cercenar sensiblemente el número de autorizaciones VTC operativas en el entorno metropolitano de Barcelona". Una decisión en la que se ratifica el pasado viernes, cuando el tribunal se vuelve a pronunciar en el mismo sentido, insistiendo en que este órgano municipal "solo tiene competencias sobre las licencias del taxi" y no sobre las VTC. Aun así, admite "el daño" que puede provocar al gremio del taxi la competencia de estas empresas.

Fomento se inclina por transferir las competencias a las Comunidades Autónomas

En ese momento, las principales asociaciones de taxistas del país llaman a nuevas movilizaciones. Cabe mencionar aquí, antes de que el TSJC mantuviese la suspensión de la norma, que Fomento decidió retirar su recurso dos días, en un gesto para tratar de lubricar un diálogo enquistado. Un gesto, por otra parte, inútil, porque la CNMC mantuvo su petición de cautelares, además de la Autoridad Catalana de la Competencia, que decidió sumarse al frente judicial contra la norma aprobada el 26 de junio.

"Esto solo lo para Fomento"

Ahora todas las miradas recaen sobre el Ministerio dirigido por José Luis Ábalos. "Esta huelga solo la para Fomento". Esta declaración, pronunciada ayer por el presidente de Élite Taxi, Alberto Álvarez, resume bastante bien el actual escenario. No en vano, el próximo lunes se celebrará una reunión para analizar la situación tanto con representantes del taxi como de empresas de VTC. Fuentes ministeriales han pedido la "vuelta a la normalidad" como requisito previo para avanzar hacia una solución.

Uno de los problemas parece ser los plazos. Desde las asociaciones del gremio se pide una solución inmediata, a través de un decreto de ley. "Es cuestión de voluntad política. Queremos que lo aprueben en el próximo Consejo de Ministros", remacha. Sin embargo, todo apunta a septiembre. Ese podría ser el mes en el que viese la luz un decreto en el que parece estar trabajando Fomento, que podría dotar de más competencias a las Comunidades Autónomas para gestionar este problema, tal y como Ábalos ya planteó en el Congreso de los Diputados.

Algo en línea de los últimos pasos dados por el Govern, que en medio de esta crisis, ha anunciado una partida presupuestaria para poner orden en el sector y retirar las VTC que no se ajusten a la norma. La cita clave para ello, la Conferencia Nacional de Transportes convcada para el próximo miércoles.

Un Cabify (o Uber) por cada 30 taxis

Un Cabify o un Uber por cada 30 taxis. Esa es la petición de los taxistas. "Que se cumpla la ley", afirman. La ley a la que hacen referencia es el principio 1/30 que también avaló el Tribunal Supremo. Viene a establecer que solo debería haber una licencia VTC por cada treinta de taxis.

La ley marca que debe haber una VTC por cada 30 taxis. La proporción actual es de 1/7

El problema viene dado por el caos y la desregularización inicial cuando Cabify y Uber empiezan a operar bajo este modelo. Esto ha hecho que la balanza quede descompensada y más cercana a una proporción 1/7. Hay unos 65.000 taxis en todo el país y más de 9.000 licencias VTC. Para ajustarse al margen no bastaría solo con frenar las nuevas concesiones, sino que habría que retirar algunos de estos permisos.