Las aguas residuales inundan las playas británicas: ¿funciona la privatización?

La icónica costa de Blackpool se ha tenido que cerrar a los bañistas que deseaban darse un chapuzón en el mar después de que la Agencia de Medio Ambiente haya detectado la bacteria E.Coli tras una fuga de aguas residuales. No es un caso aislado. Los británicos están viviendo el junio más caluroso desde que comenzaron los registros, pero la posibilidad de irse a la playa o el río no es una opción porque muchas zonas del país presentan aguas con impurezas procedentes de vertidos de aguas residuales.

Es el iceberg de la peor crisis que atraviesa el sector del agua en Reino Unido desde su privatización en 1989, una situación que podría acabar con la intervención de Thames Water, la mayor compañía de suministro del país, cuya deuda supera los 14.000 millones de libras (16.292 millones de euros).

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Las empresas de la industria han emitido una disculpa pública por "no actuar con la suficiente rapidez" ante los derrames que están alterando la vida de los ciudadanos en pleno verano. En 2022, se bombearon aguas residuales sin tratar a ríos y mares durante 1,75 millones de horas, un promedio de 825 veces al día. El sector ha anunciado un paquete de inversión de 10.000 millones de libras para "la mayor modernización de alcantarillado desde la era victoriana".

Pero la polémica viene con letra pequeña. Esta renovación podría suponer un aumento en las facturas de los hogares de hasta un 40%, lo que ha alarmado al Gobierno. Después de que el pasado mes de abril los precios ya subieran hasta un 11% en algunas zonas, a partir del próximo año las facturas anuales podrían tener un aumento promedio de alrededor de 450 a 680 libras, más la inflación. El ministro del Tesoro, Jeremy Hunt, se ha reunido este miércoles con el responsable del regulador de agua Ofwat para evaluar la situación. ¿Qué es lo que está pasando?

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Apenas tres años de su nombramiento, la consejera delegada de Thames Water, Sarah Bentley, presentaba este martes su dimisión, incrementando aún más las dudas sobre la supervivencia de la compañía, que consiste en un conjunto de fondos de capital privado, pensiones e infraestructura. El Gobierno está evaluando planes de contingencia para la intervención. Según Sky News, se debate colocarla en un régimen de administración especial (SAR) que en la práctica supondría su nacionalización temporal.

La revelación de la noticia ha reabierto el feroz debate sobre la privatización de la industria del agua del país, que en los últimos años no para de protagonizar controversias y escándalos.

El sistema actual de monopolios privados se remonta a 1989, cuando la primera ministra conservadora Margaret Thatcher vendió la industria pública de agua y alcantarillado en Inglaterra y Gales por 7.600 millones de libras. Prometió que conduciría a una nueva era de inversión, mejoraría la calidad del agua y ayudaría a reducir las facturas. Su Gobierno también canceló todas las deudas y estableció Ofwat, un organismo para regular la industria. Los partidarios argumentan que el sector ahora es significativamente mejor, aunque reconocen que aún se necesitan mejoras.

Water UK, el organismo de la industria que representa a las empresas, dijo en el 30 aniversario de la privatización en 2019 que la situación había "mejorado enormemente" con una caída en los problemas de suministro, la contaminación y las fugas gracias a una inversión de casi 160 mil millones de libras durante décadas. También afirmó que "las facturas promedio de hoy son en general las mismas que hace 20 años, una vez que se tiene en cuenta la inflación".

Sin embargo, los críticos aseguran que la privatización ha llevado a facturas vertiginosas, bajo rendimiento y años de inversión insuficiente, y afirman que se ha priorizado la paga de los ejecutivos y accionistas a expensas de los clientes, que sufren desde hace tiempo problemas de vertidos y fugas.

Las empresas de agua acumularon una deuda de 54.000 millones de libras desde la privatización, pero pagaron dividendos a los accionistas por valor de 66.000 millones de libras, según un análisis publicado por The Guardian el año pasado, con un 20% de las facturas destinadas al servicio de la deuda o al pago de dividendos en promedio.

El propio regulador Ofwat ha sido acusado de carecer de la mano dura necesaria para enfrentarse a las empresas, por lo que son muchos, entre ellos los liberales demócratas, los que piden que sea abolido y "reemplazado por un nuevo organismo independiente con poderes reales".

La mayoría de los británicos (un 63%) apoya la nacionalización de la industria, entre ellos, el 58% de los votantes conservadores, según una encuesta de YouGov. Con todo, parece haber poco apetito por tal movimiento por parte del Gobierno, que se ha limitado a aumentar las sanciones con multas ilimitadas para las empresas que contaminen. Por su parte, los laboristas han retrocedido en su apoyo a la política.

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La mayor parte de Reino Unido tiene un sistema de alcantarillado combinado —que data de la época victoriana—, lo que significa que tanto el agua de lluvia como las aguas residuales (de inodoros, baños y cocinas) se transportan por las mismas tuberías a una planta de tratamiento.

Según la Agencia de Medio Ambiente, la capacidad se puede exceder en ocasiones durante las fuertes lluvias. Esto podría provocar la inundación de viviendas, carreteras y espacios abiertos, por lo que el sistema está diseñado para desbordarse ocasionalmente y descargar el exceso de aguas residuales directamente al mar y ríos. Las compañías de agua son las que controlan los vertidos mediante el uso de unos monitores.

Pero un análisis elaborado por el partido de los Liberal-Demócratas reveló el año pasado que 1.802 de estos aparatos proporcionaron información durante menos del 90% del tiempo, lo que significa que los ciudadanos podrían estar nadando entre desechos humanos sin tan siquiera saberlo.

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El año pasado, tres miembros franceses del Parlamento Europeo escribieron a la Comisión Europea pidiéndole que tomara medidas para evitar que Reino Unido contaminara el Canal de la Mancha y el Mar del Norte. Argumentaron que, desde el Brexit, Reino Unido "ha optado por reducir sus estándares de calidad del agua".

Mientras que los británicos eran parte de la UE, tenían que cumplir con la Directiva Marco del Agua, que solicita a los Estados miembros que elaboren planes de gestión de cuencas fluviales para lograr un buen estado ambiental. Pero una vez fuera del bloque, Londres puede imponer sus propias normas. Y el problema es que no están funcionando como deberían.

"Una vez fuera del bloque, Londres puede imponer sus propias normas. Y el problema es que no están funcionando como deberían"

A finales de 2021 —año en el que los británicos salieron a efectos prácticos de la UE—, a algunas compañías les resultó más difícil obtener productos químicos para el tratamiento del agua debido a la interrupción de las cadenas de suministro en los puertos.

La Agencia de Medio Ambiente decidió entonces relajar las restricciones, permitiendo a las empresas "descargar efluentes sin cumplir con las condiciones" de sus permisos, que normalmente requieren que el agua sea tratada mediante un proceso de varios pasos. Los ciudadanos ya se quedaron el verano pasado sin poder bañarse en muchas de las playas, pero esto no afectó a las bonificaciones anuales de los ejecutivos del sector.