El Gobierno se moviliza para intentar frenar la escalada del taxi y culpa a Colau

El Gobierno de Pedro Sánchez se remanga para intentar frenar la guerra del taxi, una escalada que germinó en Barcelona, se extendió a Madrid y está expandiéndose por otras ciudades de España, justo en temporada alta de turismo. Hasta el próximo miércoles, el Ministerio de Fomento se reunirá con los taxistas, con las asociaciones que representan a los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), que operan plataformas como Uber y Cabify, y con las comunidades autónomas. Operación diálogo antes de decidir si acepta la exigencia del colectivo del taxi, que demanda que en el próximo Consejo de Ministras y Ministros, el 3 de agosto, el último antes del parón veraniego, se ponga coto, vía decreto ley, a las licencias de VTC.

El departamento que dirige José Luis Ábalos mantendrá un primer encuentro con las principales asociaciones del taxi (Fedetaxi, Antaxi y Élite Taxi) el lunes, 30 de julio, a las 12 horas. Es la primera respuesta a la huelga que ha prendido en todo el país. El martes, será el turno del sector de las VTC (Unauto). En ambos casos, las reuniones estarán presididas por el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, el exdiputado nacional por Murcia Pedro Saura. Una prueba de que el Ejecutivo quiere abordar el conflicto con citas al máximo nivel, con el número dos del ministerio.

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El miércoles por la tarde se reunirá la Conferencia Nacional de Transporte, el órgano multilateral que comparten Fomento y los consejeros autonómicos. La conferencia estaba programada para septiembre, pero Ábalos decidió este sábado adelantarla al 1 de agosto para llevar allí su propuesta de que el Gobierno central transfiera a las comunidades la capacidad de regulación y gestión de las licencias de VTC.

Ábalos quiere llevar a las CCAA su plan de que el Gobierno central les transfiera la capacidad de regulación y gestión de las licencias de VTC

Esta idea no es nueva. El ministro, en la larga comparecencia en el Congreso en la que expuso las líneas maestras de su departamento, el pasado 12 de julio, ya la lanzó. Recordaba que las autorizaciones VTC son competencia exclusiva de Fomento, "tienen ámbito de aplicación nacional y las otorgan las comunidades autónomas por delegación del Estado". Y el Estado, como gestor público, alegaba, debe "preservar" los poderes que le otorga el ordenamiento jurídico. "Otra cuestión es, y quiero manifestar mi disponibilidad para ello, abrir el debate de una posible transferencia de esta competencia a las comunidades autónomas. Para ello debería existir un amplio consenso, ya que se trata de una cuestión que requeriría una ley orgánica". Mayoría absoluta del Congreso, por tanto. 176 diputados que están muy lejos de los solo 84 de los que dispone el PSOE.

Suspensión cautelar

El Ejecutivo lanza la pelota a las autonomías, para implicarlas en la resolución del conflicto, agravado ahora por la acción de una responsable, Ada Colau. "Fomento quiere solucionar un problema que creó la alcaldesa de Barcelona al aprobar un reglamento para el que no tenía competencia", señalan fuentes cercanas a Ábalos. El ministerio recuerda, en ese sentido, que Colau, como presidenta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), impulsó un texto que pretendía limitar la utilización de licencias de VTC.

"Fomento quiere solucionar un problema que creó Colau al aprobar un reglamento para el que no tenía competencia", dicen en el equipo de Ábalos

Ese reglamento fue recurrido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y por Fomento, así como por las propias compañías afectadas. El ministerio tenía en sus manos un informe de la Abogacía del Estado que le instaba a impugnar el texto aprobado por la AMB porque invadía una competencia estatal de forma clara. Tras una reunión jurídico-técnica entre el departamento de Ábalos y el Ayuntamiento de Barcelona, Fomento mostró "toda su disposición a colaborar" e incluso retiró el pasado viernes su petición de que se adoptaran medidas cautelares. Pero el mismo 27 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) mantuvo la suspensión del reglamento, al entender que la AMB "carece de la potestad reglamentaria" para regular el arrendamiento de vehículos con conductor. Es decir, que no tiene la capacidad de restringir el uso de las VTC en el área metropolitana de la ciudad condal.

A Fomento le ha sorprendido que este sábado la 'consellera' de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, pidiera el traspaso de competencias en esta materia frente a la "dejadez de la actuación del Estado que ha provocado la situación" actual. En el equipo de Ábalos advierten de que cuando el ministro planteó en el Congreso la posibilidad de transferir las autorizaciones de VTC a las comunidades, "nadie recogió el guante". Solo de pasada lo citaron los representantes de Ciudadanos y de Unidos Podemos, y también el del PP, para manifestar su oposición. "La Generalitat no se ha preocupado de este tema hasta que no ha visto a los taxistas en la calle", indicaban las mismas fuentes. Colau, desde 'La Sexta noche', manifestó este sábado que se ha llegado a este punto por "la dejación de funciones del PP". "Lo que necesitamos son administraciones que no miren para otro lado", añadió.

Fomento, además de anunciar sendas reuniones con las principales asociaciones y federaciones del taxi y de las VTC, hizo un llamamiento a la "calma, al entendimiento", y avisó de que las "medidas unilaterales" no pueden ser nunca el camino y son "equivocadas". El ministerio apuesta por el "diálogo entre las distintas administraciones, así como entre los sectores implicados, que facilite una convivencia equilibrada" y "pacífica" entre el sector del taxi y las VTC.

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El Gobierno no quiere adelantar qué pasos adoptará tras escuchar a las dos partes. Ni si adoptará medidas concretas en el próximo Consejo de Ministras y Ministros, el último antes de las vacaciones. Opta de momento por la prudencia, aunque sí reconoce que "dar marcha atrás", garantizar la ratio 1/30 (una licencia VTC por cada 30 de taxi), va a ser complicado, dada la situación jurídica tan complicada para el sector, con centenares de licencias concedidas por sentencia judicial.