Por qué los ministros españoles deberían tener una vivienda en Bruselas

Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno a cargo de Transición Ecológica, entra en la sala de prensa española del Consejo de la Unión Europea que se encuentra en el sótano del edificio con una medio sonrisa. Acaba de finalizar un consejo de Energía en el que España, junto a Bélgica, Francia y otros Estados miembros han bloqueado el resto de los acuerdos después de una propuesta para un tope del gas por parte de la Comisión Europea que se ha considerado una “tomadura de pelo”. “Ya viene siendo habitual vernos cada semana, cada dos semanas”, explicó riendo en su introducción.

A la vicepresidenta no le falta razón. Cada pocas semanas acaba encerrada junto a sus homólogos en una sala sin ventanas del Consejo para discutir sobre la crisis energética. Aunque la atención mediática en España esté puesta cada semana en el Consejo de Ministros, el verdadero consejo de ministros que cuenta, al menos cada vez más, son los que se celebran en la capital comunitaria.

Es un proceso inevitable. Por un lado porque el calendario legislativo europeo lo requiere, y por el otro porque las crisis son cada vez más europeas. Hasta hace poco tiempo nadie habría esperado que una crisis de los precios de la energía, que era una cuestión nacional y que dependía, en gran medida, de los mix energéticos de cada país, acabara en un encarnizado debate a nivel europeo.

Aunque los mix energéticos siguen variando mucho entre los distintos países y la cuestión energética sigue considerándose algo muy nacional, los Estados miembros han asumido que en estas circunstancias es necesario adoptar medidas a nivel europeo. Es, además, una exigencia cada vez más habitual por parte de la ciudadanía: quieren ver medidas a nivel de la Unión Europea, en muchas ocasiones exigiendo al club comunitario mucho más de lo que sobre el papel puede ofrecer según los Tratados.

Salvando las distancias, la situación recuerda a la crisis del euro, cuando los ministros de Finanzas y los jefes de Estado y de Gobierno celebraban encuentros cada pocos días o cada pocas horas. Aquella crisis, muy destructiva para la Unión y especialmente para algunos países, fue la semilla de una nueva forma de entender Europa y la negociación europea. Bruselas convertida en la sala de máquinas de la gestión de lo que originalmente se vino a llamar la “policrisis” y que ya ha pasado a denominarse la “permacrisis”.

Lo curioso es que todo esto ocurre mientras a nivel nacional se sigue con una cierta lejanía. El ministro de turno, en este caso la vicepresidenta Ribera, viaja a la distante Bruselas a una negociación y se le espera de vuelta en casa como al marinero que vuelve de faenar. En la mayoría de las ocasiones el público general solamente sabe cuando un cargo muy importante del Gobierno, como el presidente o alguna vicepresidenta, viaja a Bruselas. Pero la realidad es que los viajes de los miembros del Gobierno a la capital comunitaria son permanentes, una muestra de hasta qué punto el destino de España se juega muchas veces más en el barrio europeo de la capital belga que en Madrid.

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Solamente esta semana han acudido a la capital europea la ya mencionada Ribera, la secretaria de Estado de Comercio, el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska y la directora general de Fondos Europeos del ministerio de Economía, Mercedes Caballero, si no se queda nadie en el tintero, y en los próximos días acudirán Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional, así como Joan Subirats, ministro de Universidades, Reyes Maroto, ministra de Industria, y algún que otro secretario de Estado. Bruselas es una pasarela permanente de representantes del Gobierno.

Los ministros pasan cada vez más tiempo en Bruselas y eso es, en gran parte, una buena noticia. Más allá de sus reuniones habituales, la convocatoria de encuentros extraordinarios es sinónimo de más coordinación y más discusión. Es cierto que el hecho de que haya que celebrar innumerables encuentros de ministros de Energía es también sinónimo de ausencia de acuerdo, pero nadie puede pretender que poner en común las posturas de veintisiete países diferentes sea una labor sencilla.