Los militares de Myanmar ignoran cuánto ha cambiado su país

En un desafío a la amenaza emitida por los generales en el poder de que usarían fuerza letal para dispersarlos, los manifestantes antigolpistas volvieron a llenar las calles de Myanmar el pasado lunes para exigir el regreso a la democracia. La crisis política del país continúa evolucionando desde que los militares ejecutaron un golpe de estado hace tres semanas: una huelga general nacional ha paralizado la economía, cientos de manifestantes han sido arrestados y al menos cuatro han muerto a causa de los disparos de las fuerzas armadas. Pero, para sorpresa de muchos observadores, la junta todavía no ha tomado medidas tan radicales como las utilizadas contra los estudiantes rebeldes en 1988 o contra la revolución de los monjes budistas en 2007.

Es el escenario del huevo y la gallina: conforme el Ejército muestra una mayor moderación (algo sin precedentes), sus oponentes se sienten más envalentonados para acudir a las protestas. ¿Por qué está ocurriendo este fenómeno, y qué significa? Parte de la respuesta tiene que ver con cómo la propia Myanmar ha cambiado a lo largo de la última década.

Los ciudadanos del país han podido probar la democracia. A diferencia de las crisis anteriores, la mayoría de los manifestantes —especialmente los jóvenes—no están pidiendo el fin abrupto de un régimen militar de décadas de antigüedad, sino el retorno de Myanmar al status quo previo al golpe de estado del 31 de enero.

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El país cuenta con una de las poblaciones más jóvenes del Sudeste Asiático, con una media de edad de 28.2 años. Cinco millones de personas votaron por primera vez en las elecciones de noviembre del año pasado. Para los jóvenes, la democracia no es algo a aspirar, sino el único sistema posible, el único que han conocido.

Al igual que sus homólogos en Tailandia, que llevan tiempo denunciando el decadente control militar-monárquico sobre el poder del país, los jóvenes de Myanmar no están dispuestos a esperar a que la junta cumpla su promesa de celebrar nuevas elecciones dentro de un año. Están furiosos con los generales que les han arrebatado sus libertades básicas, y no tienen tanto miedo como sus padres a los matones de la junta porque la mayoría solo cuenta con vagos recuerdos del puño de hierro del gobierno militar.

La junta, por su parte, no puede actuar como en 1988 o 2007. Cuando los militares aplastaron las protestas entonces, lo hicieron al amparo de un apagón informativo general. Eso es imposible en 2021 debido a Internet, al que el Myanmar predemocrático apenas estaba conectado.

Los generales hasta ahora han impuesto un ‘toque de queda de Internet’ nocturno y han bloqueado el acceso a las redes sociales. Sin embargo, los manifestantes, familiarizados con la tecnología, han podido eludir estas restricciones, lo que les ha permitido continuar movilizándose en las calles y difundiendo sus acciones. Es probable que si se produjera una represión brutal de las protestas, ésta fuera retransmitida en vivo en Facebook, lo que supondría una pesadilla para la junta.

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La decisión de los militares de bloquear esta red social es probablemente la más impopular que ha tomado la junta desde que se hizo con el poder en un país donde, para aproximadamente el 50% de la población, Facebook equivale al propio Internet, y donde la red social es la forma preferida de comunicación. La compañía, por su parte, ha respondido desvinculándose de los generales, que se arriesgan a azuzar todavía más el descontento público si el veto se alarga.

La economía ama la libertad. Cuando Myanmar comenzó a adoptar la democracia en la década de 2010, también abrió la economía a la inversión extranjera y, lo que es más importante, al sector privado. Una huelga general a nivel nacional habría sido inaudita hace apenas diez años, cuando la mayoría de las empresas estaban directa o indirectamente controladas por el Estado.

Ahora, el Estado no puede obligar a los empleados del sector privado a ir a trabajar, y estos no corren el riesgo de ser despedidos por asistir a una manifestación antigubernamental. Si continúan las protestas, la huelga de trabajadores podría causar un daño severo a una economía que ya estaba pasando por momentos difíciles antes del golpe de Estado debido al covid-19.

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Además, una interrupción económica prolongada golpeará tarde o temprano a la junta donde más le duele: en su bolsillo. En 2011, los militares utilizaron una opaca ley de privatización para adquirir cientos de miles de antiguas empresas estatales en sectores clave como la cerveza, el tabaco, la minería, el turismo, los bienes raíces y las telecomunicaciones. Si la economía sigue sufriendo, los generales pondrán en peligro su propio imperio empresarial.

¿Qué viene a continuación? Queda por ver si la crisis política posterior al golpe de Estado en Myanmar se resolverá pacíficamente o no, pero está claro que los generales han jugado su carta sin ser conscientes de las consecuencias. El país ha cambiado, y ellos se lo han perdido.