TERRORISMO: LOS RETORNADOS DE SIRIA

La UE teme que el Magreb no esté listo para la vuelta de yihadistas desde Siria

Un informe publicado por analistas europeos detalla el peligro de radicalización que podría suponer la vuelta de los yihadistas para la Unión Europea y el Magreb

Foto: El ejército sirio tras tomar el control de Damasco. (EFE)
El ejército sirio tras tomar el control de Damasco. (EFE)

Tras la caída del último bastión del Califato en Siria, la cuestión de qué ocurrirá con los excombatientes extranjeros se ha convertido en un desafío prioritario para la Unión Europea y los países del norte de África, de dónde proceden el mayor número de los extranjeros que salieron de sus países para participar en una guerra que ha durado – o está durando, según las declaraciones de Bashar Al Assad, quien todavía no quiere hablar de finales-, casi 8 años.

Alrededor de 50.000 combatientes extranjeros han formado parte de esa yihad, la mayoría de ellos en las filas del Daech, acrónimo en árabe para el llamado Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés). De esas decenas de miles que acudieron a la región de Siria, Irak o Libia, 7.000 procedían del Magreb – 5.000 viajaron a Siria e Irak y 2.000 a Libia-. Y otros tantos miles tienen la doble nacionalidad: magrebí y europea. Unas cifras que no tienen precedentes, tal y como detalla el dosier realizado por el Centro de análisis belga Egmont y la Fundación alemana Konrad- Adenauer-Stiftung.

El informe sugiere que estos excombatientes podrían poner en peligro la seguridad de los países del Magreb, pero también de la Unión Europea, tal y como ya sucedió con las primeras oleadas de excombatientes retornados al Magreb de la guerra de Afganistán de los 80 y de la invasión a Irak en 2003. Según Kathya Kenza Berrada, del Centro árabe de Investigación Científica y Estudios Humanos, localizado en Rabat, los ataques de Casablanca de 2003 se atribuyeron a personas vinculadas al Grupo Islamista Combatiente Marroquí (GICM) creado en Afganistán cuando los talibanes llegaron al poder en 1996.

Este grupo, siempre según la información facilitada por Kenza Berrada, representaba a los combatientes marroquíes en Afganistán y planeaba atentados en Marruecos.

Atentados de Atocha en Madrid

También los de Madrid del 11 de marzo de 2004 tuvieron relación con marroquíes que combatieron en Afganistán. Ambos ataques estaban relacionados con la llamada ‘primera ola’ de retornados. La ‘segunda ola ‘se corresponde con los que viajaron a Irak después de la invasión estadounidense en 2003. Se estima que eran entre 200 y 300, y que podrían estar relacionados con el atentado en Marrakech de 2011.

Solo de Marruecos salieron 1.664 personas hacia Siria e Irak. Entre ellos 285 mujeres y 378 niños. Y otras 300 personas hacia Libia – entre estos no hay desglose de edad o género-. Es decir, en total casi 2.000 personas. Según cifras del BCIJ, el Bureau Central d’Investigation Judiciere, una unidad especial encargada de terrorismo, armas y secuestros, 643 murieron en las zonas de combate o en operaciones de atentados suicidas y 245 ya han retornado a Marruecos.

La mayoría fueron arrestados a su llegada a la fronteras marroquíes y sentenciados con penas de prisión de entre 10 y 15 años. Se desconoce el paradero de aproximadamente 200 marroquíes que podrían retornar próximamente. Según una fuente del BCIJ explicaba a Medias 24, “la dificultad radica en que estos 200 marroquíes están dispersos en cuatro áreas geográficas a las cuáles Marruecos no tiene acceso porque ha roto relaciones diplomáticas con Siria y no tiene ningún canal directo para contactar con los excombatientes marroquíes encarcelados en territorio sirio”. “Los únicos lugares donde Marruecos puede intervenir son los campos de prisioneros dirigidos por rebeldes kurdos”, continúa explicando este miembro del BCIJ al portal de noticias Medias 24.

El problema de la doble nacionalidad

Esa cifra de posibles retornados no incluye a los excombatientes que tienen doble nacionalidad, es decir, europea y marroquí. Estos podrían ser más de 900 excombatientes, aunque es poco probable que todos vuelvan a Marruecos. Estos magrebíes con nacionalidad europea tienen una importancia crítica para las autoridades marroquíes, ya que tienen un fuerte lazo con sus familiares en Marruecos y podrían regresar al país del norte de África en vez de a Europa para resultar encubiertos. En estos casos, se resalta la importancia de la cooperación entre Europa y los países del Norte de África.

Por su parte, algunos países europeos se niegan a recibir excombatientes retornados, como es el caso de Suiza y Holanda. ¿Qué pasará con estos miles de combatientes si Europa les rechaza? ¿Cómo afrontarán el desafío los países del Norte de África? Este debate incipiente ha llevado a los centros de análisis europeos a analizar variables como los programas en prisión, la duda de qué hacer con las mujeres y los hijos de los excombatientes, la seguridad en frontera, la prevención y la preparación de los servicios de inteligencia de los diferentes países del Magreb. Así como proporcionar asistencia y lanzar un manual de buenas prácticas confeccionado por la Red de Conciencia sobre la Radicalización de la Unión Europea.

Según ha podido conocer El Confidencial, la actitud europea es considerada como vanidosa y paternalista por los países del norte de África, ya que algunos de los países se niegan a dejar pasar a los excombatientes retornados, pero, sin embargo, lanzan un manual de buena praxis para que pongan en marcha. Una opinión en la que coinciden varios expertos en yihadismo marroquíes.

A pesar de todo, el resultado del análisis es que Marruecos es, de lejos, el país que más recorrido tiene en cuanto a los programas de reinserción y desradicalización de los excombatientes. Así como el país que garantiza una mayor seguridad en la zona, ya que según el informe europeo en Egipto y en Túnez existe falta de transparencia y eficacia.

Sin atentados desde 2011

En Marruecos no se ha cometido ningún atentado desde el de Marrakech en 2011, a excepción de las dos chicas europeas degolladas las Navidades pasadas en Imil, un pueblo del Atlas próximo a Marrakech, que se atribuyó el Estado Islámico. Además, ha desmantelado 168 células y ha arrestado a 2963 personas por terrorismo entre 2001 y 2017.

También ha reforzado su sistema de seguridad con la creación del BCIJ en 2015, una unidad de seguridad de alto nivel y el programa Hadar -vigilancia en dariya, el dialecto marroquí- que implica aumentar la seguridad y la vigilancia en lugares estratégicos como aeropuertos, estaciones y lugares turísticos. También ha llevado a cabo un despliegue de 50.000 informantes, gestionados por el Ministerio de Interior, que comunican cualquier comportamiento inusual y síntoma de radicalización. Y ha adquirido tecnologías punteras en vigilancia masiva para monitorear llamadas.

El problema es que las autoridades marroquíes desarticulan las células sospechosas de cometer atentados antes de que actúen, lo que puede conllevar a cometer errores y “encarcelar a personas que no han sido envueltas en ninguna actividad terrorista”. Y en cuanto al sistema de vigilancia e informadores, la crítica que se hace a Marruecos desde el exterior, es que, depende de cómo gestione ese sistema, podría haber un control excesivo sobre la sociedad marroquí que se aleja del debate terrorista y afecta a la libertad de expresión, la libertad de prensa y les lleve a “restringir ciertas libertades civiles en nombre de la lucha contra el terrorismo”.

En 2017, un informe de Human Rights Watch denunciaba torturas, en particular a sospechosos de terrorismo, por parte de agentes de seguridad marroquí.

Reconciliación

Marruecos modificó el código penal en 2014 con leyes más severas para incluir penas de 5 a 15 años de cárcel y multas de 45.000 euros para cualquier marroquí que se una o intente unirse a cualquier organización armada no estatal, dentro o fuera de Marruecos. En esta misma línea, ha instaurado un programa pionero de desradicalización en cárceles llamado Reconciliación diseñado tanto para los repatriados como para los terroristas marroquíes que nunca dejaron el país.

El programa, que dura cuatro meses, trabaja con asesoramiento psicológico, enseñanzas teológicas y herramientas necesarias para reintegración en la sociedad. En su primera versión en 2016, se beneficiaron de este programa 25 presos voluntarios. En 2018, la cifra aumentó a 300. Los que superan con éxito el programa son liberados a través de un indulto real.

Pero, según los analistas europeos, este programa carece de seguimiento una vez que los presos obtienen la libertad. Y una vez que salen les resulta difícil reintegrarse en la sociedad por falta de empleo y una posición económica y cultural que les otorgue ser parte de la sociedad. Al fin y al cabo, muchos de los marroquíes que se unieron a las filas del Estado Islámico carecían de ese sentimiento de pertenencia y venían de un perfil social, económico y cultural muy bajo.

Quitando este programa de reconciliación, Marruecos no ha diseñado ningún otro específico para los excombatiente repatriados. Además, no ha resuelto el problema de los ciudadanos de doble nacionalidad ni ha dado una respuesta al debate de las mujeres y los niños. Tampoco de los huérfanos de excombatientes, ya que en los campos sirios hay más de 2.500 niños solos esperando una respuesta de los gobiernos, tanto europeos como del norte de África.

Otra de las peculiaridades en el caso marroquí, es que el 80% del reclutamiento de yihadistas se ha hecho a través de las Redes Sociales, Facebook y Twitter, ya que debido al control que hay en las calles y en la sociedad marroquí es difícil hacerlo cara a cara como ha sucedido en otros países del Magreb como Túnez y Egipto.

Egipto y Túnez: suspensos

En Egipto el panorama es más desolador. Los analistas europeos se quejan de la falta de transparencia de las autoridades. Estas no tienen cifras acerca de cuántos ciudadanos egipcios viajaron a siria, Irak o Libia, tampoco cuántos volvieron ni el número exacto de los que murieron en el campo de batalla. Según reza el informe “la manera en que Egipto está tratando a los combatientes retornados (…) no logra prevenir la violencia, si no que refuerza las dinámicas que llevaron a los yihadistas a viajar al extranjero y abrazar la violencia”.

Esto es así porque no tienen una legislación apropiada para abordar el problema de los repatriados ni mucho menos programas específicos de reinserción. Además predomina la tortura y las confesiones forzadas y las cárceles se han convertido en nuevos centros de radicalización.

El problema de Túnez es más complejo, ya que 4.500 tunecinos abandonaron el país para unirse a filas de grupos radicales en Siria, Irak y Libia. Y a otros 30.000 se les impidió la salida. De esta manera, “se cuestiona la capacidad de las autoridades tunecinas para responder de manera efectiva a este desafío”, ya que “no hay pruebas sólidas de desradicalización y es probable que los retornados vuelvan a comunidades extremistas”. Además Túnez solo ha tratado el problema con medidas de castigo y de una forma arbitraria.

Pero si algo queda claro en cómo abordar el asunto de los retornados, es la cooperación entre la Unión Europea y los países del norte de África. Sin esta colaboración, la reinserción de los excombatientes será imposible.

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