UK tiene un enorme problema energético del que nadie habla. Nosotros somos los siguientes

Aunque nunca había sido un tema de relevancia en su ascenso al poder en Reino Unido, la agenda de privatización acabó convirtiéndose en la dimensión más importante de la ideología y programa de Margaret Thatcher. Entre 1979 y 1990 se privatizaron más de 40 negocios estatales del país, que empleaban a 600.000 trabajadores. Bajo el argumento de que las empresas serían más eficientes y aumentarían la productividad laboral, también decidió privatizar el mercado energético, un modelo que acabó siendo copiado en gran parte del mundo.

Pero, ahora, más de tres décadas después del fin de la era Thatcher, un primer ministro de su mismo partido, Rishi Sunak, se ve obligado a revertir el legado de su admirada Dama de Hierro. El Ejecutivo conservador va a nacionalizar este 2024 el Operador del Sistema Eléctrico, una división de la empresa privada National Grid, que organiza los flujos de electricidad y gas en el país. Una decisión que ya fue anunciada dos años atrás por el Ejecutivo de Boris Johnson y que revela la dimensión de un problema energético del que pocos hablan, pero que supone el principal cuello de botella para la transición energética, ya sea en Reino Unido, en España o en el resto de Europa: la red eléctrica.

¿Qué ha llevado a un país tan liberal como el Reino Unido a renacionalizar su red eléctrica? Durante mucho tiempo, la red británica ha sido una de las más estables del mundo, según el Banco Mundial. Sin embargo, ahora se encuentra plagada de problemas que se traducen en preocupantes retrasos para poder conectar nuevas centrales renovables. Los tiempos de espera —que pueden llegar a ser hasta de 15 años— son los más largos de Europa y a los inversores se les empieza a acabar la paciencia. Harald Överholm, director ejecutivo de la empresa solar sueca Alight, es uno de los muchos que culpa al Gobierno por no anticipar las mejoras que se requerían para afrontar la avalancha de proyectos ecológicos. “Es triste cuando los gobiernos nacionales carecen de esa visión”, señalaba en The Guardian.

Las exigencias de la descarbonización, necesaria para frenar el cambio climático, han creado nuevas necesidades. Los conservadores han prometido una red cuyo funcionamiento no provocará emisiones netas de carbono para 2035. Los laboristas, que con toda probabilidad aterrizarán en Downing Street a partir de las próximas elecciones, se han comprometido a hacer lo mismo para 2030. Pero las capacidades no han sido aumentadas de manera acorde con las ambiciones políticas de un país que, tal y como dijo el entonces premier Boris Johnson, aspira a ser “la Arabia Saudí de la energía eólica”.

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El gran talón de Aquiles

Antes que nada, hay que entender cómo funcionan las redes eléctricas nacionales, que pueden compararse con una cebolla formada por tres capas. La primera es la de la generación de electricidad, un sector formado por compañías que gestionan parques eólicos, plantas hidroeléctricas, centrales nucleares, etcétera, y que operan en un mercado internacional altamente competitivo. La última es la conformada por minoristas del mercado eléctrico, que negocian directamente con los hogares y empresas para suministrarles la luz.

El Operador del Sistema Eléctrico que Reino Unido va a nacionalizar (y que ahora se denominará Operador del Sistema Energético Nacional) es el que opera la segunda capa de esta particular cebolla, la de la transmisión y distribución a gran escala de electricidad, donde las empresas están reguladas como monopolios regionales, sujetas a regulación de precios y acceso. El regulador evalúa sus costos y se les permite agregar algo al precio al que compran energía para cubrir esos costos. Y es este punto intermedio entre la generación y el consumo el que ha demostrado ser el mayor talón de Aquiles de la red.

Durante décadas, el sistema funcionó a la perfección. Tanto es así que no se hablaba de ello en la prensa. Y, como dicen los anglosajones, No news, good news (cuando no hay noticias es una buena noticia). Pero los días en los que se trataba de un tema desconocido se están terminado y los problemas que afronta la red se han metido en plena campaña ante los comicios previstos para finales de año, donde los tories están abocados a perder el poder tras más de 13 años en el Gobierno, tal y como apuntan todas las encuestas.

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Si se quiere cumplir con compromisos de cero emisiones netas de carbono (ya sea en 2035 o en 2030), el Reino Unido debe multiplicar por siete la cantidad de infraestructura de red que se construye cada año, según apunta Adam Bell, exjefe de estrategia energética del Gobierno y ahora de la consultora Stonehaven.

El problema es que el sistema actual no está preparado para afrontar este desafío. El pasado mes de agosto, Nick Winser, el reconocido experto en energía al que el Gobierno encargó una revisión independiente, advirtió que se necesitan “entre 12 y 14 años” para que las nuevas líneas de transmisión pasen desde su concepción hasta su conexión, una previsión que pone en peligro tanto las inversiones como las esperanzas de Londres de cumplir sus objetivos climáticos. “En los últimos 30 años, se han construido muy pocos circuitos de transmisión nuevos y será necesario un aumento espectacular hasta 2050, por lo que incluso estos largos plazos pueden resultar difíciles de cumplir si no logramos racionalizar el proceso”, recalca el informe.

En el pasado, National Grid necesitaba proporcionar puntos de conexión para un pequeño número de centrales eléctricas de gran tamaño. Pero, hoy en día, con la irrupción de las renovables, el mercado de generación ha cambiado drásticamente y está conformado por proyectos mucho más pequeños, pero también mucho más numerosos. A su vez, estos se están multiplicando para satisfacer la creciente demanda de electricidad de hogares y empresas, que se espera que aumente aproximadamente un 50% para 2035, conforme los británicos cambian sus calderas de gas por bombas de calor eléctricas y sus coches por modelos eléctricos.

Solo en 2022, la red recibió nuevas solicitudes equivalentes a tres veces su capacidad actual

La Asociación de Redes de Energía (ENA), que representa a los operadores de redes, asegura que hay “un verdadero sentido de urgencia en este desafío”. Solo en 2022, la industria recibió 164 GW de nuevas solicitudes, lo que representa aproximadamente tres veces la capacidad de la red actual.

Mucha burocracia, poca infraestructura

Dada la incapacidad de la red para absorber estos proyectos, la cola de peticiones para conectar nuevas centrales renovables a la red es gigantesca. “Los retrasos son inaceptables. A nosotros nos dieron un tiempo de espera de 10 años. Eso no es atractivo para ningún inversor. Ni la burocracia del operador ni la capacidad de la red han evolucionado acorde con las necesidades y ambiciones de renovables”, asegura a El Confidencial un inversor de la City.

Consciente de la situación, el Ejecutivo ha empezado a tomar medidas. El pasado mes de noviembre, la Oficina de Mercados de Gas y Electricidad (Ofgem), que regula la red eléctrica, cambió el sistema de solicitudes de conexión. Antes era por orden de llegada, pero las nuevas reglas introducen requisitos más estrictos para eliminar solicitudes tanto nuevas como existentes que no las cumplan. La idea es eliminar los llamados proyectos especulativos zombis que consiguen un lugar en la cola solo con el objetivo de ser comprados después.

Pero eso no es suficiente. Entre las recomendaciones realizadas por la revisión independiente de Nick Winser para acelerar aún más las cosas, se recalca la necesidad de alejarse de los procesos “caso por caso” para que la infraestructura de la red se construya “según un plan único”. En otras palabras, el Estado necesita empezar a desempeñar un papel más importante.

El líder de la oposición laborista Keir Starmer —favorito para convertirse en el próximo primer ministro— también planea crear una empresa estatal llamada GB Energy, imitando un exitoso sistema holandés, para ejecutar un consorcio para todos los compradores de equipos de red con el fin de garantizar que los equipos se adquieran por adelantado y a tiempo. La estatal también presentará ofertas para construir algunas partes de infraestructura de red. Este es un modelo que el actual Gobierno ha utilizado para construir centrales nucleares, proyectos arriesgados que atraen altas tasas de interés.

Pero, según plantea The Economist, los desafíos por delante son masivos. “El más obvio es que, simplemente, no hay mucho dinero público disponible para el tipo de actividad estatal que se prevé”, explica el medio. Otro es que las redes de distribución, que llevan la electricidad a lo largo del último kilómetro a los consumidores, aún no forman parte de ningún plan de recableado. “Los operadores de red de distribución independiente no tienen buenos sistemas para monitorear sus redes y a menudo saben que han alcanzado su capacidad solo cuando una subestación falla. Esto podría conducir a una situación en la que la red de transmisión se haya descarbonizado con éxito, pero no haya forma de enchufar todos los coches y bombas de calor que utilizan esa electricidad limpia”, señala la revista.

El premier Rishi Sunak asegura que su compromiso de alcanzar las cero emisiones netas de dióxido de carbono para 2050 sigue intacto. No obstante, consciente que la transición energética supone un coste para los ciudadanos, agobiados ahora por inflación y subida intereses en hipotecas, el pasado mes de septiembre anunció un paquete de medidas que, entre otros, retrasarán cinco años, hasta 2035, el veto a la venta de automóviles de gasolina y diésel, alineándose con la UE.

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Cuando las barbas de tu vecino veas nacionalizar…

Los problemas que Reino Unido afronta en su red eléctrica pueden ser los más graves del continente, pero distan mucho de ser los únicos. Si bien Reino Unido lidera las colas de proyectos de energía renovable, España va inmediatamente después, con 150 GW de capacidad eólica y solar que todavía esperan a ser conectados a la red. Una cifra que triplica la capacidad instalada actualmente en el país para estas energías renovables.

España tampoco es una excepción en Europa. Expertos a lo largo y ancho del continente llevan tiempo avisando de que sus redes eléctricas necesitan urgentemente un proceso doble de expansión y modernización. Alrededor del 40% de la infraestructura de transporte de electricidad europea cuenta con más de 40 años, tan solo una década menos que su esperanza de vida típica. Como explica Szymon Kardaś, investigador del European Council on Foreign Relations (ECFR) especializado en energía, estas redes anticuadas están provocado cuellos de botella adicionales en la generación de electricidad verde, siendo incapaz de absorber nuevas fuentes de energía renovable. En Polonia, por ejemplo, la red falló varias veces a lo largo de 2023 a la hora de recibir la electricidad generada por paneles solares y pequeñas instalaciones fotovoltaicas. Más allá del envejecimiento, la red europea también resulta, del mismo modo que en Reino Unido, insuficiente para soportar la creciente demanda debido a la electrificación del transporte y la calefacción.

No es que en la UE se estén quedando de brazos cruzados. Actualmente, según indica Kardás, la UE gasta alrededor de 23.000 millones de euros al año en la expansión de las redes de distribución de electricidad. El bloque también ha planeado aumentar la longitud de las líneas de transmisión en un 20% y las redes de distribución en un 6,7% para 2030. Sin embargo, las cifras siguen sin ser suficientes. Según la federación de la industria eléctrica europea, Eurelectric, Bruselas debería aumentar su inversión en expansión de la red a al menos 38.000 euros por año para 2030 si desea cumplir sus objetivos climáticos, y hasta 100.000 millones de euros anuales para 2050. "La propia Comisión Europea ha estimado que se necesitan 584.000 millones de euros de inversión para 2030, para ampliar tanto las redes de transmisión como las de distribución", apunta el investigador de ECFR.