El primer test para Bolsonaro: envía al ejército al norte contra las bandas criminales

Autobuses quemados, estaciones de servicio incendiadas, tiendas y bancos consumidos por el fuego. En la última semana, el estado de Ceará, en el norte de Brasil, se ha visto envuelto en llamas, en una serie de acciones coordinadas presuntamente llevadas a cabo por bandas criminales. El primer desafío importante para el nuevo presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien, entre otras cosas, ha hecho campaña a favor de una política de mano dura contra la delincuencia. Fiel a este espíritu, el nuevo Gobierno ha ordenado el despliegue de 300 soldados en Ceará, incluyendo la capital, la turística ciudad de Fortaleza.

No deja de ser simbólico que vaya a ser aquí donde vaya a tener lugar este primer test: Fortaleza fue uno de los escenarios de la guerra entre grupos mafiosos que sacudió varias cárceles de Brasil a lo largo del año pasado, que dejó más de un centenar de muertos. Para intentar atajarlo, las autoridades han decretado un endurecimiento de algunas medidas penitenciarias, como acabar con la segregación de presos en función de la organización criminal a la que pertenecen y el bloqueo de las señales de móvil en el interior de las prisiones, desde la que muchos ‘capos’ seguían controlando sus negocios. Ceará es, además, el tercer estado más violento de Brasil: cerró 2017 con una tasa de 59,1 homicidios por cada 100.000 habitantes.

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La ola de incendios es, aparentemente, la reacción de estas organizaciones a las nuevas condiciones carcelarias. Unas 15 localidades se han visto afectadas por los incendios. La policía consiguió impedir una tragedia al descubrir y desactivar un vehículo cargado de explosivos bajo un viaducto.Y dados los vínculos de Bolsonaro con el ejército –fue capitán de las fuerzas armadas brasileñas y es un firme defensor del golpe de estado de los años 60-, no es de extrañar que su primer reflejo haya sido movilizar a las tropas.

La decisión ha sido tomada por el nuevo ministro de Justicia, el controvertido juez Sergio Moro, responsable de la investigación de la trama de corrupción ‘Lava Jato’, por el que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumple una sentencia de 12 años de cárcel. “La gente de Ceará necesita ayuda en estos momentos”, ha dicho el propio Bolsonaro, que ha aplaudido la medida como “apta, rápida y efectiva”.

La prueba de fuego para un presidente "duro"

Sin embargo, esa efectividad está aún en entredicho: por el momento, el despliegue no ha podido evitar que hayan seguido produciéndose ataques incendiarios, como el ocurrido contra un camión de transporte agrícola en la ciudad de Caucaia. El vehículo, que llevaba una carga de unos dos mil pollos vivos, recibió el impacto de una bomba incendiaria que lo redujo a cenizas junto con los animales. Es evidente, además, el fracaso de otras intervenciones militares recientes en otros lugares del país, como Río de Janeiro, donde ni la llamada ‘Operación Onerat’ ni la posterior cesión de todas las competencias de seguridad a las fuerzas armadas han conseguido frenar la violencia ni los enfrentamientos entre bandas.

De momento, poco importa: Bolsonaro es percibido por una gran parte del electorado como un político resolutivo y capaz de resolver los problemas de Brasil, empezando por el de la seguridad ciudadana, en un país en el que el año pasado se produjeron más de 60.000 asesinatos, convirténdolo en uno de los más peligrosos del mundo. Entre otras cosas, ha asegurado que “los delincuentes no son seres humanos normales” y afirmado que un agente de policía que mata a un criminal “debería ser premiado, no castigado”.

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“Todo lo que Bolsonaro ha dicho sobre seguridad tendrá que hacer frente a imponentes barreras institucionales para su implementación, pero su simple presencia en la presidencia, el tener a un presidente que lanza este tipo de discurso, podría llevar a una mayor violencia por parte de oficiales [de seguridad] que se sienten protegidos no solo por el presidente, sino por la sociedad en su conjunto”, afirma Maurício Santoro, profesor de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Río de Janeiro, en una entrevista con el diario Washington Post. Desde el inicio de la campaña de Bolsonaro, de hecho, la violencia policial se ha incrementado un 38%, de acuerdo con ese mismo artículo.

La situación en Ceará puede ser, pues, la primera prueba de fuego para una presidencia que ha hecho de la lucha contra la delincuencia su gran caballo de batalla electoral. El pulso con los criminales ha comenzado. Lo que está en juego es el prestigio de Bolsonaro y también, probablemente, el estado de derecho en Brasil.