Nicaragua da el primer paso para llevar a Alemania, Reino Unido y Canadá ante la CIJ por secundar el "genocidio"

El Gobierno de Nicaragua inició el jueves pasado el procedimiento para llevar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a cuatro potencias occidentales —Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Canadá— por contribuir al presunto genocidio del pueblo palestino en Gaza exportando armas a Israel.

El Ejecutivo nicaragüense publicó un largo comunicado en el que revela haber advertido, mediante nota verbal oficial, a los gobiernos de esos cuatro países de que pueden ser corresponsables de "violaciones flagrantes y sistemáticas" de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y del Derecho Internacional Humanitario en la Franja de Gaza. Desde el pasado 7 de octubre, en este exiguo territorio han muerto más de 27.000 personas y otras 66.000 habrían resultado heridas, según cifras del Ministerio de Sanidad, controlado por Hamás.

En la nota verbal (que es en realidad un documento escrito) remitida a los gobiernos de estas cuatro potencias, Nicaragua les insta a "detener de inmediato el suministro de armas, municiones, tecnología y/o componentes a Israel, ya que es posible que hayan sido utilizados para facilitar o cometer violaciones de la Convención sobre Genocidio" en Gaza.

Estarían obligados a cortar ese suministro, prosigue el texto, desde "el instante en que un Estado tiene conocimiento (...) de la existencia de un riesgo grave de que se cometa genocidio". Esos gobiernos lo tienen, continúa el comunicado, desde que el 26 de enero la CIJ emitió un fallo preliminar en el que consideró plausible que la Convención sobre el Genocidio esté siendo violada por Israel en Gaza.

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A petición de Sudáfrica, los jueces de la CIJ, una institución de Naciones Unidas, dictaron ese día una serie de medidas cautelares previas a que finalmente se pronuncien sobre el fondo de la cuestión en un plazo indeterminado de varios meses. Sin llegar a pedir el alto el fuego que demandaba Sudáfrica, las medidas cautelares previas exigen a Israel que se abstenga de "asesinar a los miembros del grupo" palestino; "causar daño físico y mental grave a los miembros del grupo"; "imponer al grupo condiciones de vida que conllevan su destrucción física". Le ordenan además que tome "medidas inmediatas para mejorar la situación en Gaza y garantizar el acceso humanitario".

A este último punto se agarra el Gobierno de Nicaragua para formular una segunda advertencia a Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Canadá. Los cuatro forman parte del grupo de más de 15 países que han suspendido la financiación que conceden a la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA, según sus siglas en inglés). Otras potencias europeas, como España, Irlanda, Bélgica o Noruega, se han negado a sancionar a la agencia.

La supresión de buena parte de la financiación internacional, que se empezará a notar este mes, pone en riesgo la vida de cientos de miles de palestinos que dependen para su supervivencia de la ayuda humanitaria que les proporciona esta agencia, la que tiene más presencia en Gaza de todas cuantas operan en ese territorio. UNRWA desempeña además una labor de coordinación entre todos los actores humanitarios.

Opinión

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La cascada de castigos fue anunciada el pasado fin de semana después de que saliese a la luz la acusación, formulada por las autoridades israelíes, de que 12 trabajadores de la UNRWA, de los 13.000 con los que cuenta en Gaza, habían participado en el brutal ataque del 7 de octubre contra el sur de Israel que causó en unas horas 1.269 muertos, de ellos, 816 civiles. Gréta Gunnarsdóttir, directora en Nueva York de la oficina de la UNRWA, precisó el jueves en X que de esos 12 empleados, dos habían muerto, uno no pudo ser identificado y otro no coincidía con la lista de personal contratado por la agencia.

Al suspender la ayuda a la UNRWA, esos cuatro gobiernos "continúan ignorando sus obligaciones y facilitando activamente las violaciones de las normas del derecho internacional por parte de Israel, en perjuicio grave e inmediato del pueblo palestino, en particular, de los habitantes de Gaza", afirma el Gobierno de Nicaragua. Contribuyen así, añade, "al castigo colectivo de los palestinos y al aparente objetivo [de Israel] de obligar a la población palestina a abandonar los territorios palestinos ocupados, particularmente Gaza".

"Nicaragua ha notificado por escrito a estos cuatro gobiernos que adoptará todas las medidas que considere apropiadas de conformidad con el derecho internacional, incluido el recurso a la Corte Internacional de Justicia, para garantizar el respeto de estos textos internacionales fundamentales", concluye el comunicado.

¿Por qué no EEUU?

La iniciativa nicaragüense ha elegido por blanco cuatro aliados occidentales de peso para Israel, pero no al principal, que es Estados Unidos. La superpotencia es el primer exportador de armas al Estado hebreo y también el principal donante a la UNRWA, a la que ahora también ha cortado su contribución. EEUU es inatacable judicialmente porque, a diferencia de los europeos, puso en su día todo tipo de salvaguardas a su aceptación de la competencia de la CIJ.

Los pasos dados ahora por Nicaragua son complementarios de los que dio Sudáfrica cuando, a finales de 2023, denunció directamente a Israel ante la CIJ y obtuvo hace una semana parte de las medidas provisionales que había solicitado. Numerosos países, desde Turquía a Colombia, pasando por Malasia, Pakistán y Namibia, han secundado de diversas maneras, sobre todo por la vía diplomática, la iniciativa sudafricana.

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Nicaragua fue también, el 23 de enero, un paso más allá que el pelotón. Solicitó a la CIJ ser parte del caso presentado por Sudáfrica contra Israel. En círculos diplomáticos latinoamericanos, se prevé que algún otro país de la región no tardará en sumarse al procedimiento recién iniciado por el Gobierno de Managua contra esas cuatro potencias occidentales.

El empeño de Israel de acabar con la UNRWA en Gaza, puesto de manifiesto por las declaraciones de algunos de los ministros de Benjamín Netanyahu, ha provocado reacciones de apoyo a la agencia. El último en manifestarse fue, el viernes, Asmund Aukrust, diputado laborista noruego, que anunció al diario Dagbladet que había nominado a la agencia de la ONU al Premio Nobel de la Paz. Se lo merece, dijo, por "su labor a largo plazo para proporcionar un apoyo vital a Palestina y a la región en general".