Pactos con dictadores y chapuzas judiciales: en la crisis migratoria, la UE no mira a Canarias

Hay países, como Grecia, Italia o Países Bajos, a los que les gusta llegar a Bruselas y hablar de migración. De lo que necesitan y de lo que quieren por parte del resto de los Estados miembros. España sigue una estrategia completamente distinta. No quiere aparecer en el radar, no quiere que se hable de ella, ni de sus flujos migratorios, ni de sus números, ni de sus tratos con Marruecos o Mauritania. Por eso, aunque esta semana el aumento de las llegadas a Canarias ha comenzado a ganar peso en el debate nacional, entre las críticas del Partido Popular a la gestión del Gobierno, en Bruselas, donde los jefes de Estado y de Gobierno se han reunido este jueves y viernes, no se ha escuchado ni una palabra de migración, al menos no referida a España.

En la Unión Europea hay una preocupación creciente por la cuestión migratoria. Hay muchas fuentes. Hay datos alarmantes en algunas de las rutas, que han experimentado un incremento importante en los últimos meses en zonas como la de los Balcanes Occidentales o la del Mediterráneo Central. Y el atentado de Bruselas ha mostrado los fallos en el sistema de devolución de inmigrantes irregulares, incluso cuando están fichados por posible radicalismo. Los Veintisiete tienen prisas por cerrar el Pacto Migratorio antes de que se agote la legislatura europea, para que sustituya al anterior régimen de gestión migratoria que saltó por los aires tras la crisis de 2015 y 2016. A nivel de Estados miembros, ya hay un principio de acuerdo sobre ese nuevo régimen, aunque con la oposición de algunas capitales como Budapest, pero todavía falta un acuerdo con la Eurocámara.

Además, la Unión Europea está desarrollando en los últimos tiempos el modelo que estrenó con Turquía para frenar la última crisis: está dispuesta a entregar cientos y miles de millones de euros a dictadores en el norte de África y a mirar hacia otro lado respecto a sus abusos, a cambio de que mantengan controlada la migración. La Comisión Europea lo está intentando con Túnez a petición de Italia, que es en estos momentos, de largo, el máximo receptor de inmigrantes de toda la UE. Pero el trato está demostrando ser complejo. Ante el riesgo de que surjan nuevos flujos migratorios a raíz de la guerra entre Israel y Hamás, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha pedido a los líderes avanzar hacia un acuerdo con Egipto, desde el que muchos migrantes cruzan hacia Libia antes de lanzarse a la ruta del Mediterráneo Central.

Pero un punto de inflexión en una parte del debate fue el atentado en el que un ciudadano tunecino mató a dos suecos en Bruselas. Tras aquello, Alexander de Croo, primer ministro belga, solicitaba apuntalar el sistema de retorno de la UE, y Olaf Scholz, canciller alemán, insistía en la misma línea en una entrevista con Der Spiegel. "Tenemos que deportar a la gente con más frecuencia y más rápido", explicaba al semanario una de las principales voces de la familia socialdemócrata europea, mostrando cómo está girando la opinión pública en esta cuestión, especialmente en aquellos países en los que hay partidos políticos fuertes que defienden un discurso muy agresivo contra la inmigración. El terrorista, que murió a la mañana siguiente del atentado tras los disparos de la policía, había llegado a Lampedusa (Italia) en 2011 y había pedido asilo en varios países europeos sin éxito. Y a pesar de que Bélgica había rechazado su solicitud de asilo, cursada en 2019, no lo expulsó del país. El ministro de Justicia belga, Vincent Van Quickenborne, se vio obligado a dimitir tras conocerse que en agosto de 2022 Túnez había solicitado su extradición y que aquella petición ni siquiera había sido respondida por el juez competente.

El caso español

En los últimos días, se han comenzado a seguir con mucha atención las cifras de llegadas y de solicitantes de asilo. En septiembre, España fue el segundo país de la Unión Europea con más solicitudes, 13.395, por encima de Francia y solamente por detrás de Alemania, con casi 28.000. Lo cierto es que la situación no es para nada nueva: España lleva siendo el segundo país con más solicitudes de asilo en la actualización mensual que hace Eurostat, la agencia de estadísticas de la Unión Europea, desde febrero de 2023, por delante siempre de Francia, y el mes con más solicitudes no ha sido septiembre, sino mayo, cuando se registraron 17.405.

Aunque los datos de Eurostat solamente cubren hasta finales de septiembre —y ha sido a partir de entonces cuando se han disparado las llegadas a Canarias, unas 7.000 en las últimas semanas—, lo cierto es que no hay punto de comparación entre la ruta del Atlántico, con 14.000 llegadas desde enero (sin contar con los numerosos desembarcos del último mes) y las 10.000 del Mediterráneo Occidental —por ejemplo por el Estrecho de Gibraltar—, con la situación en el Mediterráneo Central, es decir, la ruta que cruza desde Libia y Túnez hacia Italia.

TE PUEDE INTERESAR

El presidente de Canarias ve "insuficiente" la respuesta del Gobierno a la migración

El Confidencial

Esta ruta acumula 131.630 llegadas entre enero y septiembre de 2023. La situación en Lampedusa, una isla cerca de Sicilia, ha llegado a ser realmente crítica, y el Gobierno italiano hace mucha presión en Bruselas para intentar contar con apoyo de los Veintisiete en esta cuestión. La ruta oriental, la que afecta a Grecia, ha registrado 36.099 personas en lo que va de año hasta finales de septiembre, también más de lo que ha registrado España. Otra ruta que preocupa mucho en Europa es la de los Balcanes Occidentales, por donde se han identificado 81.830 ingresos que han provocado que numerosos países cierren sus fronteras, acogiéndose a distintas excepciones de Schengen.

Frente al modelo italiano o griego de acudir a Bruselas a intentar implicar al resto de socios europeos —de hecho, el primer ministro heleno Kyriakos Mitsotakis ha insistido en la necesidad de ampliar los fondos europeos dedicados a la gestión migratoria en la revisión del marco financiero plurianual que se debe acordar en diciembre—, España prefiere llevar sus lazos con los países de partida con más discreción. Los sucesivos Gobiernos españoles siempre han acudido a la capital comunitaria a defender, por ejemplo, los intereses de Marruecos, pero intenta no hacer ruido, tanto cuando toca lograr alguna cesión para Rabat como especialmente cuando toca intentar que la Comisión Europea no sea demasiado dura en las denuncias de situaciones concretas, como los incidentes en la frontera de Melilla del 24 de julio de 2022.

Eso no significa que España no aproveche a la Unión Europea en sus tratos con Marruecos o Mauritania, pero intenta hacerlo con cuidado. Hace dos semanas, cuando Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior en funciones, viajó a Mauritania para reforzar los lazos en cooperación migratoria, lo hizo acompañado por Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea a cargo de la supervisión del dosier migratorio.

La conexión con la seguridad

En el debate migratorio nacional, una de las declaraciones que más atención ha generado ha sido la de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha criticado la gestión de la crisis en Canarias por parte del Gobierno en funciones, vinculando a la inmigración con la "seguridad nacional". Y esa conexión, que se está haciendo de forma cada vez más sonora también en algunos países a partir del atentado de Bruselas, tuvo su reflejo durante la cumbre de líderes de esta semana.

Suecia, el país del que eran los dos ciudadanos que murieron en el atentado, intentó que las conclusiones europeas en las que se condenaba el terrorismo estuvieran vinculadas a la inmigración, aunque fuentes diplomáticas explican que algunos países, entre ellos Portugal, se opusieron a ello. Sin embargo, en el párrafo dedicado al terrorismo sí que hay referencias indirectas a la inmigración. El ambiente está cambiando: hay mucho hincapié en hacer más efectivo el sistema de retorno, un asunto que ya han abordado los ministros de Interior de la Unión Europea.