Bruselas pide una decisión final "lo más rápida y justa posible" sobre La Manada

“Confío en un resultado lo más rápido y justo posible”. Lo dice la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, quien ha expresado personalmente su más hondo pesar por lo sufrido por la víctima del caso de La Manada. Lo ha hecho ante el pleno de la Eurocámara, donde este miércoles se ha debatido la decisión de la Audiencia de Navarra de condenar a nueve años de prisión a cinco jóvenes, conocidos como La Manada, por abuso sexual y no por violación.

Jourová, que ha insistido en que desde su posición no puede ni debe comentar ninguna decisión judicial, también ha enviado un mensaje a los magistrados. “Si los tribunales no interpretan la ley de la manera apropiada, por ejemplo que una violación es violación, y no me refiero a este caso concreto, los perpetradores sentirán impunidad, que están autorizados a ello, que está permitido, es fácil y gratis”, ha advertido.

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Un claro riesgo, a ojos de Jourová, en la Unión Europea actual, donde ha lamentado que aún existen “fuertes convicciones sociales” de corte machista. “Si una mujer es violada, se cree que es porque ella lo provocó, porque se lo merecía, porque lo causó con su propio comportamiento. Y tenemos que parar esto”, ha defendido.

El mensaje de “cero tolerancia” a la violencia sexual contra las mujeres defendido por Jourová contrasta con la falta de iniciativa mostrada por la Comisión Europea, que ha optado por tratar de mantener un perfil bajo en este asunto. La institución ha recordado que no tiene competencias en materias judiciales, pero tampoco ha recogido el guante de aquellos que le han pedido que presione a los países para que en toda la UE se reconozca como violación aquellas relaciones sexuales sin consentimiento.

El debate en la Eurocámara ha puesto en evidencia lo que ya se sabía aunque no se le prestara atención: que la gran mayoría de los países europeos solo reconocen la violación cuando hay intimidación o violencia de por medio. “Si no te resistes, no es violación, y si te resistes, te matan”, ha resumido la eurodiputada de Podemos Tania González.

Por la parte del PP, Rosa Estarás ha reconocido que la regulación que se aplica en España es “arcaica” y “fomenta que se haga a la propia mujer responsable de defenderse de la violación”, por lo que hay que cambiarla. Pero, al mismo tiempo, la política conservadora ha considerado que debe hacerse “desde una reflexión serena y sosegada” y no criticar a los jueces, un comentario que ha sido respondido por sus colegas socialistas, verdes y de izquierdas.

El PP teme que se politice el debate y se use “como un arma arrojadiza”, en palabras de Estarás, pero la oposición ha coincidido en señalar la responsabilidad del Gobierno de Mariano Rajoy por no haber cambiado el Código Penal para adaptarlo a las normas internacionales sobre violación, incluidas en el Convenio de Estambul que España ha firmado. “El Gobierno hace oídos sordos”, ha asegurado la socialista Iratxe García. “Hay un problema legal. Hay que cambiarlo, y a quien le toca es al Gobierno”, ha dicho por su parte Ernest Urtasun (ICV).

Varias voces han incidido también en la necesidad de dar formación a los magistrados sobre cuestiones de género y en aumentar el presupuesto destinado a combatir la violencia contra las mujeres.

Un debate que levanta ampollas

Los contactos entre bambalinas se han sucedido con intensidad después de que el grupo de la Izquierda Europea anunciara su intención de presentar esta propuesta, que ha ajustado ligeramente para ganarse el apoyo de los socialistas. El PP y los liberales, grupo al que pertenecen Ciudadanos y PDeCAT, querían discutirlo y apoyarlo solo si el debate se centraba en “la necesidad de armonizar las leyes de los estados miembros respecto a crímenes en contra de la libertad sexual”.

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Dicho de otro modo: se trataba de evitar que el debate pusiera el foco en España, en un momento que no podía ser menos oportuno para nuestro país, donde aún escuece la decisión de la audiencia de la región alemana de Schleswig-Holstein de descartar el delito de rebelión en el proceso de extradición de Carles Puigdemont. La sensación es que este caso está dando pie a que vuelva a cuestionarse el sistema judicial español, ya bajo fuego por las decisiones sobre el 'procés'.

“Compartimos la indignación”, ha señalado Estarás, quien no obstante ha dicho que el debate no debe centrarse en cuestionar la actuación de los jueces. “Haríamos un flaco favor a la confianza que nuestro sistema de justicia requiere de los ciudadanos”, ha dicho.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados, pero esto no significa que demos pasto a iniciativas con claro tinte sectario o partidista. Los liberales hemos convencido al PP de que era conveniente hablar de la falta de aplicación del Convenio de Estambul, pero no hablamos de España, hablamos de 22 países europeos que aún no lo aplican”, ha explicado Beatriz Becerra —independiente, ex UPYD— a El Confidencial.

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El Convenio de Estambul sobre la violencia contra las mujeres, que tanto la UE como España y otros estados miembros han firmado, pero que está pendiente de ratificación, define la violación como cualquier caso de sexo sin consentimiento. Sin embargo, tan solo seis países europeos han adoptado esta definición de violación. España no se encuentra entre ellos, aunque el Gobierno ha anunciado que estudiará una revisión del Código Penal.

Los representantes de Ciudadanos no se encontraban en el pleno en ese momento, aunque fuentes de la formación naranja indican a El Confidencial que hubieran respaldado el debate tal y como ha sido aprobado, aunque hubieran preferido que no se hubiese centrado en España.