mientras el amazonas continúa ardiendo

Cómo Bolsonaro priorizó el sector agrario en detrimento de la Amazonía

A pesar de las fuertes presiones internacionales, el presidente de Brasil se mantuvo fiel a su compromiso con los grandes empresarios agrarios que le ayudaron a llegar a la presidencia

Foto: Bomberos del Estado de Acre trabajando en la extinción del incendio en la selva amazónica. (EFE)
Bomberos del Estado de Acre trabajando en la extinción del incendio en la selva amazónica. (EFE)

"Este Gobierno es vuestro". La frase, proferida a principios de julio por el presidente Jair Bolsonaro en un desayuno con diputados del Frente Parlamentario Agropecuario, resume la esencia del actual Gobierno de Brasil, elegido el pasado mes de octubre con el apoyo del poderosísimo sector agrícola y ganadero. "A lo largo de 28 años dentro de la Cámara yo acompañé, más que eso, yo creo que el 100% de las veces voté junto con la bancada rural. Y muchas veces las cuestiones nacían allí como si fuese un parto de rinoceronte: la prensa os golpeaba, así como las ONG y también los Gobiernos de otros países", declaró Bolsonaro, al mismo tiempo que recordaba que la reciente cumbre del G-20 en Osaka "confirmó" lo que pensaba sobre la interferencia de extranjeros en la política ambiental de Brasil.

Pocas semanas después de esta emblemática declaración, el mundo tiene los ojos puestos en la Amazonía brasileña, que arde en llamas. Mientras tanto, los mandatarios de varios países europeos, con Francia a la cabeza, amenazan con boicotear las exportaciones de carne brasileña y el tan esperado acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, si Bolsonaro no muestra un compromiso serio con el medioambiente y la lucha contra el cambio climático. Por su parte, y a pesar de las fuertes presiones internacionales, el presidente de Brasil se mantuvo fiel a su compromiso con los grandes empresarios agrarios que le ayudaron a llegar a la presidencia durante su primer discurso oficial sobre la crisis ambiental de la Amazonía.

"Los incendios forestales existen en todo el mundo y no pueden ser pretexto para sanciones internacionales", dijo Bolsonaro en un discurso televisado, en el que reiteró su visión desarrollista sobre la mayor selva tropical del planeta. "Para proteger la Amazonía no bastan las operaciones de fiscalización, comando y control. Es preciso dar oportunidad a toda esta población para que se desarrolle junto con el resto del país. En este sentido trabajan todos los órganos del Gobierno", añadió.

El afán de Bolsonaro por defender la soberanía de Brasil sobre la Amazonía no fue bien recibido por muchos ciudadanos, que protagonizaron en varias ciudades del país las primeras caceroladas contra el Ejecutivo ultraconservador. Razones no les faltan. Brasil vive una de las peores olas de incendios de la década, con más de 74.000 focos contabilizados hasta ahora por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), lo que equivale a un incremento del 83%.

Zona de selva amazónica en el estado de Para, Brasil. (EFE)
Zona de selva amazónica en el estado de Para, Brasil. (EFE)

Cabe destacar que no son los peores incendios de la historia en la selva tropical. Uno de los años más destructivos para la Amazonía fue 2004, durante el Gobierno del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuando hasta agosto ya se habían superado los 100.000 incendios. Aun así, según los expertos, la situación actual es más crítica debido a la legitimación indirecta que el discurso gubernamental brinda a 'madereiros', agricultores y 'garimpeiros', es decir, a los responsables de una deforestación récord, que este año creció un 276%, según datos del INPE. En varias ocasiones el mandatario brasileño ha prometido acabar con "el activismo ambiental chiíta", al mismo tiempo que cortaba los fondos de muchas ONG, a las que responsabiliza de estos incendios en base a "indicios" y sin aportar ninguna prueba.

"El discurso agresivo de Bolsonaro está empoderando a los invasores que penetran en las reservas indígenas y en los parques naturales para cortar madera, buscar metales preciosos e incluso robar tierras, que revenden con documentos falsos. Si el discurso oficial no cambia, preveo en un futuro próximo muchos conflictos ambientales y etnocidios", explicaba la activista Neidinha Bandeira, fundadora de la Asociación Kanindé el pasado mes de febrero. La conversación ocurrió en la reserva indígena del pueblo Uru-eu-wau-wau, localizada en el Estado amazónico de Rondonia, uno de los más devastado por el fuego. Las tierras de los Uru-eu-wau-wau fueron invadidas pocos días después de la investidura de Bolsonaro por 'grileiros', los ladrones de tierras que las revenden con papeles falsos a agricultores o empresarios mineros. "Los invasores no se cortan un pelo porque esperan que el Gobierno haga una moratoria y legalice sus actos criminales", señaló Neidinha Bandeira en el comienzo del mandato.

En tan solo ocho meses, la política medioambiental de Bolsonaro ha suscitado polémicas. Durante la formación de su equipo de gobierno, se llegó a barajar la fusión del ministerio de Agricultura con el de Medio Ambiente, algo que los propios empresarios del agronegocio desaconsejaron por miedo a posibles sanciones de la comunidad internacional contra sus productos. El mensaje de los ruralistas fue claro: si nos cargamos el ministerio de Medio Ambiente de forma tan descarada, el tiro puede salir por la culata. Bolsonaro descartó la idea y optó por descafeinar una de las carteras más delicadas de su Ejecutivo nombrando a Ricardo Salles, un abogado que trabajó en un conocido bufete de Madrid y que es considerado el "ministro contra el medio ambiente" por sus opositores.

Salles fue imputado cuando era secretario de Medio Ambiente del Estado de São Paulo, en cuanto sospechoso de alterar los mapas del río Tietê para aflojar la protección ambiental y poder favorecer la concesión de licencias a las industrias mineras. Su primera medida al asumir el cargo fue suspender los contratos con las ONG durante tres meses para estudiar a fondo sus actividades. También atacó el Fondo Amazonía, creado durante la época de Lula para promover políticas de protección en esta región. Mayoritariamente financiado por Noruega y Alemania, este fondo podría desaparecer después de que ambos países decidiesen cortar las donaciones por su desacuerdo con las políticas medioambientales de Bolsonaro.

En una de sus primeras entrevistas, el ministro de Medio Ambiente levantó ampollas al denigrar la figura del activista Chico Mendes, el recolector de caucho y líder sindical que fue asesinado en 1998. "Escucho historias de todos los lados. Del lado de los ambientalistas, más ligados a la izquierda, hay un enaltecimiento de Chico Mendes. Las personas del sector agrario que viven en la región dicen: 'Mira, Chico Mendes no era lo que contaban'. Dicen que Chico Mendes usaba a los recolectores para beneficiarse. Manipulaba la opinión pública", afirmó en febrero en medio de una avalancha de críticas.

Salles, que ha llegado a reivindicar "soluciones capitalistas" para "monetizar" la Amazonía brasileña, atribuye a la sequía el elevado número de incendios que están calcinando la Amazonía. Lo hace en contra de la opinión de la mayoría de los expertos, que recuerdan que este año ha llovido mucho más que en 2015 y 2016. "En 2019 no tenemos eventos climáticos que provocan sequías, como El Niño, o por lo menos no están aconteciendo con intensidad. No se puede usar el clima para explicar este aumento de los incendios”, señala la directora de ciencia del Instituto de Investigación Medioambiental sobre la Amazonía (IPAM), Ane Alencar.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro. (Reuters)
El presidente brasileño Jair Bolsonaro. (Reuters)

No es el único miembro del Gobierno Bolsonaro que contradice las directrices internacionales sobre medio ambiente. El ministro de Exteriores, Ernesto Araújo, niega tajantemente el calentamiento global, que en su visión sería parte de un complot marxista. En mayo, el canciller brasileño afirmó que el aumento de las temperaturas registradas en los últimos años se debe a que ahora "los termómetros están más cerca del asfalto". En medio de la crisis diplomática sobre los incendios en la región amazónica, Araújo ha defendido que Brasil está siendo el blanco de campañas y ofensivas ligadas a la cuestión ambiental. "Brasil está emergiendo y mucha gente no quiere ver el país fuerte. Usan falsedades ambientales para atacarnos", afirmó.

Bolsonaro, que al llegar al poder insinuó que podría abandonar el Acuerdo de París aunque después dio marcha atrás, se ha rodeado de personas fuertemente ligadas al sector agrario. Por ejemplo, la ministra de Agricultura Tereza Cristina Corrêa, quien asegura que los 262 pesticidas liberados desde el inicio del año no ponen en peligro la salud de los consumidores. Ingeniera agrónoma y empresaria, Corrêa presidió el Frente Parlamentario Agropecuario del Parlamento. Su nombramiento fue estratégico para consolidar la alianza con el sector más importante de la economía brasileña, que en 2018 movió la friolera de 126.000 millones de euros.

Con la intención declarada de desmantelar las políticas de Lula que impulsaron la concesión de tierras a indígenas e integrantes del Movimiento sin Tierra (MST), Bolsonaro transfirió al ministerio de Agricultura la competencia de la Fundación Nacional del Indio (Funai) y del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra). La primera es responsable de demarcar las tierras de los indígenas y el segundo de regularizar las tierras de los sintierra y de los quilombolas, los descendientes de los esclavos africanos libertos.

Para agradar a sus aliados del mundo rural ha realizado un desmonte en tiempo récord de los principales órganos de fiscalización

La reorganización quedó a cargo de Luiz Antônio Nabhan Garcia, 'fazendeiro' y presidente de la Unión Democrática Rural (UDR). Enemigo declarado del MST, el director de la Secretaría Especial de Asuntos Fundiarios ha sido relacionado por la prensa brasileña con un grupo de latifundistas que defienden con milicias armadas sus tierras de posibles invasores. Nabhan niega tajantemente estas acusaciones, pero la realidad es que ha implementado una política muy restrictiva para limitar la legalización de tierras ocupadas por el MST. En el primer trimestre del año, el Incra solo registró una ocupación de propiedades, frente a las 43 del mismo periodo del año anterior.

Para agradar a sus aliados del mundo rural, Bolsonaro también ha realizado un desmonte en tiempo récord de los principales órganos de fiscalización, como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama), que lucha contra los crímenes ambientales, y el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), responsable de la gestión de los parques nacionales. En abril, el ministro Salles aprobó recortes del 24% del presupuesto anual del Ibama, un organismo que ya arrastraba una falta histórica de fiscales para controlar la enorme extensión de la Amazonía. Además, militarizó el ICMBio colocando a oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Militar en cargos de responsabilidad.

Como resultado, el número de multas aplicadas por el Ibama para frenar la deforestación ilegal cayó un 34% entre enero y mayo de este año. Salles también desautorizó públicamente a los fiscales por destruir los equipamientos utilizados para cortar ilegalmente madera en un parque protegido del Estado del Pará, a pesar de que existe un decreto federal que autoriza este procedimiento. Además, en junio el ministro de Medio Ambiente anunció que pretende reducir cerca de 60 unidades de conservación ambiental que tienen carreteras, ferrovías, puertos y aeropuertos dentro de sus límites.

El Gobierno brasileño ha creado incluso un órgano regulatorio con competencias para revisar o anular las multas ambientales, en línea con el combate contra lo que Bolsonaro define como "industria de las multas". En su visión, es una lacra burocrática que amenaza la supervivencia de agricultores y ganaderos. La cuestión también esconde una motivación personal. En marzo, el Ibama exoneró a un empleado que multó a Jair Bolsonaro en 2012, cuando era diputado federal, por pesca irregular en un área de protección ambiental cerca de Río de Janeiro, la misma donde el presidente pretende impulsar la construcción de la "Cancún brasileña".

Para intentar mejorar su maltrecha imagen, el Ejecutivo ha enviado una circular a todas las representaciones diplomáticas con orientaciones sobre temas sensibles como la deforestación en la Amazonía, la agricultura y el medio ambiente. En el documento, se destaca que Fondo Amazonía es un "mecanismo que se mostró ineficaz para controlar la deforestación". El intento de Bolsonaro puede quedar en agua de borrajas si su hijo Eduardo, el diputado federal más votado de la historia de Brasil y recientemente indicado por su propio padre para asumir la embajada de Brasil en los Estados Unidos, sigue llamando al presidente Macron "idiota", como hizo recientemente en su Twitter.

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