Cárceles de Brasil: un monstruo fuera de control donde mandan los presos

“En las cárceles brasileñas se vende de todo. Algunos presos llegan a hacer obras dentro de su celda. La situación es muy caótica y la corrupción de los agentes penitenciarios es enorme”. Habla Alba Zaluar, una antropóloga de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), que coordinó durante años el grupo de investigación sobre violencia y narcotráfico en las favelas cariocas. “El sistema carcelario de Brasil está lleno de contradicciones. Al mismo tiempo que apuesta por un sistema represivo, es muy corrupto”, asegura.

Sus palabras parecen adaptarse como un guante a lo que ocurre en la prisión Alcaçuz de Natal, en Río Grande del Norte. El pasado fin de semana, un violento motín dejó 26 muertos, casi todos decapitados a manos del Primer Comando Capital (PCC), la principal organización criminal de São Paulo. Después de 48 horas de rebelión, el temido cuerpo de asalto de la Policía brasileña, el BOPE, seguía sin poder acceder a este centro penitenciario para retomar el control.

Hace dos años, las puertas de las celdas fueron arrancadas por los presos, que pasaron a circular libremente por los pabellones. Su poder es tan enorme que pueden impedir la entrada de agentes fuertemente armados

La explicación para semejante impotencia de los cuerpos de seguridad de Estado es estremecedora. Hace dos años, las puertas de las celdas fueron arrancadas por los presos, que pasaron a circular libremente por los pabellones. Su poder es tan enorme que pueden impedir la entrada de agentes fuertemente armados. A pesar de que el ministro de Justicia Alexandre de Moraes insista en que el sistema carcelario de Brasil no está fuera de control, ha quedado patente que los 622.202 presos que abarrotan las prisiones del país tropical son los que realmente mandan dentro de estos recintos.

“En las cárceles de Brasil entran teléfonos móviles, una serie de productos de alimentación y de higiene personal, y varios productos comerciales como televisores o cerveza. Por supuesto entran drogas y todo lo que entra tiene un precio. Hay muchos agentes penitenciarios envueltos en este mercadeo”, señala a este periódico el profesor Gabriel Feltran, investigador del Centro de Estudios da Metropole, ligado a la Universidad de São Paulo (USP). “Los grupos criminales que están entre rejas tienen mucho poder. Por eso, el Gobierno se ve obligado a negociar con ellos”, añade.

La rebelión en la cárcel de Alcaçuz, en Natal, es tan solo el último episodio de la violencia exacerbada que se está cebando con la población carcelaria. Es un exterminio anunciado desde hace meses por criminólogos y expertos, y que empezó el primer día del año con un sangriento motín en dos prisiones de Manaos (Amazonas). En tan sólo dos semanas, las televisiones de Brasil han noticiado cuatro motines: dos en el Estado de Amazonas, con 56 víctimas mortales y cuatro, respectivamente; uno en Roraima (31 fallecidos) y este último en Río Grande del Norte. En total, casi 120 muertes y varias decenas de evasiones en diferentes Estados de la federación.

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El propio Gobierno ha reconocido públicamente su incapacidad de lidiar con la situación. “No me equivocaría al afirmar que hoy el mayor problema del sistema penitenciario en la cuestión del crimen organizado es la corrupción”, ha declarado el ministro de Justicia a la prensa local. En su opinión, el sistema penitenciario brasileño atraviesa “una crisis crónica y aguda” que se prolonga desde hace “más de 100 años y que de vez en cuando”, se manifiesta en uno u otro Estado porque “en la última década creció el número de presos sin que hubiera inversión”.

“La situación hoy es muy preocupante porque el año pasado hubo una ruptura entre las dos principales facciones, el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC). Esto significa que todavía van a producirse muchos conflictos armados y muchas muertes en un futuro próximo”, advierte Zaluar. “Todo lo que estamos viendo es una demostración de poder. Estas matanzas son llevadas a cabo para aterrorizar al adversario. Cuando se produce semejante nivel de violencia, se trata de un recado para la facción enemiga”, explica.

Junto a la corrupción, que convierte las cárceles en algo parecido a reinos de taifas, el hacinamiento es otro factor que contribuye a crear tensión y violencia en los centros penitenciarios. Brasil tiene el cuarto mayor sistema carcelario del mundo, solo por detrás de Estados Unidos, China y Rusia. Un reciente informe del Departamento Penitenciario Nacional (Depen) revela que desde el año 2000 se ha registrado un aumento exponencial de los presos debido a la política estatal de lucha antidrogas. La proporción es de 306 presos cada 100.000 habitantes, cuando la media mundial es de 144.

'Todavía van a producirse muchos conflictos armados y muchas muertes en un futuro próximo. Todo lo que estamos viendo es una demostración de poder'

El abarrotamiento está confirmado por los datos estadísticos, que muestran una tasa de ocupación del 161%. Para reequilibra esta situación habría que poner en libertad a unos 231.000 presos. Sin embargo, en este sistema kafkiano muchos reclusos acaban quedándose entre rejas incluso después de haber cumplido su pena porque no tienen a un abogado que pueda reclamar su libertad ante el lentísimo sistema judiciario. Según datos del Consejo Nacional de Justicia, esta situación grotesca afecta a más de 45.000 presos. Algo parecido acontece con las prisiones preventivas, que en muchas ocasiones y por falta de asistencia legal acaban transformándose en reclusiones a todos los efectos, en contra de los principios más básicos de un Estado de derecho.

“El sistema carcelario de Brasil es un sistema fallido. Después de la masacre de Carandiru, en 1992, hubo una reforma muy profunda en el Estado de São Paulo, que ha servido como modelo en todo el país. El modelo paulista de seguridad pública, que no contempla una verdadera política de resocialización y está basado en mecanismos punitivos, ha sido nacionalizado y exportado a otros Estados de Brasil, sobre todo después de que el secretario de seguridad de São Paulo [Alexandre de Moraes] fue nombrado ministro de Justicia por Temer”, señala Gabriel Feltran.

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El resultado de esta política de encarcelamientos masivos salta a la vista. Para paliar esta situación, el Estado de Río de Janeiro, que desde hace meses no consigue ni siquiera pagar a tiempo los sueldos de policías y agentes penitenciarios, está impulsando una medida muy controvertida. Desde el pasado mes de noviembre, los presos en régimen abierto o semiabierto podrán comprar su propia tobillera electrónica para poder salir de la cárcel. Los diputados locales que aprobaron esta medida alegan que el Estado de Río no tiene dinero ni para las tobilleras, ni para mantener a tantos presos. Y eso a pesar de que cada presidiario cuesta al sistema federal unos 15.851 reales por mes (4.586 euros), según datos del Ministerio de Justicia.

Lo más curioso es que Spacecom, la empresa que fabrica las tobilleras electrónicas, mantiene desde hace meses un pulso con el Gobierno de Río, que no está abonando las cuotas establecidas para controlar a los presos a distancia. Por esta razón ha suspendido su servicio. Esto significa que los reclusos que consiguen adquirir uno de estos dispositivos salen a la calle sin que nadie se preocupe por fiscalizar sus movimientos y, mucho menos, su comportamiento. “Esta cuestión presenta un error en su origen, ya que la empresa está en otro Estado [Paraná, Curitiba] y es privada. Tenemos un ente privado que fiscaliza la ejecución de la pena, lo que es totalmente ilegal”, destaca el juez André Guilherme Freitas.

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El problema del hacinamiento de las cárceles brasileña llegó a ser abordado en la ONU el año pasado. El experto en Derechos Humanos de esta organización internacional, Juan Méndez, elaboró un informe tras su visita a Brasil en agosto de 2015. En el documento, Méndez denuncia que el hacinamiento de las cárceles crea tensión y un ambiente violento, con malos tratos físicos y psicológicos.

Corrupción y hacinamiento se suman a la indiferencia del Estado brasileño por lo que se cuece dentro de las prisiones. Según la prensa, el Gobierno del presidente Michel Temer sabía desde octubre de 2015 que se podría producir una masacre en la cárcel de Manaos. Todo la información está recogida en un documento de 600 páginas, que incluye 800.000 mensajes de textos y llamadas telefónicas entre criminales, interceptadas por la Policía Federal.

“Hasta ahora el Estado no ha hecho nada para prevenir esta guerra porque no le interesaba. Hace tiempo que está viendo la expansión del PCC y ha preferido no intervenir. Casi siempre en Brasil el Estado prefiere ausentarse cuando se produce una situación en la que el ladrón mata a otro ladrón” señala Feltran. De hecho, después del motín de Manos, el gobernador de Amazonas, José Melo, afirmó que “no había ningún santo” entre los 56 presidiarios fallecidos. Por su parte, el secretario nacional de Juventud, Bruno Júlio, ha protagonizado otra polémica al afirmar en una entrevista con el diario O Globo que “tendría que haber una matanza por semana”. Después de presentar su dimisión, este asesor de Temer ha negado la autoría de estas declaraciones.

“Hay que dejar claro que Brasil no es un Estado democrático de derecho, eso nunca existió. Lo que hay es un país que divide a la población en dos: los que son ciudadanos con todos los derechos y los que no son tratados como tales”, continúa Feltran. “Lo que se ha hecho en Brasil tradicionalmente es usar políticas militarizadas para mantener un control social sobre la pobreza y evitar los conflictos de clase. Lo que se debería hacer es una regulación de los mercados y atacar el corazón económico de los peces gordos que controlan estos negocios, en vez de llenar las cárceles de peces pequeños. La mejor forma es reglamentar estos mercados, legalizando las substancias”, añade.

Para algunos juristas, la situación de descontrol de las cárceles demuestra que Brasil es un Estado completamente fallido. “Lo que está aconteciendo hoy en Brasil no es sólo una guerra de facciones. Es el crimen organizando mostrando su musculatura, su fuerza contra el Estado. Y eso precisa ser combatido por el Gobierno federal”, afirma Walter Maierovitch, que fue secretario nacional de la división antidrogas con el expresidente Fernando Henrique Cardoso.

Para este jurista, el Comando Vermelho y el PCC son organizaciones pre-mafiosas que dominan parte del territorio brasileño, tanto prisiones como favelas, y ejercen un poder directo sobre un gran número de personas, llevando a imponerse a través del miedo. Lo que les diferencia de las mafias italianas es la falta de una estructura más articulada para blanquear dinero en el extranjero.

“Las facciones son organizaciones que ya no están restringidas a los estados donde nacieron. Quieren expandirse por todo el país para controlar las rutas del tráfico de drogas y armas. Brasil comparte frontera con todos los países productores de cocaína. La situación es compleja”, explica Alba Zaluar. “Brasil tiene la mayor extensión de fronteras del mundo. Es imposible controlarlas todas. Lo que se debería hacer el Estado es invertir en inteligencia para desmontar esta facciones, en vez de reprimir a los pequeños narcotraficantes pobres, que representan la mayoría de la masa carcelaria. Prender a los chicos de la favela con 10 gramos de marihuana no sirve de nada. Solo llena las cárceles de presos, sin resolver el verdadero problema”, concluye esta antropóloga.