¿Qué son las 'queimadas'? La ocurrencia brasileña que habría provocado la catástrofe

La Amazonía brasileña continúa ardiendo, y aunque el origen de los casi 9.000 focos que siguen activos, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil, no está claro, el presidente Jair Bolsonaro ha acusado a las ONG que actúan en esa zona del Amazonas de estar detrás de los incendios de las últimas semanas. Sin embargo, algunos medios brasileños apuntan a las 'queimadas' o quemas de terreno provocadas por los agricultores, espoleados por el propio Bolsonaro y su agresiva política de explotación, como una de las posibles causas de esta catástrofe que afecta al mayor pulmón del planeta.

Las 'queimadas' son quemas de terreno o de pastizales que los propios agricultores provocan, principalmente en la región BR 163, una de las zonas más explotadas por la agricultura y la industria. Cada año se registran miles de focos en zonas protegidas o declaradas como forestales que, según los expertos en conservación del Amazonas, tienen la intención de limpiar los terrenos pero también de aumentar la frontera de la zona de explotación, ya que muchos propietarios tienen zonas explotables y zonas protegidas en sus fincas.

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El responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace, Miguel Ángel Soto, explica a este medio que la excusa de la quema para "limpiar" no es tal. "El fuego sirve para eliminar la selva, no para gestionarla. Una vez que la industria maderera ha sacado todo lo que es rentable, el fuego se usa para producir pasto", explica.

Una de las principales medidas que Bolsonaro llevaba en su programa electoral era la promesa a los explotadores de zonas protegidas de mitigar las regulaciones medioambientales que restringen su capacidad de cultivar una zona donde proliferan las plantaciones de soja, los pastos para ganadería y la explotación forestal e industrial. Aunque el ultraderechista Bolsonaro tenía intención de ampliar estas zonas agrícolas, las cosas han cambiado mucho desde que llegó al poder. La legislación del país y su pertenencia a varios tratados internacionales, así como el miedo a sanciones internacionales, han hecho que no haya sido capaz de llevar a cabo algunas de sus políticas más polémicas, como sacar a Brasil del Acuerdo de París o fusionar los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente para cambiar las leyes relativas al cambio climático.

Un 83% más de incendios

Este paso atrás del Gobierno es lo que habría llevado a que este año el número de incendios se haya disparado un 83% respecto al mismo periodo de 2018, según los datos oficiales. El INPE ha contabilizado entre el 1 de enero y el 18 de agosto un total de 71.497 focos en el país, de los cuales un 52,5% está en la región amazónica.

Una vez se han quemado las zonas selváticas, nadie controla si estas son reconvertidas o no en zonas de explotación. Soto explica que, "al poco tiempo, las vacas ya están pastando ahí" y no se comprueba que se esté cumpliendo la ley. Además, Bolsonaro ha creado "un clima de permisividad e impunidad", llegando incluso a prometer amnistías para los infractores.

El diario brasileño 'Brasil de Fato' explica que la última reforma del Código Forestal creó en 2012 un Registro Ambiental Rural (CAR, por sus siglas en portugués) que obligaba a los agricultores a registrar qué zonas de sus terrenos estaban destinadas a la preservación y cuáles a las actividades económicas. Sin embargo, Paulo Barreto, especialista del instituto Imazon para la conservación del Amazonas, explica a este medio local que "el Gobierno podría estar actuando con este tipo de información" pero los registros apenas se utilizan. Andrea Azevedo, del Instituto de Investigación Ambiental del Amazonas (IPAM), también cree que el CAR no está siendo útil. "La cantidad de deforestación legal es mínima: del 2% al 3% al año", y los agricultores no pueden acceder a nuevas zonas de explotación de forma legal, por lo que recurrir a los incendios es el plan B. "Hay una sensación de falta de castigo. El CAR ha entrado en escena, pero aún no se usa para el control de la deforestación".

Un 'día del fuego' organizado

El medio local 'Folha do Progreso' ya publicó varios días antes de que explotase el escándalo, concretamente el pasado 5 de agosto, que los productores y criadores de la región planeaban un 'día del fuego' organizado para el 10 de agosto. Una fecha programada para encender fuegos para la "limpieza y control de pastos" contra la que el Gobierno de Bolsonaro no hizo nada y sobre la que no se ha pronunciado. Uno de los organizadores hablaba con el medio asegurando que "debemos mostrarle al presidente que queremos trabajar" y que la única forma de "limpiar" los pastos es con fuego.

Los productores y entidades del sector primario explicaban al medio que el aumento de la deforestación hacía necesario prender fuego a estas zonas para "limpiar los pastos" y aseguraban que "quemarlos antes de que llegue la temporada de lluvias es lo normal en agosto". Todos los años, por estas fechas, estas 'queimadas', o 'chaqueos', como se llaman en otras zonas selváticas como Bolivia, son muy comunes.

El problema es la falta de control que existe sobre la deforestación, la tala y la propiedad de las zonas de bosque, algo que el registro de 2012 pretendía atajar sin éxito. Según los datos de Imazon, el sistema de monitorización de la explotación del Amazonas, la tala no autorizada se concentró principalmente en áreas privadas o en disputa (un 81%), seguidas de tierras indígenas (un 12%) y asentamientos (un 6%).

El Gobierno, contra las ONG

Cuando estas informaciones empezaron a aparecer en los medios locales, el Gobierno de Bolsonaro reaccionó asegurando que sí, que algunos de los focos podrían ser intencionados y no a causa de la meteorología, como declararon en un primer momento. Eso sí, la culpa, en su opinión, sería de las propias ONG, a las que ha cortado significativamente el grifo desde su llegada al poder. "Puede haber, sí, y no estoy afirmando, una acción criminal de esos 'oenegeros' para llamar la atención contra mi persona, contra el Gobierno de Brasil, y esa es la guerra que nosotros enfrentamos", dijo Bolsonaro a los periodistas, para luego asegurar que al haber "cortado el dinero público que iba para las ONG (...) ese personal está sintiendo la falta [de fondos]".

Por su parte, la directora del departamento de Medio Ambiente ha asegurado que la deforestación es un problema "de muy alta prioridad para el Gobierno", pero no ha detallado en ningún momento las medidas que tiene intención de tomar.