Donald Trump hace historia (de nuevo): las turbulencias que llegan a EEUU

El expresidente de EEUU y aspirante de nuevo a la Casa Blanca, Donald Trump, ha hecho historia. Otra vez. Y no será la última. Si algo hemos aprendido con él, sea en su faceta de magnate, candidato, presidente y ahora imputado, es que Trump ve la vida como una serie de televisión en la que él vence a sus enemigos. La única lógica que entiende el showman es la de subir las apuestas y la temperatura, siempre, a cualquier precio. Y en esas estamos de nuevo: en un drama serial, si escuchamos a Trump, en el que un campeón del pueblo sería perseguido por el Estado profundo. Una narrativa explosiva que ya enfanga las elecciones presidenciales de 2024.

“Están destruyendo nuestro país. Y, cuando sea reelegido, y seré reelegido, no tendremos otra opción”, declaró Trump anoche desde su complejo de golf de Bedminster, en Nueva Jersey, adonde viajó después de declararse no culpable de los 37 cargos imputados por un jurado federal de Florida. “Voy a destruir totalmente el Estado profundo”. El magnate alegó, pese a las pruebas en contra, que no había hecho nada malo, que tenía el derecho de poseer esos documentos, y que sus rivales, Joe Biden y Hillary Clinton, habían hecho cosas peores, pero habían salido impunes.

Durante su comparecencia, llegó a prometer que, si ganaba las elecciones, nombraría un fiscal especial para investigar a Biden. Una de las fijaciones principales de los medios conservadores desde 2020 es buscar suciedad en la larga carrera política del hoy presidente y en los tejemanejes de su hijo menor, Hunter Biden, conocido por su comportamiento errático y por hacer uso del poder de su apellido para ganarse lucrativos contratos en países como Ucrania.

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Más allá de los aspavientos, las falsedades y el espectáculo, consustanciales a la marca de Trump y políticamente rentables, los hechos son los siguientes: ayer martes sobre las tres de la tarde, hora local, Donald Trump se entregó para ser arrestado en un tribunal federal de Florida, imputado por 37 cargos relacionados con la retención, una vez dejó de ser presidente, de documentos clasificados. Entre esos cargos figuran, además de la presunta retención ilegal de estos documentos, obstrucción a la justicia y falso testimonio, ya que el expresidente habría tratado de evitar mediante el engaño la devolución de estos archivos, muchos de los cuales contenían material sensible sobre la seguridad nacional de EEUU y de sus aliados. Algunos de estos cargos pueden acarrear penas de hasta 20 años de prisión.

Además, las pruebas recogidas en el dosier de la investigación, de 44 páginas, apuntan a que Trump habría compartido ilegalmente el contenido de estos documentos, almacenados, como se vio en las fotos filtradas a la prensa, en su habitación, los baños o el teatro de su mansión de Mar-a-Lago. Su abogado y valido, Walt Nauta, fue también imputado de cinco cargos y de falso testamento. Trump y Nauta fueron dejados en libertad sin restricciones para viajar o para poseer armas de fuego. Sí han tenido que comprometerse, sin embargo, a no mantener contacto entre ellos ni con las personas que figuran en una lista de testigos del caso.

De esta manera, Trump era procesado por segunda vez en poco más de dos meses. La primera, en Nueva York, por la presunta conspiración y falsedad contable para ocultar el pago de dinero a una mujer con intención de acallar una aventura extramatrimonial; esta vez, a nivel federal, por el manejo de los documentos; y puede haber una tercera, en Georgia, donde Trump puede ser imputado por tratar de presionar a funcionarios de este estado para que manipulasen el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, que el republicano aún no ha reconocido.

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Así que las estrategias de batalla están claras. A un lado del ring está el primer expresidente imputado, y por partida doble, de la historia de Estados Unidos. Un animal mediático y político que fue capaz de conectar con una parte del electorado alienada por una serie de fenómenos en los que no se reconocían, entre ellos la huida del tejido manufacturero del interior, la creciente diversidad racial de EEUU y la consolidación de unas élites urbanas encantadas de haberse conocido. Una base cuya lealtad a Trump no se ha visto afectada, ni siquiera por su intento de abortar la transición pacífica de poder por primera vez, también, en la historia del país.

En el otro lado del cuadrilátero, la Administración Biden juega el papel del “sheriff reacio”. El presidente prometió “bajar el volumen” de la conversación política, restablecer la normalidad, no dar a Trump el oxígeno dramático que necesita. Sin embargo, el mensaje que nos llega de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia es que no les ha quedado otra que actuar. En mayo de 2021, la Administración de Archivos y Anales Nacionales contactó con Trump para preguntarle por una serie de documentos desaparecidos. Y ahí empezó un tira y afloja en el que el expresidente acabó siendo investigado por un fiscal especial, Jack Smith, y finalmente imputado.

La aparente estrategia del equipo de Trump es alargar, alargar y alargar el proceso. Si consigue que el juicio se celebre después de las elecciones presidenciales de noviembre del año que viene, y es Trump u otro republicano el que acaba ganando, el magnate puede recibir el perdón presidencial. Su rival de las primarias, Nikki Haley, ha reconocido estar abierta a esa opción si es elegida.

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Por estas razones, el fiscal Smith quiere exactamente lo contrario. Durante su comparecencia del pasado viernes, cuando se conocieron los cargos, Smith dijo que buscará “un proceso rápido”. Un deseo que dependerá no de las partes implicadas, sino del magistrado responsable de juzgar el caso. Una jueza, de hecho, afín al partido de Trump.

La jueza Aileen Cannon no solo fue nombrada por Trump en 2020, sino que también emprendió medidas favorables al republicano durante la investigación de los documentos clasificados. Por ejemplo, bloqueó temporalmente las pesquisas y aceptó la petición del magnate de nombrar a un “fiscal especial” independiente que revisara si los documentos incautados estaban, efectivamente, dentro del “privilegio ejecutivo” del expresidente. Cannon, nacida en Colombia, es miembro de la red de juristas conservadores Federalist Society, que recomendó a la Administración Trump qué jueces nombrar en las judicaturas. Jueces como ella misma.

Dado su historial, varias voces han pedido a Cannon que se recuse y ceda el caso a otro magistrado. Así lo han exigido, en un artículo publicado en Slate, Richard Painter y Norman Eisen, respectivos responsables de ética de los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama, y Fred Wertheimer, presidente de Democracy 21, una asociación sin ánimo de lucro que aboga por la buena gobernanza. Cannon recibió el caso de Trump de manera azarosa, puesto que cae dentro de su circunscripción de West Palm Beach, donde el magnate tiene su mansión de Mar-a-Lago.

Se trata de una situación político-legal sin precedentes y cuya navegación no fue prevista por los autores de la Constitución norteamericana, de manera que solo se puede especular. El contexto electoral y las amenazas de venganza por parte de Trump barruntan una peligrosa espiral para una democracia, la primera de la era moderna, que ya está cansada de ser vapuleada.