La apuesta suicida de Guaidó: por qué Venezuela puede acabar en una guerra civil

La situación en Venezuela es todavía muy confusa: algunas fuentes hablan de movimientos militares en todo el país, lo que apunta a un golpe de Eestado de alcance todavía indeterminado en contra del presidente, Nicolás Maduro. Pero algo está claro: el líder opositor Juan Guaidó cuenta con el respaldo de, como mínimo, algunos sectores importantes de las fuerzas armadas. La Base Aérea de La Carlota, desde donde ha llamado al pueblo venezolano a tomar las calles y “poner fin a la usurpación”, es uno de los centros neurálgicos de la arquitectura de defensa venezolana. Y, como subrayándolo, a su lado estaba el líder de su partido, Leopoldo López, hasta ahora en arresto domiciliario, cuya liberación solo puede haber sido posible con la complicidad de importantes funcionarios de seguridad.

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Este movimiento militar supone la culminación de lo que, desde el principio, ha sido la estrategia de Guaidó: una operación diplomática, psicológica y política destinada a provocar que las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro cambiasen de bando ante lo insostenible de la situación, prometiendo inmunidad a aquellos que lo hiciesen.

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Todos los pasos dados por Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional —desde asegurarse el reconocimiento de EEUU y el Grupo de Lima hasta el fallido intento de forzar la entrada de ayuda humanitaria— se han encaminados en este sentido, aunque la resiliencia del Ejecutivo chavista parecía sorprender a propios y extraños. Para este domingo, Guaidó había convocado una marcha hacia el Palacio de Miraflores como conclusión de la llamada “operación Libertad”, una movilización popular para forzar la salida de Maduro. Los movimientos militares de hoy aceleran la situación.

Aún está por ver hasta qué punto la asonada cuenta con el apoyo de todo el ejército, así como de la población civil. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana posee una idiosincrasia particular que la distingue de otros ejércitos latinoamericanos, y que la hace más impermeable a la injerencia extranjera.

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El ministro de Información, Jorge Rodríguez, asegura que los participantes en el golpe son apenas “un reducido grupo de militares traidores”. Ciudadanos de Caracas se están congregando en los alrededores del puente Altamira con la intención de respaldar el levantamiento, y en su contra los efectivos de seguridad han lanzado gases lacrimógenos. El Gobierno ha autorizado una respuesta armada progresiva contra estos grupos.

Pero la apuesta es enormemente arriesgada. Incluso si las fuerzas armadas en bloque decidieran posicionarse a favor de Guaidó, el potencial para la violencia es enorme. El propio chavismo, muy consciente de la posibilidad de un golpe, lleva años ocupándose de armar a otros grupos que, llegado el caso, pudieran salir en defensa de la revolución bolivariana. En teoría, el Gobierno podría contar con la lealtad de los llamados 'colectivos', cuya cifra exacta se desconoce pero que ya tienen presencia confirmada en 16 de los 23 estados de Venezuela, y que han jugado un papel fundamental en la contención violenta de las últimas protestas.

¿Impunidad para el cambio de liderazgo?

Muchos observadores sostienen que a bastantes miembros de estos colectivos se les ha dado impunidad para sus actividades criminales a cambio de este músculo represor, un ‘statu quo’ que peligraría en caso de un cambio de liderazgo y que augura una resistencia violenta por su parte.

En otros casos, estos colectivos tienen un acusado componente ideológico: es lo que sucede con el llamado Colectivo de Seguridad Fronteriza, que opera en el estado de Táchira, conformado y entrenado por antiguos disidentes de las FARC y el ELN de Colombia, y que participó en las operaciones contra la entrada de ayuda humanitaria el pasado febrero.

Están, además, los 1.600 integrantes de las llamadas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), una unidad de elite especializada en utilizar la violencia en situaciones conflictivas, muy activa durante el último año y medio. Y más problemáticos aún podrían resultar los cientos de miles de miembros de la Milicia Nacional Bolivariana, civiles que, aunque no disponen de armamento, cuentan con entrenamiento militar en previsión de una situación como esta.

Aunque los expertos creen que su número es de aproximadamente 360.000, en enero Maduro lanzó un plan para ampliar su número hasta los dos millones antes de mediados de abril y aseguró que “más de 50.000 unidades populares de defensa” han sido creadas ya en barrios y ciudades de todo el país, por lo que la cifra actual de milicianos es con certeza superior.

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De hecho, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, ha llamado “a todo el pueblo, a los motorizados, colectivos, milicianos a que se vengan a Miraflores a defender la revolución”. Muchos están respondiendo. En los alrededores de La Carlota ya se han producido intercambios de disparos, según testigos presenciales citados por la agencia Reuters.

Maduro, además, cuenta con importantes respaldos internacionales. Además de los servicios de inteligencia cubanos —cuyo asesoramiento ha sido fundamental en estos años a la hora de desactivar complots en las filas castrenses—, Rusia y China han apostado, al menos nominalmente, por la continuidad del régimen actual. A las decenas de contratistas militares privados de la firma Wagner, aparentemente enviados durante los dos últimos años para ejercer de guardia pretoriana de Maduro, se le sumaron esta primavera un centenar de asesores militares rusos que, aunque en misión oficialmente técnica, suponen un mensaje imposible de ignorar.

Intervención militar extranjera

En el mismo sentido, en las redes sociales se han publicado también imágenes de oficiales chinos confraternizando con soldados venezolanos. Y aunque Venezuela no es Siria (ni por cercanía geográfica ni por importancia), y para Moscú sería logísticamente imposible sostener una intervención militar al estilo de la llevada a cabo en apoyo de Damasco, hay bastante margen para la asistencia y el envío de suministros y armamento en caso de un conflicto armado sostenido.

Por si fuera poco, sigue planeando sobre el país la sombra de una intervención militar extranjera. Aunque no parece inminente —ni se han hecho los preparativos necesarios ni cuenta con el beneplácito de los ejércitos de Brasil y Colombia, absolutamente imprescindible para una operación de este tipo—, la idea está sobre la mesa.

De hecho, una crisis violenta en la propia Venezuela, con la capacidad de desestabilizar a los países vecinos, podría hacer cambiar de opinión a los militares brasileños y colombianos y forzar su participación en una coalición internacional. Según reveló la agencia Reuters esta semana, el fundador de la firma militar privada Blackwater, Erik Prince, ha estado buscando el apoyo de exiliados venezolanos ricos y de importantes congresistas republicanos para formar un contingente de 5.000 mercenarios que pudiese ayudar en el derrocamiento de Maduro.

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El órdago de Guaidó, en suma, lleva aparejado un gran peligro de que la situación degenere en una violenta escalada difícil de detener. Ni siquiera tiene por qué suceder de inmediato: incluso si se produce una transferencia de poder exitosa en un primer momento, elementos del antiguo aparato podrían aliarse con ciudadanos descontentos e iniciar una campaña insurgente muy difícil de contrarrestar, como ocurrió en Irak tras la caída de Sadam Husein, especialmente si el nuevo Gobierno no está a la altura de las expectativas de muchos. Guaidó y su entorno, sin embargo, parecen haber decidido que merece la pena correr el riesgo como única forma de desalojar a Maduro del poder.