podrían ser trasladados a bagdad

¿Horca o cárcel iraquí? El incierto destino de los 57 yihadistas españoles detenidos en Siria

Formarían parte de un acuerdo entre la milicia kurdo-siria de las FDS y el Gobierno iraquí para enviar un total de 450 prisioneros del Estado Islámico y de 13 nacionalidades a Irak

Foto: Un miembro del Estado Islámico de Irak y el Levante ondea una bandera en Raqqa, Siria. (Reuters)
Un miembro del Estado Islámico de Irak y el Levante ondea una bandera en Raqqa, Siria. (Reuters)

Durante la guerra Siria, más de 200 españoles se unieron al contingente de 40.000 militantes extranjeros que combatieron en Siria e Irak bajo la bandera del Estado Islámico. Ahora que el conflicto toca a su fin, la cuestión de qué hacer con los cientos de yihadistas europeos que cayeron presos luchando por la causa del Califato plantea un incómodo dilema a la Unión Europea. Incluyendo España.

Bajo una extensa carpa de lona y estructura metálica, la yihadista española Yolanda Martínez se desespera en el precario campamento sirio de Roj, donde están recluidas —en un limbo legal y ético— las esposas e hijos de militantes del ISIS. Espera desde hace meses noticias de su esposo. "No sé dónde está, siempre les pregunto y nunca me contestan", se lamenta. "El miedo que yo tengo es que lo hayan trasladado a Irak". Un temor que podría hacerse realidad en las próximas semanas.

Al menos 57 yihadistas de nacionalidad o residencia española presos en Siria podrían ser trasladados de forma inminente a Bagdad, donde serían juzgados bajo la legislación iraquí, que condena el terrorismo con la horca o la cadena perpetua, según reveló una fuente cercana a las fuerzas de seguridad iraquíes a El Confidencial.

Los españoles —hombres y mujeres— formarían parte de un acuerdo entre la milicia kurdo-siria de las FDS (Fuerzas Democráticas Sirias) y el Gobierno iraquí —con la mediación y la luz verde de la Coalición Internacional, liderada por Estados Unidos— para enviar un total de 450 prisioneros del Estado Islámico y de 13 nacionalidades a Irak.

Un primer contingente de 196 yihadistas con pasaporte español, francés, sueco, austríaco, holandés, danés, alemán y británico sería entregado en agosto. Primero, el servicio antiterrorista iraquí CTS les someterá a la fase de investigación, y aquellos que sean formalmente acusados de terrorismo serán juzgados por un tribunal de Bagdad.

Los españoles del ISIS

"Yo nunca he pisado Irak", insiste Yolanda, de 34 años y con cuatro hijos que la acompañan en el campamento, donde hay otra mujer española. "Nosotros siempre hemos llevado una vida muy normal", asegura sobre su periplo en Siria, "él iba a trabajar todos los días, en el juzgado, por ejemplo (...) arreglaba la electricidad, los grifos. Era como el manitas".

Esta suele ser la coartada de muchos europeos que emigraron al Califato, quienes aseguran que su objetivo era llevar una vida religiosa bajo la estricta ley islámica de la 'sharia' —ley islámica—.

Pero al menos un grupo de yihadistas españoles sí participó en combates dentro de las fronteras iraquíes. Son los integrantes de la célula de Ceuta, quienes cooperaron en el célebre desalojo de la cárcel de Abu Ghraib, una operación que fortaleció las filas del ISIS y marcó un punto de inflexión en su expansión por Irak.

Según consta en la sentencia 23/2015 de la Audiencia Nacional, el ceutí Yunes Ahmed Mohamed y la mayoría de sus acompañantes murieron en un atentado suicida durante el asalto. Uno de los que sobrevivieron fue Zuhair Ahmed Ahmed, quien podría ser uno de los detenidos en Siria y formar parte del próximo envío de prisioneros a Bagdad. Sin embargo, se desconoce al detalle la identidad de los 57 detenidos y si ostentan o no doble nacionalidad.

Los hombres serán los primeros en sentarse en el banquillo iraquí y serán los tribunales los que determinen su responsabilidad penal. Las mujeres podrían ser entregadas a las autoridades iraquíes paulatinamente en los próximos meses. Los menores son un asunto todavía sujeto a un duro debate debido a su inocencia y vulnerabilidad y podrían ser finalmente devueltos a sus países de origen, según la fuente.

Todavía hay 7.000 niños extranjeros privados de libertad en Siria, en su mayoría menores de cuatro años y cuya estancia en los centros penitenciarios de Siria e Irak no solo pone en riesgo su salud sino que favorece el aprendizaje del ideario yihadista y su radicalización. Tan solo en los últimos tres meses, 300 han muerto en Siria, según la organización Save the Children.

La salida iraquí

Las entregas de prisioneros extranjeros a Irak se han constituido como el mecanismo para superar la trampa legal y judicial que representa el norte de Siria, donde están recluidos los prisioneros. El partido kurdo del PYD (Partido de la Unión Democrática) gobierna la región, pero no es reconocido por la comunidad internacional, por lo que no puede juzgar a los FTF (combatientes terroristas extranjeros, por sus siglas en inglés) ni asegurar un encierro con garantías de seguridad.

Bagdad, en cambio, mantiene fluidas relaciones diplomáticas con las potencias occidentales y un duro código penal que castiga el terrorismo con la cadena perpetua o la pena de muerte.

Estados Unidos ejecutó la fase experimental de las denominadas 'extraordinary renditions' (rendiciones extraordinarias) después de la caída de Raqqa a finales de 2017. En esas entregas, helicópteros estadounidenses desplazaron desde la ciudad siria de Kobane a la iraquí Erbil a varios ciudadanos europeos, incluyendo un austríaco, un francés, un británico y un belga, quien fue eventualmente condenado a pena de muerte.

Esa misma sentencia recibieron los 11 yihadistas franceses trasladados por tierra el pasado mes de enero, hasta ahora la operación que ha recibido más atención internacional. De momento, ningún convicto ha sido ejecutado y enfrentan ahora una dilatada fase de apelación.

Los compatriotas que nadie quiere

El retorno de los yihadistas europeos es uno de los dilemas más espinosos que enfrenta la Unión Europea. Una preocupación de índole política, jurídica y ética que exige actuar de forma consensuada ante una amenaza para la seguridad común.

En las dos primeras oleadas de retorno —2013 y 2014—, las instituciones consulares facilitaron el regreso de quienes huían del Califato. Pero la línea cambió a partir de 2017, tras la derrota militar del Estado Islámico.

Mientras EEUU, Rusia, Kosovo, Sudán, Uzbekistán o Tayikistán han sacado a sus nacionales de Siria, los europeos se oponen a una repatración general. Solo tras el ultimátum en febrero del presidente estadounidense, Donald Trump, los países han iniciado operaciones puntuales para sacar de los campamentos a los menores. Francia, Bélgica, Holanda, Noruega, Suecia y Alemania han traído de vuelta a huérfanos o hijos de combatientes.

El viejo continente teme que el regreso de los extremistas acarree nefastas consecuencias políticas. La opinión pública está en contra. En Francia, el 82% de los encuestados prefiere que los adultos permanezcan en Irak (Dentsu Consulting) y ningún Gobierno parece dispuesto a asumir tampoco el riesgo de seguridad.

La crisis procesal que supondría la llegada de cientos de casos de terrorismo a los saturados tribunales europeos es otro gran escollo. La carencia de pruebas entorpece la instrucción y los jueces sentencian penas mínimas de prisión. Para ello, se ha desplegado la operación internacional de inteligencia Gallant Phoenix, que recoge evidencias sobre el terreno de los crímenes del ISIS con documentos, fotografías, datos informáticos y testimonios de civiles.

La Estrategia Nacional contra el Terrorismo, publicada en febrero en el BOE, subraya que “uno de los mayores retos a los que se debe hacer frente es el fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros, especialmente, la proliferación de los retornados desde escenarios de conflicto”. Entre las medidas que contempla, incluye “impedir la entrada en España de individuos radicales violentos o que inciten a la violencia”.

El precio de lavarse las manos

Es por ello que las cárceles de Irak se postulan como la solución definitiva para evitar el fenómeno de los yihadistas retornados a Europa. Pero a un precio, ya que cada país deberá sufragar el gasto de manutención de sus nacionales.

Las cárceles de Irak se postulan como la solución. Pero a un precio, ya que cada país deberá sufragar el gasto de manutención de sus nacionales

"Sería un millón de dólares si recibe la pena de muerte; dos millones de dólares por aquellos que se enfrenten a cadena perpetua", afirma la fuente relacionada con las fuerzas de seguridad iraquíes.

Además —agrega la fuente—, los países deberán contribuir en la construcción de una macroprisión en Khanaqin (provincia iraquí de Diyala) “donde serán confinados los yihadistas extranjeros" y cuyo coste podría ascender a 1.618 millones de euros.

Sin embargo, el laberinto judicial iraquí dista mucho de cumplir con los estándares internacionales de los tratados y convenios de la Unión Europea. Organizaciones como Human Rights Watch han acusado a oficiales de investigación de aplicar torturas durante los interrogatorios, han denunciado las "degradantes" condiciones en las celdas de detención, los juicios exprés de 15 minutos de duración y una ley antiterrorista (Nº 13) demasiado simplista que aplica a todos los sospechosos una misma sanción.

"Están entregando a alguien a un juicio injusto, en el que puede enfrentarse a la pena de muerte y a torturas. Por lo que se producen tres diferentes ilegalidades aquí, entrega, tortura y pena de muerte", mantiene Clive Stafford Smith, abogado británico de presos de Guantánamo y fundador de la organización Reprieve.

¿Legitimidad legal?

El limbo jurisdiccional también ha sido denunciado por expertos, que contradicen la tesis oficial de que Irak goza de autoridad para procesar a cualquier terrorista del Estado Islámico.

"¿Y cuáles son las pruebas contra estos combatientes? Algunos de ellos ni siquiera han estado en Irak, así que, ¿cuál es la legitimidad de este país para juzgarlos?", se pregunta Thomas Renaud, investigador del Instituto Egmont y partidario de que los retornados sean puestos a disposición de la Justicia europea.

"¿Cuáles son las pruebas contra los combatientes? Algunos ni siquiera han estado en Irak, así que, ¿cuál es la legitimidad de este país para juzgarlos?"

Los tribunales solo pueden ejercer jurisdicción universal después de tipificar los crímenes de guerra —como la esclavitud sexual, ejecuciones masivas, amputaciones, crucifixión de detenidos—, algo que todavía no contempla el código penal iraquí.

Pero la organización de Abu Bakar al Bagdadi ha traído terribles consecuencias en el país: ha arrasado la infraestructura, ha desestabilizado el Gobierno, ha provocado incontenibles oleadas de refugiados y ha acabado con la vida de miles de ciudadanos —30.912 de 2014 a 2018, según la ONU—.

"Aunque los crímenes se hayan cometido fuera, esta organización ha destruido nuestro país", mantiene un juez iraquí implicado en la instrucción contra los FTF, ”y podemos condenarles aunque no hayan participado en combates en Irak”.

*Esta información forma parte de la investigación de Pilar Cebrián 'El regreso a casa de los yihadistas europeos', financiada por la Fundación BBVA y que será publicada en un libro en 2020.

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