Cómo operar una VTC en una dictadura: los problemas de Uber con el régimen en Egipto

En las últimas dos semanas ha sido casi imposible usar Uber en El Cairo. La aplicación se quedaba 'pensando' consistentemente o bien mostraba que no había vehículos disponibles, o directamente no cargaba. Como la red y el 4G suelen dar problemas, muchos usuarios no atribuyeron más trascendencia al hecho, al menos al principio. La negativa a otorgar a las autoridades acceso a los datos del cliente y su servidor de datos sería sin embargo la verdadera razón por la cual los usuarios de Uber en Egipto han experimentado interferencias, según publica el diario egipcio Mada Masr (cuya web está bloqueada dentro del país), citando dos fuentes cercanas a las negociaciones en curso entre el gobierno y el sector de transporte inteligente.

Que la web del medio donde se publica la noticia esté bloqueado en Egipto, junto con al menos otras 500 páginas web incluida la de Human Rights Watch, es importante para entender lo que supone para una compañía que maneja datos tan sensibles como rutas habituales, domicilios e información semejante. Egipto es una dictadura gobernada por el exgeneral Abdelfatah al Sisi, que ha sido elegido en las urnas dos veces. La primera en 2014, tras un golpe de Estado en 2013. La segunda en mayo pasado contra un contendiente de paja, después de que se le exigiese dar legitimidad al proceso (no podía presentarse solo), y de que otros potenciales contendientes denunciaran acoso, amenazas o fueran arrestados o encarcelados.

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En mayo de 2018, mientras el exgeneral ganaba las elecciones con más de un 96% de los sufragios, el Parlamento aprobaba una ley de transporte terrestre que obliga a las empresas a compartir los datos de sus usuarios con las agencias de seguridad que lo soliciten. Sin que medie una orden judicial. El presidente la ratificó en junio. Unos meses antes, en marzo, un juzgado había fallado el cese de operaciones de Uber y Careem en respuesta a la demanda de 42 conductores de taxi que acusaban a las VTC de violar la ley de tránsito al emplear vehículos de propiedad privada con fines comerciales. Ambas compañías apelaron y se espera el veredicto el 23 de febrero.

Mientras, las negociaciones entre Uber y las autoridades se han intensificado y, según fuentes que pidieron el anonimato, citadas por Mada Masr, la cesión de datos sería el escollo. El gobierno se habría retirado de la mesa después de que cuerpos de seguridad anónimos insistieran en que deberían poder acceder a los datos y que estos debían ser almacenados en Egipto (algo que no exige la normativa).

Fue en ese momento cuando empezó el mal funcionamiento de la aplicación y la web de Uber.

"Una regulación modelo"

El gobierno ha recibido de buen grado la llegada de las VTC a pesar de las quejas de los taxistas. El país del Nilo es el mercado del mundo donde más crece la compañía. Tiene unos 200.000 conductores. El CEO expresó su intención de expandir su negocio en Egipto, con una inversión de 100 millones de dólares en los próximos 5 años, según explicó la semana pasada durante el encuentro del Foro Económico Mundial en Davos tras reunirse con el primer ministro egipcio, Moustafa Madbouly. El mes pasado, durante la primera visita de su consejero delegado Dara Khosrowshahi, la firma estadounidense lanzó un servicio de autobús. Una iniciativa que arranca en El Cairo. Durante dicha visita Khosrowshahi ensalzó la ley egipcia de transporte, señalando que es “una regulación modelo para el resto del mundo”.

El artículo 9 de dicha ley les obliga a guardar los datos hasta 180 días aunque no les fuerce a hacerlo en servidores dentro de Egipto. Las negociaciones para acceder a los datos y rutas de los usuarios empezaron en 2017 cuando el gobierno demandó acceso a 'heaven', un software interno que permite acceder en directo a datos, rutas y conductores, según publicó el diario 'The New York Times'. Uber rechazó el acceso en aquel momento, en 2017, aunque su competidor Careem (con sede en Dubái y participada por Saudi Telecom) recibió por parte de la inteligencia egipcia ofertas de trato preferente, pese a lo cual la idea no pareció fructificar. Ahora las agencias de inteligencia egipcias han vuelto a la carga.

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En los últimos años el régimen ha estado invirtiendo esfuerzos en vigilancia y control digital, acceder a mensajería y datos o entorpeces las herramientas de encriptación que permiten a los usuarios operar con seguridad. Siempre bajo el argumento de la lucha contra el terrorismo. Compañías francesas, con el beneplácito del gobierno han vendido tecnología al régimen de Sisi para facilitarlo.

Las desapariciones forzosas son habituales y han sido denunciadas por organizaciones de derechos humanos locales e internacionales. Activistas y opositores son secuestrados y aparecen días o semanas después ante la fiscalía o en dependencias de las fuerzas de seguridad. El último caso es el del fotoperiodista Ahmed Gamal Ziada. El martes cuando aterrizó en el aeropuerto de El Cairo procedente de Túnez fue arrestado, según publicó su hermano en las redes sociales. Se desconoce su paradero desde entonces. En ese contexto, sobre la mesa de negociaciones se discute algo más que un desacuerdo comercial: el acceso a una herramienta a la que las fuerzas de seguridad de Egipto, que retienen a más de 60.000 prisioneros políticos en sus cárceles entre los que se cuentan al menos una treintena de periodistas, según la Red Árabe para la Información de Derechos humanos, podrían dar mucho uso.