Bruselas, sobre el Sáhara Occidental: "Nada va a hacer que cambie nuestra posición"

En febrero de 2020 la Unión Europea vio cómo bajo sus pies se movían las arenas movedizas de una política migratoria que se apoya completamente en los países terceros para el control de los flujos. Fue en Evros, la frontera entre Turquía y Grecia. Ankara, por motivos políticos, decidió permitir que miles de migrantes se dirigieran a la frontera helena. Rabat ha aplicado el mismo método en la crisis de Ceuta de hace algunos días.

Desde entonces, el Gobierno español trata de limitar daños, pero el marroquí profundiza en la herida y en las últimas horas ha redoblado su presión sobre Moncloa, haciendo comparaciones entre el separatismo catalán y el movimiento saharaui. Los ecos de las presiones que en las últimas horas aplica Rabat sobre Madrid han llegado ahora a Bruselas. La Comisión Europea sigue con atención la crisis y de hecho se mantiene en contacto también con las autoridades marroquíes.

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Pero para Bruselas no hay demasiado que hablar respecto al Sáhara Occidental. “Nuestra posición es clara, se mantiene sin cambios, la hemos explicado antes y la hemos reiterado, y nada va a hacer que cambie”, ha señalado este martes una portavoz del Servicio de Acción Exterior, que encabeza el catalán Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea.

“Nuestra posición sobre el Sáhara Occidental es que la UE pide unas rápidas negociaciones bajo las Naciones Unidas buscar soluciones políticas duraderas y justas, además de mutuamente aceptables en línea con las resoluciones de Naciones Unidas”, ha explicado la portavoz, que al mismo tiempo ha explicado que con Marruecos hay un “acuerdo estratégico” y contactos continuos, que en ocasiones incluyen asuntos “muy difíciles”.

"Nuestra posición es clara, se mantiene sin cambios, la hemos explicado antes y la hemos reiterado, y nada va a hacer que cambie"

Esos contactos se siguen produciendo. La semana pasada, Borrell habló con el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos. Pero en ningún momento la Comisión Europea emite, al menos públicamente, ningún mensaje en tono frentista con Rabat, más allá de insistir en que la posición europea respecto al Sáhara Occidental no va a cambiar. Porque conoce las consecuencias de lo ocurrido en Evros hace ahora más de un año, y porque volvió a repetirse en Ceuta hace solamente unos días. Algunas fuentes diplomáticas creen que mostrar dudas respecto al Sáhara solamente empeorará la situación, y que es mejor mostrarse sólidos en la posición que se ha defendido hasta ahora: ceder, o al menos abrirse a una posible cesión, demostrará a Marruecos que el uso de la política migratoria para la negociación política.

Pero por regla general la mayoría de fuentes consultadas hasta ahora creen que el objetivo de Marruecos es obtener, en términos generales, unas condiciones más ventajosas en su relación con la Unión Europea: a diferencia de Turquía y Libia, ellos han sido socios fiables y estables, y han encajado mal que Ankara, con continuas provocaciones, y Trípoli, con un país absolutamente destrozado por una sangrienta guerra civil, reciban más fondos que Rabat para la gestión migratoria. España sabe que ese malestar se ha ido acumulando durante los últimos años, y de hecho el Gobierno español ha presionado en Bruselas de forma continuada a favor de los intereses marroquíes.

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La Comisión Europea sabe que solamente hay una forma de evitar que pase que se use la migración como un elemento negociador: tener un acuerdo migratorio de puertas hacia dentro que permita hacer frente a una crisis migratoria, además de los flujos continuos que ya existen. Solamente de esa forma Bruselas y las capitales podrán negociar con los países terceros sin el miedo a saber que estos cuentan con la posibilidad de abrir el grifo migratorio y comenzar a poner en problemas a la Unión.

Pero el pacto migratorio se encuentra en estos momentos bloqueados. Bruselas confía en que esta última crisis en Ceuta impulse al Gobierno español a ceder en algunos puntos de la negociación del pacto migratorio, que es la única manera, aseguran desde la Comisión Europea, de garantizar la “independencia” de la política migratoria europea.