El Supremo de Colorado inhabilita a Trump por el asalto al Capitolio

El expresidente y candidato de nuevo a la presidencia de EEUU, Donald Trump, no tendrá derecho a concurrir a ningunas elecciones; al menos en Colorado. Así lo ha dictaminado el Tribunal Supremo de este estado con cuatro votos a favor y tres en contra, invocando la sección 3 de la Décimocuarta Enmienda de la Constitución: aquella que prohíbe ocupar un cargo oficial a quienes hayan participado en una "insurrección o rebelión" contra la carta magna tras haber jurado fidelidad a la misma. En el caso de Trump, por la intentona de golpe del 6 de enero de 2021 en Washington, cuando una turba arengada por el magnate irrumpió en el Capitolio para impedir que el Congreso certificara formalmente de la victoria de Joe Biden.

"No hemos llegado a estas conclusiones a la ligera", dice el documento judicial en la parte donde explica el contexto de la decisión. "Somos conscientes de la magnitud y del peso de las cuestiones que tenemos delante. También somos conscientes de nuestro solemne deber de aplicar la ley, sin miedos ni favores, y sin vernos arrastrados por la reacción pública a las decisiones que la ley nos obliga a tomar".

Y reacción pública ha habido sin duda. Minutos después de conocerse la noticia, una serie de congresistas, gobernadores y hasta rivales de Trump en las primarias del Partido Republicano han tachado la decisión de estar políticamente motivada y han aportado los argumentos por los que piensan que esos jueces de Colorado no tienen derecho alguno a prohibir a nadie que se presente a unas elecciones. Una decisión, dijeron, que pertenece a los votantes, o, si acaso, al Tribunal Supremo federal.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, cuyo sueño de vencer a Trump en las primarias empequeñece cada día que pasa, declaró que la decisión se basaba en "fundaciones legales espurias". Otra contrincante, Nikki Haley, dijo que "no necesitamos que los jueces tomen estas decisiones", sino los votantes. El también aspirante Vivek Ramaswamy fue más lejos y anunció en X, antes conocida como Twitter, que suspendía su campaña en Colorado hasta que Trump fuese readmitido.

A pesar de que la decisión de los jueces del alto tribunal estatal solo aplica para Colorado, y de que es bastante probable que el Tribunal Supremo federal la acabe revocando, se trata de un precedente interesante para aclarar el incierto futuro de Trump. Un hombre imputado en cuatro procesos judiciales, tres a nivel estatal y uno a nivel federal, que podrían empañar o hundir su candidatura.

Hasta ahora se habían registrado por todo Estados Unidos 35 demandas similares a la de Colorado, que trataban de inhabilitar a Trump, en función de la Decimocuarta Enmienda, por los hechos del Capitolio. Seis de estas demandas han sido desestimadas, una está siendo apelada por segunda vez, una docena han sido retiradas y otras tantas continúan pendientes de la conclusión. La corte de Colorado, por tanto, es la primera que alcanza una resolución negativa para Trump.

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Dado que el sistema judicial norteamericano está fuertemente basado en el precedente, y en este caso no hay precedentes de que un hombre con el historial de Trump se vuelva a presentar a la presidencia, se hace difícil saber qué sucederá: ¿qué decidiría el Supremo? ¿Y si, en este o en otros casos, Trump es condenado a pena de prisión y, a la vez, reelegido presidente? ¿Gobernaría desde la cárcel, en un mono naranja, con un pequeño escritorio y un teléfono detrás de los barrotes? ¿O se perdonaría a sí mismo? ¿O cumpliría la pena después de acabar el mandato?

Nadie sabe cuál es la respuesta a estas preguntas. Ni siquiera los juristas. Unos dicen que sí, otros que no y otros que puede ser. La situación recuerda vagamente al otoño de 2020, cuando se temía que Trump perdiera las elecciones y no lo reconociera. Lo que justamente sucedió. En aquel entonces, se formó una nube de demandas electorales mezcladas con teorías conspirativas, se enardeció a las masas y se acabó produciendo el primer asalto al Congreso desde que los soldados ingleses lo atacaran más de dos siglos antes. Pero el sistema aguantó. Ahora no sabemos tampoco por qué caminos político-legales discurrirán los numerosos pleitos.

Una manera de concebir este entramado de casos judiciales es pensando en una mesa de pinball en la que los casos de Trump son como bolas metálicas que van rebotando de un lado a otro, entre pinzas, tacos, zonas imantadas y trampas imprevistas. Una serie de circuitos judiciales que debaten, aceptan, niegan o devuelven las alegaciones, hasta que, en algún momento, las bolas metálicas lleguen al Supremo y este, que es de mayoría conservadora, diga la última palabra. Hasta entonces, tocará ejercer la paciencia: mirar cómo esas bolas metálicas van hacia un lado o hacia otro, sentando precedentes para casos futuros.

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Mientras tanto, en paralelo a los circuitos judiciales, está la política: la calle. En 2020, los juzgados y las autoridades competentes dejaron claro que la victoria de Joe Biden había sido limpia. Incluso los responsables electorales de la republicana Georgia se mantuvieron firmes ante las presiones de Trump para que le "encontraran" votos, como indica una llamada del entonces presidente a un alto funcionario estatal. Pero una buena parte de las bases trumpistas, al final, dictaminó otra cosa. Dictaminó que Biden había robado las elecciones y que había que recuperar la democracia. Los rostros de muchos de los criminales que asolaron el Capitolio estaban emocionados y radiantes. En su cabeza, eran ciudadanos defendiendo el imperio de la ley.

Los partidos políticos interpretarán estas decisiones en función de su agenda. Horas antes de conocerse la decisión en Colorado, el senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, había presentado una propuesta de ley que castigaría precisamente decisiones como la adoptada ayer. La Ley de Ayuda a América a Votar retiraría los fondos federales que sufragan los procesos electorales a los estados que "usen incorrectamente la Decimocuarta Enmienda para fines políticos".

La campaña de Trump ha anunciado que recurrirá esta decisión ante el Supremo federal, de mayoría conservadora. "Tenemos plena confianza en que el Tribunal Supremo de EEUU sentenciará rápidamente a nuestro favor y pondrá fin a estas demandas antiamericanas", dijo anoche Steven Cheung, portavoz del magnate.