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Victoria (amarga) del taxi contra Uber y Cabify: este es el polémico decretazo
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Los taxis ganan... Pero poco

Victoria (amarga) del taxi contra Uber y Cabify: este es el polémico decretazo

El decreto ley de Fomento supone dar carta blanca a CCAA y ayuntamientos para regular a su antojo las limitaciones a Uber y Cabify. La sorpresa: esas limitaciones tardarán años en llegar

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(Reuters)

Victoria para el taxi... que sabe a derrota. Así definen varias fuentes consultadas que han tenido acceso al borrador el decreto ley que el Gobierno se prepara para aprobar este viernes. El plan de Fomento supone dar carta blanca a CCAA y ayuntamientos para regular a su antojo las limitaciones a Uber y Cabify. Sobre el papel suena a gol por la escudra del taxi. Salvo por un 'pequeño' detalle: esas limitaciones no serán inmediatas. Habrá un "periodo de transición" de entre tres y cinco años (Fomento aún debe decidir el plazo exacto) en el que, básicamente, todo seguirá como hasta ahora. En ese tiempo, comunidades y consistorios tendrán que crear una nueva regulación y dar cabida en ella a las VTC. Si deciden no regular, entonces sí, Uber y Cabify desaparecerían dentro de las ciudades. Pero todo apunta a que nunca ocurrirá. La jugada del Gobierno es muy fina: con el nuevo decreto las VTC son ahora las primeras interesadas en que se traspasen las competencias a CCAA y ayuntamientos.

El sector del VTC, en pie de guerra contra el Gobierno

Teknautas ha tenido acceso a las medidas clave de la nueva regulación de Fomento, a la que todavía podrían añadirse algunos flecos de última hora. El cambio fundamental vendrá dado por el artículo 1 del decreto ley, que prohibirá que los coches VTC puedan ofrecer servicios urbanos, quedando limitados a los interurbanos (entre ciudades). Suena drástico, pero no lo será tanto.

Foto: Un conductor de VTCs en la manifestación contra el 'decretazo' (Galería de fotos: Michael Mcloughlin)

El truco legislativo es que el cambio no entrará en vigor de forma inminente, sino que habrá lo que el documento llama un "periodo de transición" de entre tres y cinco años en el cual ocurrirán dos cosas: 1) las CCAA y ayuntamientos deberán desarrollar su propia regulación para dar cabida a las VTC y equilibrar este modo de transporte con el del taxi, y 2) las VTC seguirán existiendo. Las casi 20.000 licencias que tendremos como máximo en España (contando todas las solicitadas entre 2009 y 2015 y que está aprobando el Supremo) podrán operar sin problemas como hasta ahora. Es la vía que ha encontrado Fomento para evitar las temidas indenminaciones a los dueños de las licencias VTC y, a la vez, alejar la amenaza de pleitos millonarios.

placeholder Los ministros de Interior, Fernando Grande Marlaska (i) y Fomento, José Luis Ábalos. (EFE)
Los ministros de Interior, Fernando Grande Marlaska (i) y Fomento, José Luis Ábalos. (EFE)

"Se han basado en la legislación vigente de expropiaciones y, en lugar de indemnizar con dinero, indemnizan con tiempo. Consideran que esos 3, 4 o 5 años de transición serán suficientes para compensar por los daños. Luego, al acabar el periodo, las VTC necesitarán una licencia urbana y someterse a la regulación adicional que considere cada comunidad y ayuntamiento", explica una fuente conocedora del borrador del decreto ley.

Durante el periodo de transición, los ayuntamientos y comunidades solo podrán limitar la actividad de Uber y Cabify con las medidas actuales: elaborando reglamentos en base a medidas medioambientales o de tráfico. Por ejemplo, prohibir la entrada de las VTC en el centro de las ciudades si el nivel de contaminación supera cierto umbral. Es algo que los ayuntamientos ya pueden hacer. En otras palabras, el impacto sobre las VTC durante esos años de "transición" será prácticamente nulo.

La clave vendrá a la finalización de ese periodo. Las VTC estarán obligadas a hacerse con una licencia urbana adicional (desaparecerá la regla del 80/20 de poder prestar hasta un 20% de los servicios fuera de la CCAA) y los ayuntamientos podrán reglamentar como quieran esta actividad. La dificultad para el taxi: no puedes quitar a un ciudadano un servicio al que lleva ya años acostumbrado.

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(EFE)

"Esto es como si le quitas el 'roaming' a la gente y al cabo de 3 o 4 años les dices, mira, ahora tienes que pagar 'roaming' otra vez. Nadie lo aceptaría. En 2021 o 2022, cuando todos nos hayamos acostumbrado a usar las VTC, será muy complicado eliminarlas de las ciudades. Lo que tendrán que hacer los ayuntamientos es regularlas como a los taxis. Carmena dirá, por ejemplo: lunes, miércoles, viernes y domingo solo matrículas pares de VTC. Es como acercarse al 1/30, pero sin cumplirlo", explica otra fuente conocedora del borrador.

Fomento sabía que solo con esta medida sobre la mesa se arriesgaba a una nueva huelga del taxi como la vivida en julio, así que ha aderezado el regalo con otras medidas menores. El artículo 2 del nuevo decreto ley habilitará a las CCAA y ayuntamientos a establecer regulaciones inmediatas a las VTC pero en "aspectos cualitativos o de prestación del servicio", tales como la captación irregular en zonas de alta afluencia de público (aeropuertos, estadios de fútbol, conciertos...), precontratación del servicio, descansos de los conductores, caballaje de los coches etc. Que estas regulaciones se establezcan (y en qué medida de dureza) dependera por completo del nivel de influencia y presión que el taxi tenga en cada comunidad y ayuntamiento.

El decreto ley contemplará también la creación de un Grupo de Trabajo dentro de la Confederación Nacional de Transportes que estará compuesto del Estado, las CCAA, los ayuntamientos, el taxi y las VTC para analizar medidas y proponer regulaciones a nivel local. Será de arranque inmediato. El Gobierno tramitará también por vía urgente un Proyecto de Ley que entraría en vigor a comienzos de 2019 para añadir nuevos tipos de sanciones a las VTC. Habrá amonestaciones si el viaje no ha quedado registrado en la nueva web de control que se habilitará en diciembre, si no se cumple la regla del 80/20 o si hay captación irregular de clientes (sin hoja de ruta de por medio). Una acumulación de sanciones llevará a la retirada definitiva del permiso VTC.

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(EFE)

En definitiva, se trata de un decreto ley agridulce para el taxi. Su prinicipal medida, la carta blanca a CCAA y ayuntamientos para regular las VTC, no entrará en vigor hasta dentro de cuatro o cinco años. Es el tiempo de gracia e indemnización necesario para que las VTC se acaben de extender, asentar y llegar a las 20.000 licencias (lo que equivaldría a un ratio 1/3). Una vez eso haya ocurrido, le tocará a los ayuntamientos ingeniérsales para restringir (o no) su actividad.

"Hemos salido moderadamente optimistas de las reuniones con Fomento para conocer el borrador", explican a Teknautas fuentes de Fedetaxi. "Sabemos que no es la panacea, pero es positivo, aunque hay que esperar al texto final", añaden. Otras fuentes consultadas no son tan optimistas. "Ahora no habrá una guerra del taxi a nivel nacional, habrá 17 guerras en cada CCAA y 8.800 guerras por cada ayuntamiento. Esto va para largo, para muy largo. Y se va a producir muy pronto una cascada de impugnaciones por parte de la CNMC y otros organismos".

El complejo escenario judicial que se avecina es justo lo que señalan diversas fuentes que forman parte de las negociaciones, que también ponen en duda la viabilidad del decreto tal y como está planteado. "Lo de la urgencia, que es lo que define un decreto-ley, es injustificable. ¿Regulas algo por urgente y estableces un periodo de transición de hasta 5 años? No cuadra. Por otra parte, no puedes decir a los ayuntamientos algo que no tienes. El Tribunal Constitucional ya dijo en la sentencia 118/96 que el Estado no tiene competencias en transporte urbano", explican.

placeholder La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. (EFE)
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. (EFE)

Hay otros dos puntos adicionales que levantan dudas jurídicas. Las indemnizaciones y el papel del reglamento Colau y el AMB. "Lo de que se indemnice de forma indirecta con tiempo a las VTC no cuela. Dejar de seguir percibiendo dinero por unos permisos que el Supremo otorga como legales es también indemnizable", explican fuentes de las negociaciones. "También hay muchas dudas respecto al reglamento Colau. Es un decreto hecho a su medida. Pero incluso si todo esto sale adelante y presentan un nuevo reglamento, habrá al día siguiente un recurso ante el TSJC y hay munición de sobra para que dicte de nuevo cautelares.

"Hay que cortar la Diagonal"

Desde Élite Taxi ya se ha dejado claro que la propuesta de Fomento no es suficiente. "En Barcelona no aceptamos un periodo de transición de 4 años. El sector está que arde, vamos a apretar a saco", señala Alberto 'Tito' Álvarez a Teknautas. Taxistas cercanos a la asociación están ya presionando a varios políticos del PSOE que forman parte del equipo de negociación de Fomento, como César Ramos, portavoz del PSOE de la Comisión de Fomento en el Congreso:

En diversos grupos de WhatsApp, Élite Taxi ya está animando a presionar al ministro Ábalos en su visita hoy a Barcelona. "Acudamos todos en masa a la zona para dar un buen golpe de puño encima de la mesa". En este audio, Alberto 'Tito' Álvarez, portavoz de Élite, anima a "cortar la Diagonal" coincidiendo con la visita de Ábalos. El motivo: no van a aceptar un periodo de transición de 3 años por considerarlo demasiado tiempo.

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"Nada cambia en años y las 20.000 licencias están aquí para quedarse", confirma una fuente del sector que ha formado parte de las negociaciones. "Se puede maquillar, pero la realidad es que si yo fuera de las VTC ahora respiraría mucho más tranquilo". Está por ver qué ocurrirá, aunque hay otra posibilidad: que el decreto se retrase una semana al viernes 5 de octubre para atar cabos sueltos... y apagar nuevos incendios.

Victoria para el taxi... que sabe a derrota. Así definen varias fuentes consultadas que han tenido acceso al borrador el decreto ley que el Gobierno se prepara para aprobar este viernes. El plan de Fomento supone dar carta blanca a CCAA y ayuntamientos para regular a su antojo las limitaciones a Uber y Cabify. Sobre el papel suena a gol por la escudra del taxi. Salvo por un 'pequeño' detalle: esas limitaciones no serán inmediatas. Habrá un "periodo de transición" de entre tres y cinco años (Fomento aún debe decidir el plazo exacto) en el que, básicamente, todo seguirá como hasta ahora. En ese tiempo, comunidades y consistorios tendrán que crear una nueva regulación y dar cabida en ella a las VTC. Si deciden no regular, entonces sí, Uber y Cabify desaparecerían dentro de las ciudades. Pero todo apunta a que nunca ocurrirá. La jugada del Gobierno es muy fina: con el nuevo decreto las VTC son ahora las primeras interesadas en que se traspasen las competencias a CCAA y ayuntamientos.

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