El Constitucional belga complica la entrega de Valtònyc a España por injurias a la corona
La corte constitucional de Bélgica considera que la ley que protege al rey belga ante las injurias, que data de 1847, es contraria a la libertad de expresión
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F3f5%2F64d%2Fae5%2F3f564dae540c28cfd694aab11c6ea842.jpg)
El Tribunal Constitucional del Reino de Bélgica acaba de complicar la extradición del rapero José Miguel Arenas Beltrán, conocido como Valtònyc, huido de la justicia española para evitar los tres años y medio de prisión a los que fue condenado por los delitos de injurias, enaltecimiento del terrorismo y amenazas de muerte. Llegó a Bélgica en junio de 2018 y la familia Bekaert, cuyo bufete de abogados lleva la defensa de los líderes independentistas catalanes también huidos en el país, se hizo cargo de su caso.
El tribunal de apelación de Gante, que es la que está sopesando una orden europea de arresto y entrega (euroorden) emitida por España, identificó que, efectivamente, los delitos por los que las autoridades españolas solicitaban la entrega del rapero estaban en el ordenamiento jurídico belga. Esa compatibilidad es fundamental para proceder a la entrega por todos los delitos. Sin embargo, la corte, que tiene que pronunciarse el próximo 23 de noviembre, consultó en septiembre de 2020 al Constitucional si la norma iba en contra de la libertad de expresión.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F572%2F34e%2F912%2F57234e9122e3cac726a103d6e20483f8.jpg)
En 2018 la primera petición de entrega de Valtònyc fue rechazada porque según el tribunal de Gante en el que se cursó no existía esa doble incriminación, es decir, aseguraban que los delitos por los que España solicitaba la extradición del rapero no estaban en el ordenamiento jurídico belga, algo que recurrió la Fiscalía de Gante y que, efectivamente, la corte de apelación ha negado. Existe la doble incriminación, pero en el caso de los delitos de injurias a la corona surgían dudas.
La corte constitucional ha dictado este jueves que la ley, que data de abril de 1847, pocos años después de la independencia de Bélgica, es contraria a la libertad de expresión y que ya no responde a una necesidad social urgente. “Esta disposición castiga los delitos contra el Rey con una pena de prisión particularmente severa (de seis meses a tres años de prisión), que en principio es contraria a la libertad de expresión cuando la pena se impone por opiniones expresadas en el marco de un debate político o un debate sobre asuntos de interés general. Además, esta disposición protege la reputación del Rey de manera más amplia que la de otras personas. Según la Corte, la disposición no responde a una necesidad social urgente y es desproporcionada con el objetivo de proteger la reputación de la persona del Rey”, señala el constitucional en su sentencia.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fdd7%2F4c1%2F266%2Fdd74c1266b8866c25b191ca16afba402.jpg)
La decisión de la alta corte belga complica por lo tanto la entrega del rapero a las autoridades españolas justo en un momento en el que los Gobiernos de España y de Bélgica están intentando reconstruir unos puentes muy dañados desde la huida en 2017 de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat. De hecho, recientemente Alexander de Croo, primer ministro belga, visitó Madrid, donde mantuvo un largo encuentro con el presidente del Gobierno en el que se discutió sobre estos roces.
No es el primer revés que sufren las autoridades españolas en el marco del caso Valtonyc. En marzo de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el último intérprete del derecho de la Unión, señaló que España había aplicado mal la euroorden al solicitar la extradición del rapero con el código penal de 2015, que establecía penas más duras, con el objetivo de asegurarse la entrega.
El Tribunal Constitucional del Reino de Bélgica acaba de complicar la extradición del rapero José Miguel Arenas Beltrán, conocido como Valtònyc, huido de la justicia española para evitar los tres años y medio de prisión a los que fue condenado por los delitos de injurias, enaltecimiento del terrorismo y amenazas de muerte. Llegó a Bélgica en junio de 2018 y la familia Bekaert, cuyo bufete de abogados lleva la defensa de los líderes independentistas catalanes también huidos en el país, se hizo cargo de su caso.