El Constitucional polaco declara la guerra legal a la Unión Europea

El Constitucional polaco se ha rebelado contra el orden jurídico de la Unión Europea y ha declarado este jueves por la tarde la primacía del derecho polaco sobre el europeo, rompiendo así las bases legales del proyecto comunitario y declarando la guerra legal al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La Corte Suprema polaca ha llegado a esta conclusión a petición del Gobierno ultraconservador del partido Ley y Justicia (PiS), que mantiene un pulso con la Comisión Europea precisamente por su reforma judicial. La alta corte europea considera que dicha reforma atenta contra la independencia de los magistrados polacos.

El Tribunal ha retrasado su decisión en varias ocasiones al mismo tiempo que el Gobierno del PiS aseguraba a la Comisión Europea que deseaba negociar y, por lo tanto, rebajar la escalada de tensión. Bruselas sigue sin aprobar el plan de recuperación polaco, y, además, amenaza con estrenar con Varsovia el nuevo instrumento de protección del Estado de derecho, que permite a la Comisión Europea proponer el cortar el grifo de los fondos europeos a países que atacan la independencia judicial.

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En la decisión emitida este jueves, el Constitucional considera que los artículos 1 y 19 de los tratados europeos son inconstitucionales. La clave de bóveda de la revuelta del Constitucional polaco contra el orden jurídico de la Unión es que sus magistrados consideran que el TJUE no tiene competencia para establecer si los jueces polacos son o no independientes.

Precisamente el Constitucional ha llegado a estas conclusiones a petición del primer ministro del país, Mateusz Morawiecki, que presentó la cuestión al tribunal después de que la alta corte de Luxemburgo empezara a poner en duda algunos elementos fundamentales de la reforma judicial que el PiS inició en 2017. En verano, la corte europea también pidió el desmantelamiento de una cámara disciplinaria que puede sancionar a jueces por el contenido de sus sentencias.

Los críticos aseguran que el Constitucional polaco se ha convertido en un instrumento del Gobierno precisamente a través de esa reforma judicial. La vista celebrada este 7 de octubre es la única actividad prevista para la corte en todo el mes de octubre, lo que realza, para los críticos, el carácter político e instrumental del tribunal en manos del Gobierno polaco.

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El Constitucional polaco no solo recibe críticas desde dentro de su país. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo consideró en mayo que Mariusz Muszynski, uno de los miembros del tribunal que ha dictado la sentencia de hoy, fue nombrado de forma ilegal siguiendo un proceso por el que han sido elegidos más miembros del órgano judicial. A su vez, el TJUE ha emitido numerosas decisiones respecto a la reforma judicial polaca, y eso ha provocado precisamente este choque. Muchos de los miembros del tribunal son leales a Ley y Justicia y alguno de ellos ha mostrado su oposición al proyecto europeo. El nombramiento de Julia Przylebska, la presidenta del tribunal, fue una elección particular del presidente polaco ante las protestas de la oposición.

Un Constitucional puede encontrar una incompatibilidad entre su carta magna y el derecho europeo, pero eso no tiene que traducirse en un choque de trenes. Al entrar en la Unión Europea, el país admite la primacía del derecho de la Unión. Eso significa que si una corte constitucional encuentra una incompatibilidad entre ambas normas, la que debe sustituirse es la nacional. La alternativa es salir de la Unión Europea. Es precisamente lo que señala Franz C. Mayer, profesor de Derecho Europeo, que ha escrito tras la sentencia del Constitucional polaco que su decisión “puede interpretarse como una declaración en virtud del art. 50 del TUE [el que activa la salida de la UE]. O se van o cambian la Constitución del Polonia” para que esté en línea con los tratados.

Nuevo choque frontal

La revuelta de la Corte Suprema polaca bebe de la herencia de la corte Constitucional alemana de Karlsruhe, que en numerosas ocasiones se ha enfrentado al TJUE, asegurando que el tribunal de Luxemburgo ha actuado más allá de sus competencias ('ultra vires') en asuntos que competían al derecho de la Unión, en el que en realidad es el Tribunal de Justicia europeo el último intérprete. En mayo de 2020, en un movimiento sin precedentes y que abría el camino precisamente al Tribunal Constitucional para poner en duda el papel del TJUE, Karlsruhe dio la vuelta a una sentencia del alto tribunal europeo, asegurando que había actuado 'ultra vires' al considerar que el programa de compra de bonos del Banco Central Europeo cumplía con los tratados europeos.

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Hay dos diferencias fundamentales. La primera es que la elección de los miembros de Karlsruhe no está sometida a la arbitrariedad del Gobierno, como sí lo está la elección de los magistrados del Constitucional polaco. La segunda es que en el caso de la revuelta de Karlsruhe contra el TJUE, el Ejecutivo alemán trabajó para desactivar la bomba que su Constitucional había plantado en los pilares del ordenamiento jurídico. En este caso, ha sido el propio Gobierno quien ha invitado a su Constitucional a atentar contra el edificio legal europeo.

En este momento, se entra en un terreno desconocido. Puede que ahora Polonia vea cómo se le cierra el grifo de los fondos europeos, tanto de los relacionados con el fondo de recuperación —que la Comisión mantenía congelados precisamente por el choque con Varsovia por su reforma judicial— como quizá también los fondos tradicionales, que pueden retenerse con el nuevo instrumento de Estado de derecho.

"Vamos a utilizar todos los instrumentos a nuestra disposición para que los principios fundadores de la Unión se respeten", ha señalado este mismo jueves Didier Reynders, comisario de Justicia, tras conocerse la decisión del Constitucional polaco. "Antes de usar uno u otro instrumento a nuestra disposición, nos tomaremos algunas horas para analizar la situación. Pero está muy claro: estamos muy preocupados desde hace meses sobre la evolución de estos principios", ha añadido el comisario, que se ha referido a la primacía del derecho de la Unión como el "principio nuclear".

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En un comunicado emitido poco después, la Comisión Europea señala que la decisión del Constitucional "suscita serias preocupaciones en relación con la primacía del derecho de la Unión y la autoridad del TJUE", añadiendo que Bruselas "defiende y reafirma los principios fundamentales del ordenamiento jurídico". Y la Comisión menciona esos dos pilares sobre los que se sustenta todo el edificio comunitario: "La legislación de la UE tiene primacía sobre la legislación nacional, incluidas las disposiciones constitucionales, y todas las sentencias del TJUE son vinculantes para las autoridades de todos los Estados miembros, incluidos los tribunales nacionales".

"La Unión Europea es una comunidad de valores y de derecho que debe respetarse en todos los Estados miembros. Los derechos de los europeos en virtud de los tratados deben protegerse, sin importar dónde vivan en la Unión Europea", añade la Comisión Europea, que recuerda que sus funciones como guardiana de los tratados es "salvaguardar el correcto funcionamiento del orden jurídico de la Unión" y que "seguirá asegurándolo".