Maduro intenta sin éxito retirar 1.200 millones en oro del Banco de Inglaterra

La presión de EEUU vuelve a torcer los planes de Nicolás Maduro. El Gobierno de Venezuela, deseperado por recuperar la menguante fortuna que atesora en el extranjero, intentó retirar este viernes 1.200 millones de dólares en oro del Banco de Inglaterra, pero la entidad no lo permitió. Según informa Bloomberg, Washington, que pretende impedir que el chavismo liquide los activos internacionales de Venezuela, presionó a Reino Unido para frenar la operación.

La negativa del Banco de Inglaterra a la petición formulada por funcionarios venezolanos llegó después de que el Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, y el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, presionaran al Gobierno británico para bloquear los activos de Venezuela en el exterior, según fuentes citadas por Bloomberg bajo anonimato.

Estos 1.200 millones de dólares en oro son parte de los 8.000 millones que el Banco Central de Venezuela mantiene en el extranjero. El paradero de gran parte de esa suma es desconocido. Se cree que Turquía se ha convertido recientemente en un destino para el oro venezolano. Por ello, Washington lidera una campaña internacional para convencer al Gobierno de Recep Tayyip Erdogan -uno de los aliados clave de Nicolás Maduro junto con China y Rusia- de que deje de ser un conducto para estas remesas de oro.

Estados Unidos intenta 'trasladar' los activos de Venezuela hacia Juan Guaidó, el líder de la opositora Asamblea Nacional que esta semana se autoproclamó "presidente encargado" del país, para reforzar las posibilidades de que se haga con el control efectivo del gobierno. Se trata de un nuevo movimiento de presión de Washington, que ayer nombró a un republicano de línea dura, Elliott Abrams, encargado de la política exterior estadounidense hacia Venezuela. El hombre que ha ocupado altos cargos en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado durante todos los gobiernos republicanos desde Ronald Reagan, es un promotor del intervencionismo en Latinoamérica y desempeñó un papel clave en el caso Irán-Contras.

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Mientras, el equipo de Guaidó evalúa pedir apoyo a entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener recursos que financien su gestión temporal, según dijeron este viernes dos fuentes cercanas a las conversaciones. Los asesores del líder de la Asamblea Nacional consideran además designar un representante ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y nombrar una directiva en la filial petrolera venezolana en Estados Unidos, Citgo, como parte de la estrategia para obtener apoyo financiero en el extranjero.

Cortar las vías de financiación del chavismo

EEUU transmite un mensaje contundente: no permitirá que Maduro "siga saqueando los bienes del pueblo y el Estado venezolanos, sea cual sea ese bien, oro, petróleo o lo que sea". En noviembre se difundió que la Administración Trump se preparaba para incluir a Venezuela en la lista de países patrocinadores del terrorismo por supuesto vínculos con la milicia libanesa Hizbulah y las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La medida supuso un aumento dramático de la presión contra el Gobierno de Maduro: dicha lista, elaborada por el Departamento de Estado y reservada para estados que "proporcionan un persistente apoyo para acciones de terrorismo internacional”, acarrea duras sanciones e incluye actualmente a Corea del Norte, Siria, Irán y Sudán.

La inclusión de Caracas en la lista implica un embargo al petróleo venezolano, cuyos efectos para el sector provocaron el rechazo de políticos republicanos de estados con refinerías, como Texas o Luisiana. La industria estadounidense procesa la mayor parte del crudo de Venezuela. A ello se suman “restricciones a la ayuda exterior de EEUU, prohibición de importaciones y exportaciones de material de defensa (...) y diversas restricciones a activos financieros”.

EEUU lanzó en agosto de 2017 la primera ronda de sanciones que afectaba a la industria petrolera venezolana, al prohibir la compra de nueva deuda emitida por el Gobierno de Maduro y bonos de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). La medida era un castigo por la elección de una Asamblea Constituyente (AC) convocada por Maduro para reformar la Carta Magna y sustituir a la Asamblea Nacional (Parlamento). Fue la la cuarta ronda de sanciones que anunció Washington aquel año.