¿El final de la partida?: llega la hora de la verdad para Bruselas ante Hungría y Polonia

Minutos después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anunciara que desestimara “íntegramente” los recursos de Hungría y Polonia contra el mecanismo de condicionalidad, que permite cortar fondos comunitarios a Estados miembros que, violando el Estado de derecho, pongan en riesgo la integridad del presupuesto de la Unión, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, lanzaba un comunicado. En él, señalaba que su equipo estudiaría con “detenimiento” la sentencia y que actuarían con determinación. Sin embargo, el mensaje de la alemana inmediatamente despertó críticas.

¿La razón? En la mayoría de los grupos políticos del Parlamento Europeo se considera que la Comisión Europea lleva retrasando demasiado tiempo la toma de una decisión sobre la retención de fondos a Hungría y Polonia. Que no es capaz de dar el paso a la hora de la verdad, y que el mensaje de la presidenta envía la señal de que todavía necesitan algún tiempo de reflexión a pesar de que el contenido de la sentencia era previsible. En la Eurocámara se cree, de hecho, que el Ejecutivo comunitario no debería haber esperado a la decisión del TJUE para cumplir con un Reglamento que ya está aprobado. Esa fue la razón por la que el Parlamento Europeo llevó a la Comisión al propio TJUE, al considerar que estaba incumpliendo su misión de guardiana de los Tratados al no estar aplicando, de manera consciente, una legislación europea en vigor.

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En su mensaje Von der Leyen explicaba también que la Comisión trabajaría “en las próximas semanas” en unas directrices sobre la aplicación del mecanismo. Pero los críticos señalan que este lleva en vigor ya más de un año y que Bruselas ha tenido tiempo para estudiar de qué manera iba a aplicarlo. La sentencia no modifica en nada lo que ya se conocía. Esas directrices y ese análisis con detenimiento “no garantizará el estado de derecho en Hungría y Polonia”, ha criticado Daniel Freund, eurodiputado alemán de Los Verdes que participó en la negociación del mecanismo por parte de la Eurocámara. “¡Actuad ahora! ¡El caso contra ambos países es muy claro!”, ha señalado. La presidenta del Parlamento Europeo, la maltesa Roberta Metsola, tardó pocos minutos en enviar un mensaje similar: “Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la Eurocámara espera ahora que la Comisión aplique el mecanismo rápidamente”.

Desde que se conoce la fecha de la decisión del TJUE la Comisión Europea ha ido arrastrando los pies, explicando aquí y allá que la situación es delicada y que incluso si el Tribunal de Justicia les daba la razón no se podría actuar de manera inmediata contra Hungría y contra Polonia. La sensación en la capital comunitaria es que el equipo de Von der Leyen no quiere tomar ninguna decisión en este momento y prefiere esperar todavía algunos meses.

Polonia, un caso más complejo

En el caso húngaro las voces más cautas cerca de la presidenta señalan que cortar ahora los fondos europeos a Hungría afectaría de manera directa a las elecciones generales en las que el primer ministro Viktor Orbán se juega su continuidad ante una oposición que por primera vez, de derecha a izquierda, se presenta de manera unida a los comicios con el objetivo de derrotarlo en las legislativas de abril. Dentro de ese sector hay los que creen que la Comisión no debe tomar una medida así a las puertas de unas elecciones porque lo consideran una intromisión, y otros porque creen que eso solamente reforzará a Orbán. Pero hay otro grupo que defiende que hay que actuar cuanto antes contra Budapest, sobre cuyo Gobierno se tienen muchas evidencias y suficiente material como para avanzar rápido.

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Con Polonia la cuestión es distinta. Es un caso más complejo y difícil de construir. Budapest ha utilizado de manera descarada los fondos europeos durante más de una década para ir apuntalando una red clientelar alrededor del primer ministro Orbán. Y esa red se extiende en todas las direcciones: industria, medios de comunicación y aliados políticos. En Polonia no es tan obvio. El Gobierno de los ultraconservadores del partido Ley y Justicia (PiS) han atacado de manera directa a medios de comunicación y a la independencia judicial, pero ahí los técnicos comunitarios tendrán más trabajo a la hora de demostrar que existe un vínculo directo entre ese ataque, que llega tan lejos como para que se haya establecido una cámara disciplinaria que revisa el contenido de las sentencias de los magistrados, y la buena ejecución del presupuesto europeo. El papel que los fondos comunitarios han tenido en la deriva de ambos países es muy distinto.

Oposición en Budapest y Varsovia

De la misma manera en la que en Bruselas tienen claro que se actuará de manera diferente con Hungría que con Polonia, los Gobiernos de ambos países se están comportando de manera distinta en las horas posteriores a conocerse la decisión del TJUE. En Budapest los aliados de Orbán están vinculando la sentencia del alto tribunal europeo con la ley húngara que prohíbe a los menores de edad el acceso a contenidos LGTBI, que el Ejecutivo califica de “ley de protección infantil”, y que fue objeto de críticas durísimas por parte de la Comisión y de muchos otros Estados miembros. “Bruselas tiene un problema con la ley de protección infantil. Este no es un asunto relacionado con el estado de derecho”, ha asegurado Judit Varga, ministra de Justicia húngara y una de las más estrechas aliadas de Orbán.

La realidad es que Budapest ha ido acumulando puntos en su expediente desde hace muchos años y dicha ley no juega un papel relevante en esta cuestión. De hecho, Hungría lleva años con un expediente abierto por ataques al Estado de derecho y cuando se diseñó el mecanismo de condicionalidad que ahora critica, a lo largo de 2020, Budapest todavía no había puesto sobre la mesa la llamada “ley de protección infantil”, algo que ocurrió ya a mediados de 2021. Pero para Orbán se trata de material electoral muy útil de cara a los comicios de abril.

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En Varsovia hay menos estridencia. Hace tiempo que parte del Gobierno trata de calmar las aguas después de haber empujado al constitucional del país, con varios miembros aliados del Gobierno nombrados de manera ilegal según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), a iniciar una guerra legal contra el TJUE al poner en duda sus competencias sobre Polonia. Desde entonces Varsovia trata de encontrar un punto más moderado, mantener un perfil más bajo. La crisis fronteriza con Bielorrusia y ahora la cuestión de Rusia obliga al país a volver a analizar sus prioridades. Andrzej Duda, presidente del país, viajó la semana pasada a Bruselas y se vio con Von der Leyen unos días después de haber propuesto reformar la polémica cámara disciplinaria. Los críticos aseguran que el Gobierno polaco solo trata de engañar a Bruselas para ganar tiempo.

La voz más dura respecto a la decisión del TJUE es de Zbigniew Ziobro, ministro de Justicia, que no forma parte del PiS, sino de su socio minoritario. Ziobro, que desde hace tiempo está generando tensión dentro del Ejecutivo, ha señalado que la decisión de la alta corte de Luxemburgo marca “un momento histórico de cambio en la UE de un área de libertad a un área en la que será posible aplicar la fuerza ilegal para quitar esas libertades a los Estados miembros”. Analistas y expertos en política polaca apuntan que Ziobro busca alimentar el enfrentamiento con Bruselas como una manera de contraponerse al actual primer ministro, Meteusz Morawiecki.

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Hungría y Polonia se encuentran, por lo tanto, en situaciones diferentes de cara a estrenar el mecanismo de condicionalidad. Esta herramienta, impulsada por Estados miembros nórdicos y por el Parlamento Europeo, es la última de las piezas con las que se intenta controlar la deriva autoritaria dentro de la Unión Europea. El artículo 7, una cláusula de los Tratados que permite, si existe unanimidad, llegar a quitarle el derecho a voto a un Estado miembro que viole el Estado de derecho, ha demostrado no ser efectivo. Y el cuestionamiento que se hace del papel del TJUE por parte de estos países también agota la vía judicial, además de que las multas que puede imponer el alto tribunal europeo son demasiado pequeñas.

Así que la única vía para disuadirlos es el dinero. Por lo pronto los planes de recuperación de ambos países, que les daría acceso a la parte que les corresponde de los 800.000 millones de euros del Fondo de Recuperación, siguen congelados en manos de la Comisión, que no tiene ninguna intención de aprobarlos por el momento. Ahora el Ejecutivo comunitario tiene el poder de ir mucho más allá. ¿Cuándo lo hará? Esa es la pregunta que ahora mismo todos se hacen en Bruselas.